21N: así ha cambiado la protesta social

Paro Nacional - 19N - Marcha centro de Bogot�

Foto: Mauricio Alvarado

La protesta social en el último año ha tenido varias caras. Aunque han surgido expresiones para legitimar la movilización pacífica, también se han registrado momentos manchados por el abuso policial y el vandalismo. Las marchas de hoy, en definitiva, no son las mismas que comenzaron hace un año. Hechos como el asesinato de Dilan Cruz y Javier Ordóñez, la pandemia y el fallo de la Corte Suprema, que obliga al Gobierno a crear nuevos protocolos para atenderlas, han modificado tanto el comportamiento como las motivaciones. Por esta razón, al pensar en su futuro, será vital mantener el interés de quienes salen a protestar en medio de los temores de contagio y los retos que traerá un año preelectoral.

El inconformismo, liderado por un comité que integra 50 organizaciones sindicales, surgió por una serie de medidas implementadas por el gobierno del presidente Iván Duque, a las que denominaron el “paquetazo”, y se complementaron por la cruda realidad en varias zonas del país. En la lista estaban temas tan diversos como la reforma tributaria o el asesinato de líderes sociales. Lo importante aquí es que esto generó una oleada de manifestaciones en la región, con un nutrido apoyo en las calles.

“Lo que pasó hace un año en Colombia fue que por primera vez se presentó una protesta social que no se deslegitimaba por el conflicto armado y que va más allá de las que se presentan el 1° de mayo. El actor principal ya no eran las Farc, sino que cogieron fuerza temas sociales que antes eran opacados por la violencia”, asegura Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz.

En los primeros días las protestas se tornaron violentas. El vandalismo contra estaciones de Transmilenio y las confrontaciones en el centro de Bogotá terminaron en un toque de queda el 22 de noviembre y, como punto máximo de la represión a las marchas, en el asesinato de Dilan Cruz. Ambas situaciones no solo llevaron a más personas indignadas a las calles, sino que incluyó en el marco de la protesta el cacerolazo como expresión pacífica de inconformismo.

Pese a ello, de acuerdo con Jairo Libreros, analista de la Universidad Externado, si bien la participación fue impactante en términos sociales, no lo fue en el escenario político tanto en el Congreso como en la Casa de Nariño. “Los actos violentos tuvieron un eco profundo ante el abuso policial que se evidenció en las protestas, cuyo punto máximo fueron los hechos que se registraron el pasado 9 de septiembre y que dejaron 13 muertos, pero a la mesa el Gobierno no se sentó a dialogar con la gente que convocó el paro, sino que puso a participar a la ciudadanía, reduciendo la vocería de estos colectivos sociales”.

La pandemia fue una inflexión, pues fuera de que ayudó a contrarrestar la baja popularidad con la que arrancó el año el presidente Duque, también le dio la oportunidad de reducir las protestas por la cuarentena. Así lo cree Alirio Uribe, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien agrega: “Sin pandemia, el paro hubiese seguido hasta abril, que era lo que estaba anunciado en diciembre. El Gobierno aprovechó el juego político para gobernar por decreto, pues expidió 164, los cuales solo 11 tenían que ver con el tema de la salud”.

Aunque en la cuarentena el movimiento social paró, hubo manifestaciones esporádicas como consecuencia del encierro. Fueron precisamente los sectores más vulnerables y el comercio informal los que las encabezaron. No obstante, las marchas regresaron con la indignación que generó el asesinato de Javier Ordóñez en custodia policial, lo que además desató noches de terror entre el 9 y 11 de septiembre, que dejaron como resultado 72 CAI afectados, 13 muertos (tres de ellos en Soacha) y 581 heridos en la capital, de los cuales 75 fueron por arma de fuego.

Los protocolos

Casi de forma paralela a esta historia, con el cambio de Alcaldía a comienzos de año se establecieron nuevos protocolos para el acompañamiento de las manifestaciones, con el que se fijaron cuatro fases previas a la confrontación del Esmad. En ellas se arranca con el diálogo, con la intervención de madres gestoras de convivencia (tanto de uniformados como de jóvenes manifestantes), seguida del acompañamiento de Personería, Veeduría y comisiones de verificación y de derechos humanos. En la tercera se autoriza la acción de la Fuerza Disponible de la Policía, equipada con escudo y bastón, que si bien usan indumentaria similar a la del Esmad, no emplea bombas aturdidoras ni gases de dispersión. Y, finalmente, los Antimotines.

