Un libro sagrado en línea, la última apuesta del sector forestal

Los bosques son un bien común. Por eso, las empresas que trabajan plantando árboles, extrayendo sus maderas, transformándola ya sea en tablones o en puertas y aquellos que compran y venden estos recursos forestales están concentrados en legalizar cada vez más el negocio. Esta vez a través de un libro de operaciones para defender su mercado y blindarlo del tráfico ilegal, que se lleva anualmente el 47 % de las ventas nacionales de madera en el país según el Ministerio de Ambiente.  (Lea: Así funciona el tráfico de madera en Colombia) 

Esta es una apuesta por la trazabilidad de la madera nacional. En palabras sencillas: un registro detallado de todas las operaciones que hagan las empresas forestales. Una especie de soporte legal en el que se consigne, en línea, desde el volumen, peso o cantidad de la madera que se mueve, su lugar de procedencia y el nombre científico y convencional de la especie.

Donde, además, las empresas registren el número del Salvoconducto Único Nacional (SUNL) propio o de los proveedores que transportan sus mercancías forestales, la fecha en que fueron expedidos y la autoridad ambiental que los autorizó. Esos datos, que serán de acceso libre, serán una herramienta para controlar a aquellos que no están siguiendo las reglas. 

El único problema es que organizar a toda una industria no es asunto fácil. Porque crear un Libro de Operaciones Forestales en Línea (LOFL) significa crear un lenguaje común para comerciantes, empresarios y productores forestales, ubicados en distintas regiones del país, quienes manejan sus propios códigos dentro del oficio. Y no solo ellos, sino también las 34 autoridades ambientales regionales del país, bajo el mando del ministerio. 

Por eso, el jueves 13 de diciembre se reunieron en Bogotá representantes del gremio, delegados de la cartera ambiental y de otras entidades regionales con un objetivo claro: la construcción del LOFL, previsto para mediados del próximo año. El encuentro sirvió para refrescar algunos asuntos que deben actualizarse dentro del mercado, como la actualización de algunas normas a cargo del ministerio y el tema del marcaje de la madera, usado de manera distinta en las regiones.

Asimismo, se pusieron otros temas cruciales sobre la mesa. La necesidad de que la plataforma que se cree cuente con un manual para los usuarios, la opción de que exista un inventario dentro del libro para registrar las especies comercializadas y un reporte de los residuos que producen empresarios, comerciantes y productores.

Estos requerimientos, anotados por la cartera, serán de gran utilidad para las autoridades ambientales, quienes abogaron durante el evento por una coordinación entre entidades. Esta herramienta, que se piensa de manera dinámica, está concebida para acabar con el tráfico ilegal de madera y garantizar la trazabilidad en toda la cadena del negocio. Una tarea nada sencilla que está siendo encabezada por el ministerio, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea a través del plan de acción FLEGT, por la lucha contra la tala ilegal. 

Los bosques son un bien común. Por eso, las empresas que trabajan plantando árboles, extrayendo sus maderas, transformándola ya sea en tablones o en puertas y aquellos que compran y venden estos recursos forestales están concentrados en legalizar cada vez más el negocio. Esta vez a través de un libro de operaciones para defender su mercado y blindarlo del tráfico ilegal, que se lleva anualmente el 47 % de las ventas nacionales de madera en el país según el Ministerio de Ambiente.  (Lea: Así funciona el tráfico de madera en Colombia) 

Esta es una apuesta por la trazabilidad de la madera nacional. En palabras sencillas: un registro detallado de todas las operaciones que hagan las empresas forestales. Una especie de soporte legal en el que se consigne, en línea, desde el volumen, peso o cantidad de la madera que se mueve, su lugar de procedencia y el nombre científico y convencional de la especie.

Donde, además, las empresas registren el número del Salvoconducto Único Nacional (SUNL) propio o de los proveedores que transportan sus mercancías forestales, la fecha en que fueron expedidos y la autoridad ambiental que los autorizó. Esos datos, que serán de acceso libre, serán una herramienta para controlar a aquellos que no están siguiendo las reglas. 

El único problema es que organizar a toda una industria no es asunto fácil. Porque crear un Libro de Operaciones Forestales en Línea (LOFL) significa crear un lenguaje común para comerciantes, empresarios y productores forestales, ubicados en distintas regiones del país, quienes manejan sus propios códigos dentro del oficio. Y no solo ellos, sino también las 34 autoridades ambientales regionales del país, bajo el mando del ministerio. 

Por eso, el jueves 13 de diciembre se reunieron en Bogotá representantes del gremio, delegados de la cartera ambiental y de otras entidades regionales con un objetivo claro: la construcción del LOFL, previsto para mediados del próximo año. El encuentro sirvió para refrescar algunos asuntos que deben actualizarse dentro del mercado, como la actualización de algunas normas a cargo del ministerio y el tema del marcaje de la madera, usado de manera distinta en las regiones.

Asimismo, se pusieron otros temas cruciales sobre la mesa. La necesidad de que la plataforma que se cree cuente con un manual para los usuarios, la opción de que exista un inventario dentro del libro para registrar las especies comercializadas y un reporte de los residuos que producen empresarios, comerciantes y productores.

Estos requerimientos, anotados por la cartera, serán de gran utilidad para las autoridades ambientales, quienes abogaron durante el evento por una coordinación entre entidades. Esta herramienta, que se piensa de manera dinámica, está concebida para acabar con el tráfico ilegal de madera y garantizar la trazabilidad en toda la cadena del negocio. Una tarea nada sencilla que está siendo encabezada por el ministerio, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea a través del plan de acción FLEGT, por la lucha contra la tala ilegal.