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Si todo sale como está previsto, mañana, entre las 2 y las 5 de la tarde, alrededor de mil personas de la provincia de Sumapaz llegarán a la Plaza de Bolívar, luego de hacer una correría por la Corporación Autónoma de Cundinamarca, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Su propósito es uno solo: entregarle al presidente Juan Manuel Santos un derecho de petición firmado por 25.000 habitantes, en el que le solicitan la anulación de siete contratos de exploración y explotación que hay en algunos municipios de la región.
Bajo el lema “Caravana en defensa del agua y el territorio de la región de Sumapaz”, los pobladores, que partirán de Fusagasugá a las 5:30 a.m., quieren exigirles a las autoridades dos derechos que consideran esenciales: el de un ambiente sano y el de la alimentación.
“Estamos preocupados porque se está poniendo en riesgo el agua, nuestra mayor riqueza. Y eso afecta a una zona en donde se produce el 13% de los alimentos que consume Bogotá”, asegura Cristian Cruz, uno de los líderes de esta campaña que comenzó hace ocho meses. Desde entonces se han llevado a cabo ocho foros regionales, dos movilizaciones masivas y más de 30 reuniones en barrios y veredas.
Según datos suministrados por Cruz, actualmente hay dos proyectos de hidrocarburos en curso (el COR-04 y el VMM-29), una licencia de explotación de arena silícea, tres contratos para extraer materiales de construcción y uno para extraer carbón. Silvania, Fusa, Sibaté, Pasca, Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Anapoima, Anolaima y La Mesa son algunos de los municipios en donde están ubicados algunos de los programas.
De acuerdo con Cruz, pese a que se han hecho reuniones con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aún no se ha logrado un acuerdo.
“Y por no haber podido concluir una negociación es que municipios como San Bernardo, donde empezaron a hacer sísmica, han tenido que oponer resistencia. En este caso, los habitantes tuvieron que pinchar los camiones de la empresa para impedir que continuaran las perforaciones”, dice.
Este diario contactó a la ANLA y la ANM para conocer sus posiciones, pero debido a los cambios en cada uno de los gabinetes fue imposible comunicarse con un vocero.
Por Redacción Vivir