A esto se le sumó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual, fuera de suspender el uso de escopetas calibre 12 (con la que le dispararon a Dilan Cruz), pidió al Gobierno Nacional disculparse por los excesos de la Fuerza Pública, mantener neutralidad ante las manifestaciones, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias, y a crear un estatuto del uso de la fuerza en las protestas. Un auto del Tribunal de Cundinamarca refuerza esta decisión al solicitar un protocolo para garantizar las marchas. Ante esto, Óscar Ramírez, miembro de la campaña Defender la Libertad, celebra que la justicia hubiera hecho ese llamado al Gobierno y a la Fuerza Pública, “tenemos un escenario social que no ha encontrado respuestas de un Estado desconectado de la ciudadanía”.

Al respecto, Rosanía cree que lo importante aquí es que por primera vez se segmentó la atención de la protesta. “Se debe reconocer que la mayoría compone la protesta pacífica, los que madrugan, hacen el recorrido y luego se marchan. Pero también están las tribus urbanas, como los antifascistas o antiimperialistas, que conocemos como capuchos, y quienes llegan con la intención de enfrentar al Esmad”.

A estos, Libreros incluye dos gamas más, a los que considera oportunistas, que buscan deslegitimar las protestas o a la misma Policía, para mostrarla como opresora. Por un lado están los grupos delincuenciales, que aprovechan el caos para cometer actos vandálicos. Por el otro estarían las disidencias que ha mencionado el Gobierno. “La protesta tiene que alterar, pero eso no es sinónimo de violencia. La respuesta para ello la debe tener el Estado, porque es irreal que los organizadores tengan que prevenir a este tipo de protestantes”.

Esto mismo resalta Henry Cancelado, experto en seguridad de la Universidad Javeriana, quien asegura que estos infiltrados se pueden identificar en un trabajo previo, para evitar que las manifestaciones no se vean permeadas por un escenario violento e intereses delictivos. “Eso no puede ser en el momento, porque eso es lo que buscan. Falta mucho debate, porque no es regular la manifestación, sino revisar el acto delictivo”.

Y esto será fundamental, porque con el regreso de las manifestaciones los convocantes del paro no solo se tendrán que enfrentar al temor, que tras los hechos del 9 de septiembre se han vuelto a generar sobre las manifestaciones violentas, sino por los miedos alrededor del contagio y el segundo pico de la pandemia, que para Óscar Ramírez es usado por los opositores para deslegitimar la protesta. “En 2019 se referían a los manifestantes como enemigos del progreso, la convivencia y el orden público. Hoy en día se refieren a los que protestan como enemigos de la salubridad pública”.

Esto mismo pasó con la minga indígena, cuyo paso por Bogotá fue importante. “Llegaron con un cuerpo de organización centralizado, distribución de roles y mensajes contundentes que permitieron que fueran pacíficas. Seguro van a volver más legitimados”, afirma Libreros.

Además de la confianza en la protesta pacífica, César Niño, analista de la U. Sergio Arboleda, asegura que esta seguirá siendo asunto de la agenda social, ante los desajustes que generó la pandemia, los reclamos en DD. HH. y la contienda política del próximo año. “En un futuro cercano se van a exacerbar y se pondrá de nuevo a prueba el poder de maniobra del Estado para hacer una lectura adecuada de las demandas. No solo por los efectos de la pandemia sino por otros temas como los asuntos migratorios o el mismo paso del huracán por San Andrés y el fenómeno de la niña. No creo que se desinflen por miedo al contagio. Al contrario, pueden volcarse a otros medios no tradicionales, como las redes sociales, como lo hemos visto”.

Para Rosanía, el año preelectoral podría fracturar el movimiento social, pero no la protesta, pues los inconformismos continúan y no hay soluciones de fondo. “Va a ser importante el segundo pico, pero también lo político, porque el paro nacional no estaba enmarcado en un movimiento político y finalmente ninguno se lo pudo acreditar, porque no se les permitió, pero ante este nuevo panorama sí van a ser claves las campañas”.

Lo cierto, por ahora, es que a las peticiones del año pasado se les han sumado las que han surgido por la pandemia, así como hay mayor indignación con respecto a la respuesta policiva. Si bien se esperan nuevas protestas para los próximos días, estará al fin de cuentas en la organización y en las estrategias que mantengan los convocantes del paro generar confianza de los manifestantes por salir a las calles, pues el inconformismo está, pero nuevos retos se avecinan para mantener vivo el interés.