En Bogotá es común tropezarse con motos eléctricas, verlas compartiendo vía con los carros, sobre la ciclorruta, incluso en puentes peatonales. Una problemática que no sólo toca la cultura ciudadana, sino que refleja el vacío jurídico en cuanto a los espacios ideales para su circulación y los límites de velocidad para proteger tanto a peatones como a ciclistas.
La ley define con claridad la motocicleta y la bicicleta, incluso desde hace un tiempo las autoridades han puesto sus ojos sobre las bicis eléctricas o que funcionan con motor. Pero aún no hay nada claro acerca de ese vehículo que a veces trae pedales y que se hace cada vez más popular.
Carlos Pardo, director de la organización Despacio, señala que en el país cualquier vehículo eléctrico está, relativamente, sin regulación. “La que hay se encuentra enfocada en exenciones tributarias para importación y pico y placa, pero en cuanto a las condiciones de circulación, Colombia tiene una legislación que no se actualiza desde 2002”.
Y es que al revisar el Código Nacional de Tránsito no aparece la definición de una motocicleta eléctrica, ni siquiera de una bicicleta eléctrica. Lo que sí existe es un concepto jurídico de 2012 del Ministerio de Transporte que señala que esta última corresponde a la descripción de una motocicleta, “debido a que posee dos ruedas en línea y es automotor...”.
El mismo concepto señala que las bicicletas eléctricas, por ejemplo, deberían tener placas, ser conducidas por personas con licencia, casco, chaleco y Soat. “Hemos asesorado al Mintransporte sobre cómo debería ser la nueva norma. Lo que se ha hecho en otras partes del mundo es limitar la velocidad de fábrica por debajo de los 30 km/h y la potencia del motor. Así se hace más segura la circulación”, explica Pardo.
Por su parte, Adriana Jiménez, directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito de Bogotá, señala que en la ciudad no hay un proceso de regulación para la movilidad de estos vehículos, contrario a lo que sí pasa con las bicicletas con motor, que están incluidas dentro de un proceso normativo de reglamentación en el Ministerio de Transporte.
“La indefinición de la frontera entre una bicicleta, una bicicleta eléctrica, un ciclomotor y una motocicleta eléctrica en términos del uso del espacio público genera una ruptura de la normatividad y, por ende, una inconsistencia del control que se realiza”, explica. Una situación que contribuye a que terminen transitando por espacios dedicados al transporte no motorizado.
Para la entidad, la regulación de las motos eléctricas debería estar enfocada en “umbrales de potencia, velocidad, capacidad, requisitos técnicos, registro de vehículos, aplicación de matrículas, placa y Soat”. Según el Mintransporte esta problemática está en varias ciudades del país y ya se trabaja en una investigación internacional y recolección de datos sobre cuántas hay en el territorio nacional para aclarar y regular su tránsito.
“Las nuevas tecnologías y su acelerado avance generan grandes retos a los entes de control... el registro de este tipo de vehículos y el determinar la cantidad que circula en el país es difícil de determinar ya que si bien es cierto muchas han llegado al país mediante importación sabemos que también están siendo fabricadas en Colombia. Dichos vehículos no están siendo registrados en una base de datos solida ni confiable y muchas de ellas se cobijan bajo la modalidad de bicicleta. ”, señala la cartera en una información enviada a El Espectador vía correo electrónico. Y advierte que por las condiciones físicas de estos vehículos, “lo más pertinente es cobijarlos dentro de la normatividad que aplica para motocicletas”. Incluso, se están teniendo en cuenta los componentes tecnológicos y su posible impacto ambiental, ya que se conoce de baterías que no cumplen con la normativa internacional. Adicionalmente, muchos de estos vehículos son comercializados como bicicletas eléctricas y por eso terminan andando en ciclorrutas, andenes y aceras.
Lo cierto es que luego de más de cinco años detsde su ingreso al país se hace urgente su regulación. Como señala Pardo, este vacío hace que la industria pierda credibilidad, que se atropellen peatones dentro de su espacio y que se estén repitiendo experiencias ya documentadas en otros países.