Trochas en el Caquetá, una vía libre hacia la deforestación

En el sur del departamento del Caquetá, entre los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, se abrieron recientemente cerca de 72 kilómetros de trochas en medio de la Reserva Forestal de la Amazonia. Cientos de árboles fueron talados a lado y lado de los caminos recubiertos de arena y tierra que desde hace años componen lo que ya es un escenario común en la selva. De los accesos ilegales que fragmentan el monte por lo general no se llega a conocer ni al dueño ni el objetivo. Pero sus consecuencias sí son parte de uno de los principales elementos que amenazan la vida del bosque tropical más grande del planeta: la deforestación.

Esas vías que recorren ocho veredas caqueteñas fueron inhabilitadas en octubre pasado por la autoridad ambiental de la región, Corpoamazonia. Este cierre de accesos ilegales es apenas el primero de la entidad en lo corrido de 2020. Un año en el que también se vio un aumento del 82,8 % en la deforestación de la Amazonia solo entre enero y marzo de 2020, con respecto al mismo período del año pasado. Y Caquetá, coincidencialmente, encabezó la lista de lugares más afectados con cerca de 25.876 hectáreas taladas entre enero y abril, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Lo cierto es que en medio de los diferentes problemas que hoy ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas de la región, la infraestructura vial es uno de los factores directamente relacionados con la tala de árboles. Según el Ideam, en un informe presentado en 2018, el 43 % de la pérdida de bosque en la Amazonia se ubicó a menos de un kilómetro de una carretera. Y es que no es un tema menor, pues pasar una maquinaria pesada sobre un terreno genera daños en la conectividad ecológica, altera el hábitat de fauna silvestre, tala árboles, afecta cuerpos de agua y cambia el uso del suelo causando problemas de erosión.

Para Corpoamazonia, la autoridad ambiental que inhabilita estos accesos ilegales, el daño de estas estructuras viales puede llegar a ser irremediable. “La construcción de carreteras ilegales en un área ambientalmente sensible como la Amazonia significa la puerta de entrada para la transformación radical e irreversible del paisaje y del uso del suelo, es decir, es una actividad seriamente impactante y que tiene consecuencias nefastas no solo para los ecosistemas locales, sino que también tiene implicaciones planetarias graves”, dijo a El Espectador la Subdirección General de Administración Ambiental de la entidad. (Acá: Construyen carretera ilegal en la Amazonia )

Aunque los problemas de conectividad de una selva que supera los 470.000 kilómetros cuadrados podrían ser fácilmente identificados como la razón principal por la cual se crean accesos ilegales, la realidad de esta región es mucho más compleja de lo que parece. Rodrigo Botero, director de la FCDS, que este año detectó más de 280 kilómetros de vías abiertas irregularmente, identificó tres causas principales. “La Amazonia tiene un proceso de colonización desordenada y cuando flujos de población llegan a ciertas zonas, donde no hay navegación fluvial, la gente lo hace vía terrestre. Otro tema es el fenómeno de economías ilegales que posibilitan el tránsito de las personas. Y el tercer escenario es el de grupos grandes de apropiación de tierras que utilizan las vías para acceder a nuevos territorios”, señaló.

De acuerdo con Botero, una de las formas más sencillas y recurrentes para apropiarse de áreas deforestadas es la ganadería que casualmente es una de las principales actividades económicas del Caquetá, donde se inhabilitaron las vías en octubre. Y, de hecho, los dos municipios donde se encontraron los accesos ilegales son los que más ganado reportan: San Vicente del Caguán, con cerca de 1,1 millones de vacas, y Cartagena del Chairá, con 349 mil. En términos generales, el departamento amazónico concentra el 7,9 % de todo el ganado bovino del país, siendo el segundo lugar más representativo de Colombia, luego de Antioquia, según cifras del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (Lea: ¿Comer menos carne para evitar una crisis ambiental? Esto dice la ciencia)

Para César Rey, consultor forestal y exdirector de Bosques del Ministerio de Ambiente, la ganadería es el principal vehículo que lleva a la deforestación. “La actividad que se desarrolla en áreas deforestadas es la ganadería. Mientras se deforestaron 300 mil hectáreas en los últimos años, llegaron 600 mil nuevas reses. Eso es algo que no preguntamos mucho y que es importante: ¿cuántas nuevas reses hay en esa región?”, dijo. Y es justamente esta pregunta, según el experto, la que lleva a la siguiente incógnita de una red de delitos ambientales: ¿Quién hace el control local?

Por su parte, Corpoamazonia identificó una relación entre las carreteras inhabilitadas en las últimas semanas y terrenos de ganadería extensiva. “En el área del municipio de San Vicente del Caguán, en donde se encontraron carreteras ilegales, está uno de los frentes de colonización más recientes y que se asocia a la apertura de polígonos considerables de deforestación que suelen corresponder al establecimiento de fincas para uso ganadero, de hecho, todas las carreteras sobre las que se ordenó su cierre se encuentran en uno de los principales núcleos de deforestación del departamento del Caquetá”, dijo la Subdirección General de Administración Ambiental.

