¿Extender la Ley de Justicia y Paz?

Una petición que llega a última hora y que difícilmente será atendida por el Legislativo. Con seguridad que este será otro de los dilemas que tendrá que afrontar el próximo presidente. Y está bien que así lo sea, no tiene ninguna presentación que a un tema tan complicado —y polémico— se le quiera imprimir un mensaje de urgencia.

La iniciativa, impulsada por la oficina del Alto Comisionado de Paz, la Unidad de Justicia y Paz y el Ministerio de Defensa, tiene por objetivo permitir que personas que se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005 tengan acceso a los mismos beneficios de quienes sí se acogieron a tiempo a la Ley de Justicia y Paz. La única restricción que propone el Gobierno es que se exija que los delitos que serán juzgados hayan sido cometidos antes de la desmovilización del grupo al que pertenece la persona implicada.

De no ser aprobada la modificación de la ley, la Comisión Nacional de Reparación alerta frente a tres grandes problemas. Cerca de 25 mil paramilitares que se desmovilizaron durante el proceso de paz quedarían en el limbo jurídico. Igual ocurriría con los miembros de las Farc que desertaron para acceder a penas menores que las que les pueden imponer. Y las víctimas de unos y otros se verían afectadas al no tener derecho a exigir la verdad y la reparación económica, colectiva y simbólica que sí otorga la Ley de Justicia y Paz.

Ante estas observaciones no es del todo sencillo oponerse al proyecto de ley. Cualquiera que crea en la paz y la reconciliación nacional sabe que la sociedad colombiana tiene todavía muchos esfuerzos por hacer en materia de justicia transicional. Pero este no es motivo suficiente para continuar con el sesgo hacia los victimarios que desde el principio tuvo el proceso de paz con los paramilitares. Nada asegura que después de incorporar a los desmovilizados en el andamiaje jurídico disponible, las muchas críticas que el proceso ha recibido sean solucionadas. Por el contrario, puede haber mayores inconvenientes.

Pretender que los beneficios de los victimarios en realidad favorecen a las víctimas, como deliberadamente lo sugiere la Comisión Nacional de Reparación, es omitir, estratégicamente, la oposición del Gobierno a la ley de víctimas, que se hundió en el Congreso por presuntas razones de inconveniencia financiera. Nadie olvida, sin embargo, que desde el Gobierno se insistió en la reparación por solidaridad, que no por responsabilidad, y que hubo una evidente obstrucción a la posibilidad de que fuesen consideradas las víctimas de crímenes de Estado.

Por lo demás, tan pronto se discutió el desarme y cese de hostilidades con los paramilitares, en diciembre de 2002, quedó claro que la fecha de entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz tenía por propósito presionar a quienes estaban en la ilegalidad. No está claro, entonces, por qué habría de premiarse a los que optaron por seguir delinquiendo. O a quienes se rearmaron un tiempo después. No ha habido, además, un balance positivo de las promesas que venían con la Ley de Justicia y Paz. La reparación no ha sido suficiente, como no lo han sido las confesiones de los jefes paramilitares. Esta es la hora en que no se ha emitido la primera sentencia sin que la Corte Suprema entre en desacuerdo. Agregar, pues, una especie de parche a una ley sobre la que penden tantas reservas es bastante inapropiado. Y crea suspicacias frente los verdaderos propósitos del Gobierno.