El procurador Judicial, Henry Bustos, solicitó a la Juez 52 Penal con Funciones de Control de Garantías que se abstenga de aceptar la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en contra del ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren y su ex subdirector Operativo Eduardo Daza, como presuntos responsables de los seguimiento irregulares contra magistrados y líderes opositores que se fraguaron desde algunos organismos de inteligencia bajo la tutela del Gobierno.
Para el representante del Ministerio Público, no se trata de personas que puedan representar un peligro para la sociedad y, aunque no objetó los cargos presentados en la acusación, llamó la atención al Fiscal del caso por no haber solicitado la captura de los indiciados, en tanto que consideraba que ostentaban poderes altamente lesivos para las supuestas víctimas.
Los ex funcionarios fueron acusados el pasado miércoles, 26 de mayo, por los cargos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad, luego de que el fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, los sidicara de haber establecido una empresa criminal en conjunto con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para perseguir y desprestigiar a integrantes de las altas cortes y a algunos congresistas.
Para el representante del ente acusador, es claro que el haber iniciado esta persecución buscaba, como diera lugar, que los magistrados de la Corte Suprema fueran vinculados con actividades ilícitas, pues fueron blanco de investigaciones que no contaban con sustento probatorio y que estuvieron sustentadas incluso en información de prensa sin ninguna validez jurídica.
Según los datos obtenidos por el Fiscal del caso, fue la Presidencia la que impartió las órdenes para filtrar a algunos periodistas la información obtenida en los seguimientos, pese a su escaso valor probatorio; de ahí los artículos de prensa en los que se dio cuenta del supuesto vínculo existente entre el ex presidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez y el presunto narcotraficante Ascencio Reyes.
"Es la campaña de desprestigio del DAS en contra de los magistrados. Para ello se sirvieron de los medios de comunicación y esto no es una deducción de la Fiscalía; sobre esto da clara cuenta el director de Goni: ‘es mi deseo confesarle al despacho que mucha de esta información fue dada a conocer a los medios de comunicación por orden de Presidencia, según me lo manifestaba el capitán Lagos'", dijo Misael Rodríguez en el curso de a audiencia de imputación de cargos contra los ex funcionarios.
Aún cuando ninguno de los investigados tenia reportes de operaciones financieras sospechosas, la Uiaf habría dado cuenta de la supuesta cercanía entre el Magistrado Ramírez y Reyes, que se habría puesto de manifiesto luego del traslado de los integrantes de la Corte a Neiva, Huila en 2007, donde el entonces Presidente de la Corporación fue objeto de un homenaje, supuestamente patrocinado por la mafia.
Estas sindicaciones le valieron al integrante de la Sala Penal la apertura de un proceso ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes del que fue absuelto recientemente, ante la carencia de evidencias que sustentasen el supuesto vínculo criminal.
Mario Aranguren y Eduardo Daza habrían sido citados a una reunión en la Casa de Nariño, en la que también participaron los altos mandos del DAS y funcionarios de la Presidencia de la República, para acordar lo que la Fiscalía señala como un "concierto" para desprestigiar a los magistrados y senadores como Piedad Córdoba y Gustavo Petro.
Se dice que fueron más de 900 grabaciones las que fueron obtenidas irregularmente por estos organismos gubernamentales, entre otras cosas, gracias a la infiltración ilegal que fue promovida en el interior de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente en el curso de la pasada audiencia el Fiscal Rodríguez puso en conocimiento de la Juez uno de esos registros de audio, en los que aparecen las voces de los integrantes de la Colegiatura.