La extradición y los procesos de Justicia y Paz

“¡MINE, MINE! PÓNGASE Y MINE TODOS esos caminos. Minen, que la demora es que caiga el primer soldado y eso ahí mismo se paran”.

Con estas palabras, el jefe paramilitar Édward Cobos Téllez, conocido como Diego Vecino, le indica a uno de sus hombres cómo repeler un ataque del Ejército en Sucre. Corría el año de 2005. Recluido en Santa Fe de Ralito, Vecino efectuaba llamadas como la anterior y se rumoraba que las negociaciones con los paramilitares corrían un serio peligro. De lado y lado de la mesa se lanzaban ultimátums. Pero nunca hubo una ruptura. Por el contrario, Diego Vecino se acogió a la Ley de Justicia y Paz. Desde entonces goza de todas las prerrogativas que le fueron brindadas a cambio de los testimonios que ha debido dar como responsable, por años, de los crímenes perpetrados por el bloque Montes de María.

Se dice que el temido grupo paramilitar protagonizó 62 masacres en Bolívar y Sucre y ocasionó el desplazamiento de 20 mil personas. A Diego Vecino le fueron imputados cargos por las masacres de Mampuján y Las Brisas, ocurridas en marzo de 2000. Tendrá que responder por 11 homicidios, el desplazamiento forzado de 633 personas y siete secuestros. Suficientes crímenes, algunos de lesa humanidad, como para validar la decisión de la Corte Suprema de Justicia esta semana de rechazar su pedido de extradición.

La sentencia es sin duda polémica, toda vez que el recurso de la extradición sigue siendo un instrumento válido de cooperación judicial con otros países. Pero de un tiempo para acá la situación es otra. Nunca quedó realmente claro si las extradiciones de 18 jefes paramilitares que seguían delinquiendo desde las cárceles colombianas se hacían por motivos de pragmatismo y colaboración jurídica. O si, como se intuía, las verdades que éstos tenían en su poder eran incómodas y comprometían a sectores cercanos al Gobierno. Como fuere, las razones que en ese entonces se esgrimían para justificar la importancia de las extradiciones han perdido validez con el resurgir de bandas armadas que lo que demuestran, cualquiera sea el apelativo con que se las denomine, es que la violencia y el crimen campean con o sin la presencia de los extraditados.

No parece, pues, que la decisión de la Corte Suprema de Justicia vaya en la dirección incorrecta. A Diego Vecino la justicia estadounidense lo acusa de haber participado en una organización de tráfico de narcóticos, entre 2002 y 2007, que operaba en numerosos países y despachaba cocaína hacia los Estados Unidos. Ciertamente un crimen, pero de ninguna manera comparable con la gravedad de los delitos cometidos en el territorio nacional. De acá que la Corte Suprema argumente que permitir la extradición de  Vecino vulneraría el espíritu de la Ley de Justicia y Paz, desconocería los derechos de las víctimas y acarrearía traumas en el funcionamiento de la administración de justicia local.

Por lo demás, que sea esta una nueva oportunidad para cuestionar la colaboración de las autoridades estadounidenses con los procesos de justicia y paz que se siguen desde acá. Con mucho bombo anunció el Gobierno la buena disposición de la justicia estadounidense, así como su claro interés en fomentar y permitir espacios para la realización de versiones libres. Pero nada de esto se cumplió y hoy por hoy algunos expertos dan por hecho que el sistema fracasó.

En síntesis, los paramilitares no disponen de ningún incentivo para apoyar a las víctimas en la reconstrucción de su pasado doloroso. Los familiares no tienen acceso al paradero definitivo de sus seres queridos ni a la identidad de quienes ordenaron, ejecutaron o colaboraron con los crímenes. Tampoco pueden acceder a información que permita la recuperación de la tierra y demás bienes materiales que les fueron usurpados.

Mucho menos informarán los paramilitares, como es obvio, de posible participación en violaciones de derechos humanos o darán detalles de sus conexiones con políticos, personal militar y empresarios colombianos.

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Editorial

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