Pero, ¿qué significa inhabilitar una carretera?, y, ¿cómo hacer control ambiental en una región tan grande? Corpoamazonia sigue haciendo seguimiento al caso que pasó a instancias judiciales y de la Fuerza Pública. Sin embargo, frente a la pregunta de por qué no se han realizado más cierres de carreteras en la región, la autoridad ambiental dejó otra idea sobre la mesa: falta reforzar el personal que se ocupe de estos temas. “Es importante resaltar que la jurisdicción de Corpoamazonia cubre los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas con una extensión de 22’516.443 hectáreas, factor determinante para el análisis de toda el área, más aún cuando esta corporación solo cuenta con 62 funcionarios que incluyen los técnicos y los administrativos”, explicó la entidad.

Una de las estrategias que las autoridades han utilizado para hacer control de estas vías inhabilitadas es impedir el acceso. “Se identifican sitios estratégicos como puentes o pasos peatonales, que dan acceso a esos lugares, y se desmontan. Es una situación muy compleja, porque no solo hay que evitar que se utilice la carretera, sino que haya una recuperación de la condición inicial que tenía el territorio”, indicó Mario Orlando López Castro, asesor de gestión ambiental de infraestructura de transporte en el Ministerio de Ambiente.

Las carreteras ilegales podrían entenderse perfectamente como una metáfora de la ampliación, bajo la mesa, de las fronteras agropecuarias del país. Fronteras que justamente están delimitadas para cuidar la conservación ambiental de lugares como la Amazonia. “Las carreteras son muy importantes porque muestran todo un circuito de transición económica de deforestación, desde su máxima ilegalidad, que es lo que más se ataca, pero que rápidamente se empieza a plantar en un mismo eje vial hacia infraestructura agroindustrial”, concluyó Rodrigo Botero, de la FCDS. (Acá: Las vías “ambientales” que comenzarán en Guaviare)

Lo único claro por ahora es que esta es una realidad que gracias a los sistemas satelitales de monitorio no puede seguir pasando inadvertida. “Antes uno decía que la Amazonia quedaba por allá escondida y nadie sabía qué pasaba, pero desde 2016 tenemos un Ideam que puede repasar el país satelitalmente cada semana. Hoy no podría ningún ministro o gobernado decir que no está enterado y menos cuando todas las entidades públicas tienen la orden de detener la deforestación”, finalizó César Rey.

* Este artículo es publicado en alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

En el sur del departamento del Caquetá, entre los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, se abrieron recientemente cerca de 72 kilómetros de trochas en medio de la Reserva Forestal de la Amazonia. Cientos de árboles fueron talados a lado y lado de los caminos recubiertos de arena y tierra que desde hace años componen lo que ya es un escenario común en la selva. De los accesos ilegales que fragmentan el monte por lo general no se llega a conocer ni al dueño ni el objetivo. Pero sus consecuencias sí son parte de uno de los principales elementos que amenazan la vida del bosque tropical más grande del planeta: la deforestación.

Esas vías que recorren ocho veredas caqueteñas fueron inhabilitadas en octubre pasado por la autoridad ambiental de la región, Corpoamazonia. Este cierre de accesos ilegales es apenas el primero de la entidad en lo corrido de 2020. Un año en el que también se vio un aumento del 82,8 % en la deforestación de la Amazonia solo entre enero y marzo de 2020, con respecto al mismo período del año pasado. Y Caquetá, coincidencialmente, encabezó la lista de lugares más afectados con cerca de 25.876 hectáreas taladas entre enero y abril, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Lo cierto es que en medio de los diferentes problemas que hoy ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas de la región, la infraestructura vial es uno de los factores directamente relacionados con la tala de árboles. Según el Ideam, en un informe presentado en 2018, el 43 % de la pérdida de bosque en la Amazonia se ubicó a menos de un kilómetro de una carretera. Y es que no es un tema menor, pues pasar una maquinaria pesada sobre un terreno genera daños en la conectividad ecológica, altera el hábitat de fauna silvestre, tala árboles, afecta cuerpos de agua y cambia el uso del suelo causando problemas de erosión.

Para Corpoamazonia, la autoridad ambiental que inhabilita estos accesos ilegales, el daño de estas estructuras viales puede llegar a ser irremediable. “La construcción de carreteras ilegales en un área ambientalmente sensible como la Amazonia significa la puerta de entrada para la transformación radical e irreversible del paisaje y del uso del suelo, es decir, es una actividad seriamente impactante y que tiene consecuencias nefastas no solo para los ecosistemas locales, sino que también tiene implicaciones planetarias graves”, dijo a El Espectador la Subdirección General de Administración Ambiental de la entidad. (Acá: Construyen carretera ilegal en la Amazonia )

Aunque los problemas de conectividad de una selva que supera los 470.000 kilómetros cuadrados podrían ser fácilmente identificados como la razón principal por la cual se crean accesos ilegales, la realidad de esta región es mucho más compleja de lo que parece. Rodrigo Botero, director de la FCDS, que este año detectó más de 280 kilómetros de vías abiertas irregularmente, identificó tres causas principales. “La Amazonia tiene un proceso de colonización desordenada y cuando flujos de población llegan a ciertas zonas, donde no hay navegación fluvial, la gente lo hace vía terrestre. Otro tema es el fenómeno de economías ilegales que posibilitan el tránsito de las personas. Y el tercer escenario es el de grupos grandes de apropiación de tierras que utilizan las vías para acceder a nuevos territorios”, señaló.

