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La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) encendió las alertas tras el anuncio del Gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia, una medida que empezaría a regir desde el 1 de febrero de 2026. Según la agremiación, esta decisión no solo afecta el comercio entre ambos países, sino que golpea de forma directa a toda la cadena de vehículos, motocicletas, partes y repuestos, un sector clave para la movilidad y la economía regional.
Entre los productos más expuestos a este ajuste arancelario están los vehículos y las autopartes, esenciales para el mercado posventa y para el funcionamiento de centros de servicio. Para Asopartes, un incremento de esta magnitud implica mayores costos de ingreso al mercado ecuatoriano, lo que inevitablemente termina reflejándose en precios más altos para el consumidor final. A esto se suma la posible dificultad para conseguir referencias, sobre todo aquellas de alta rotación que sostienen el ritmo del mercado de repuestos.
La preocupación de la asociación va más allá del impacto en los precios. Asopartes advierte que medidas de este tipo pueden abrir la puerta a efectos colaterales poco deseables. Cuando el comercio formal se encarece y el abastecimiento regular se vuelve más complejo, los canales informales e ilegales tienden a ganar terreno. Esto no solo distorsiona la competencia, sino que pone en riesgo la trazabilidad de los repuestos y, en última instancia, la seguridad vial de quienes circulan a diario.
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Para Colombia, el sector de autopartes es un componente relevante de la economía productiva y exportadora. Según cifras del Radar de las Autopartes de Asopartes – CVN, con corte a noviembre de 2025 y con base en datos oficiales del DANE, las exportaciones colombianas de autopartes alcanzaron los USD 222,74 millones FOB.
En ese escenario, cambios bruscos en las condiciones de acceso a países vecinos no pasan desapercibidos. Para la asociación, este tipo de decisiones afecta directamente la planeación comercial de fabricantes, exportadores, distribuidores y prestadores de servicios técnicos, y termina teniendo consecuencias concretas sobre la inversión y el empleo formal, tanto en Colombia como en Ecuador.
Fiel a su enfoque institucional y propositivo, Asopartes hizo un llamado a los gobiernos de ambos países para que, a través de los canales técnicos y diplomáticos correspondientes, se abran espacios de diálogo que permitan revisar el alcance de la medida y su coherencia con los compromisos comerciales vigentes. Para el gremio, resulta importante avanzar hacia soluciones concertadas que cuiden los mercados binacionales, protejan el empleo formal y aseguren un abastecimiento legal y estable para los consumidores.
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