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El Gobierno nacional puso la lupa sobre las condiciones laborales de quienes mueven gran parte de la carga por las carreteras del país. A través de una circular conjunta, los ministerios de Transporte y de Trabajo fijaron reglas claras sobre el pago de horas extras, las jornadas laborales y las responsabilidades que deben asumir las empresas de transporte, los propietarios de los vehículos y quienes contratan estos servicios.
La medida busca cerrar vacíos en la relación laboral dentro del transporte de carga y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente. En ese marco, se recuerda que los conductores vinculados al servicio público de carga tienen derecho, como mínimo, a un salario que remunere su jornada, al pago de horas extras y recargos cuando trabajen en horario nocturno, dominical o festivo, así como al reconocimiento de sus prestaciones sociales y a la afiliación completa al sistema de seguridad social, que incluye salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la dignidad del trabajo en el sector transporte: “Quienes conducen los vehículos de carga sostienen buena parte de la economía del país. No podemos hablar de competitividad si no garantizamos primero trabajo digno y condiciones seguras. Esta circular no crea nuevas obligaciones, pero sí deja claro que la ley se cumple: salario justo, seguridad social completa, jornadas respetadas y cero tolerancias a la precariedad”.
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Asimismo, se establece que las empresas deben organizar la operación respetando los límites de la jornada laboral, los tiempos de descanso y las pausas necesarias, teniendo en cuenta que la fatiga y el agotamiento son factores que inciden directamente en los siniestros viales.
De igual manera, se recuerda la obligación de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita identificar y controlar los riesgos asociados a la conducción. Esto incluye mantenimiento adecuado de los vehículos, dispositivos de seguridad en buen estado, seguros vigentes y capacitación permanente en normas de tránsito, prevención de riesgos y derechos laborales.