De acuerdo con Botero, una de las formas más sencillas y recurrentes para apropiarse de áreas deforestadas es la ganadería que casualmente es una de las principales actividades económicas del Caquetá, donde se inhabilitaron las vías en octubre. Y, de hecho, los dos municipios donde se encontraron los accesos ilegales son los que más ganado reportan: San Vicente del Caguán, con cerca de 1,1 millones de vacas, y Cartagena del Chairá, con 349 mil. En términos generales, el departamento amazónico concentra el 7,9 % de todo el ganado bovino del país, siendo el segundo lugar más representativo de Colombia, luego de Antioquia, según cifras del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (Lea: ¿Comer menos carne para evitar una crisis ambiental? Esto dice la ciencia)

Para César Rey, consultor forestal y exdirector de Bosques del Ministerio de Ambiente, la ganadería es el principal vehículo que lleva a la deforestación. “La actividad que se desarrolla en áreas deforestadas es la ganadería. Mientras se deforestaron 300 mil hectáreas en los últimos años, llegaron 600 mil nuevas reses. Eso es algo que no preguntamos mucho y que es importante: ¿cuántas nuevas reses hay en esa región?”, dijo. Y es justamente esta pregunta, según el experto, la que lleva a la siguiente incógnita de una red de delitos ambientales: ¿Quién hace el control local?

Por su parte, Corpoamazonia identificó una relación entre las carreteras inhabilitadas en las últimas semanas y terrenos de ganadería extensiva. “En el área del municipio de San Vicente del Caguán, en donde se encontraron carreteras ilegales, está uno de los frentes de colonización más recientes y que se asocia a la apertura de polígonos considerables de deforestación que suelen corresponder al establecimiento de fincas para uso ganadero, de hecho, todas las carreteras sobre las que se ordenó su cierre se encuentran en uno de los principales núcleos de deforestación del departamento del Caquetá”, dijo la Subdirección General de Administración Ambiental.

Pero, ¿qué significa inhabilitar una carretera?, y, ¿cómo hacer control ambiental en una región tan grande? Corpoamazonia sigue haciendo seguimiento al caso que pasó a instancias judiciales y de la Fuerza Pública. Sin embargo, frente a la pregunta de por qué no se han realizado más cierres de carreteras en la región, la autoridad ambiental dejó otra idea sobre la mesa: falta reforzar el personal que se ocupe de estos temas. “Es importante resaltar que la jurisdicción de Corpoamazonia cubre los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas con una extensión de 22’516.443 hectáreas, factor determinante para el análisis de toda el área, más aún cuando esta corporación solo cuenta con 62 funcionarios que incluyen los técnicos y los administrativos”, explicó la entidad.

Una de las estrategias que las autoridades han utilizado para hacer control de estas vías inhabilitadas es impedir el acceso. “Se identifican sitios estratégicos como puentes o pasos peatonales, que dan acceso a esos lugares, y se desmontan. Es una situación muy compleja, porque no solo hay que evitar que se utilice la carretera, sino que haya una recuperación de la condición inicial que tenía el territorio”, indicó Mario Orlando López Castro, asesor de gestión ambiental de infraestructura de transporte en el Ministerio de Ambiente.

Las carreteras ilegales podrían entenderse perfectamente como una metáfora de la ampliación, bajo la mesa, de las fronteras agropecuarias del país. Fronteras que justamente están delimitadas para cuidar la conservación ambiental de lugares como la Amazonia. “Las carreteras son muy importantes porque muestran todo un circuito de transición económica de deforestación, desde su máxima ilegalidad, que es lo que más se ataca, pero que rápidamente se empieza a plantar en un mismo eje vial hacia infraestructura agroindustrial”, concluyó Rodrigo Botero, de la FCDS. (Acá: Las vías “ambientales” que comenzarán en Guaviare)

Lo único claro por ahora es que esta es una realidad que gracias a los sistemas satelitales de monitorio no puede seguir pasando inadvertida. “Antes uno decía que la Amazonia quedaba por allá escondida y nadie sabía qué pasaba, pero desde 2016 tenemos un Ideam que puede repasar el país satelitalmente cada semana. Hoy no podría ningún ministro o gobernado decir que no está enterado y menos cuando todas las entidades públicas tienen la orden de detener la deforestación”, finalizó César Rey.

* Este artículo es publicado en alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.