Respetar los límites de velocidad es una de las claves para evitar siniestros viales en las ciudades del país. De hecho, buena parte de las infracciones y accidentes están directamente relacionados con el exceso de velocidad, una conducta que sigue siendo más común de lo que debería.
Ante este panorama, desde la Secretaría de Movilidad se insiste en algo básico pero determinante, conocer y cumplir los límites establecidos en el Código Nacional de Tránsito.
Una norma que cambió para salvar vidas
Con la entrada en vigencia de la Ley 2251 de 2022, conocida como la ‘Ley Julián Esteban’, el país ajustó los topes máximos de velocidad.
Detrás de esta decisión hay estudios técnicos que evidencian una relación directa entre la velocidad y la gravedad de un siniestro. A mayor velocidad, mayor es la probabilidad de lesiones fatales, especialmente en peatones, ciclistas y otros actores viales vulnerables.
La norma, en esencia, busca que conducir más despacio en zonas críticas marque la diferencia entre un susto y una tragedia.
Uno de los cambios más importantes está en las llamadas zonas especiales.
En sectores residenciales, zonas escolares, áreas cercanas a hospitales y en intersecciones, la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. Se trata de espacios donde la presencia de peatones es constante, muchas veces impredecible, por lo que reducir la velocidad es una obligación.
Así quedan los límites en ciudad
Más allá de estas zonas específicas, la norma también define otros topes según el tipo de vía:
- En vías urbanas y carreteras municipales, el límite máximo es de 50 km/h.
- En carriles exclusivos para transporte público masivo, como TransMilenio en Bogotá, se permite hasta 60 km/h.
- Para vehículos de movilidad personal, como patinetas y bicicletas eléctricas o a gasolina, el tope es de 40 km/h.
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Exceder la velocidad también golpea el bolsillo
No respetar estos límites no solo pone en riesgo la vida, también tiene consecuencias económicas.
Para 2026, con una Unidad de Valor Básico (UVB) fijada en $12.110, la infracción C05 —que corresponde a no reducir la velocidad a 30 km/h en zonas de alta concentración de personas o residenciales— puede costar alrededor de COP 633.200.