Fueron 40 días de incertidumbre en algún paraje oculto en las montañas de Cundinamarca. Desde el 17 de junio de 2025, cuando fue secuestrado en la vereda Atala de Viotá, el sacerdote Carlos Saúl Jaimes Guerrero se convirtió en el centro de una extorsión que pretendía arrebatarle a su familia la astronómica cifra de COP 10.000 millones.
En contexto: Liberan a sacerdote que habría sido secuestrado hace un mes en Viotá, Cundinamarca
Mientras el religioso de 30 años permanecía privado de su libertad, los captores enviaban videos como pruebas de supervivencia, en los que se les veía portando fusiles y uniformes militares, simulando ser parte de una estructura guerrillera para quebrar la voluntad de sus allegados y confundir a las autoridades.
Hoy, la zozobra para la comunidad religiosa y para los residentes de varios municipios del departamento empieza a quedar atrás. Tras una minuciosa investigación que se extendió por nueve meses, las autoridades lograron desarticular a “Los Stone”, el grupo delincuencial común que, bajo la fachada de frentes insurgentes, operaba en municipios como Silvania, Fusagasugá, Sibaté y Guachetá.
Segumiento digital: más de 35.000 líneas telefónicas analizadas
La caída de esta estructura no fue producto del azar. Para dar con los seis presuntos responsables capturados este 7 de abril, los investigadores del Gaula tuvieron que reconstruir un complejo rompecabezas digital y testimonial. El proceso incluyó el análisis de cerca de 35.000 líneas telefónicas y la revisión de 18 horas de video captadas por cámaras de seguridad que permitieron rastrear los movimientos de la banda antes y después del secuestro del sacerdote, quien fue liberado tras 40 días de cautiverio.
La inteligencia técnica se complementó con 28 entrevistas y declaraciones juradas, además de reconocimientos fotográficos determinantes realizados por las víctimas. De acuerdo con el Gaula, la banda no solo se dedicaba al secuestro de alto impacto, sino que mantenía una renta mensual de aproximadamente $150 millones de pesos a punta de intimidar a comerciantes de la región haciéndose pasar por integrantes de los frentes “Carlos Patiño” e “Isaías Pardo”.
El operativo, que consistió en siete diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Sibaté y Viotá, fue destacado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. El mandatario fue enfático en señalar que este resultado es un mensaje directo contra la suplantación de grupos armados que busca generar terror en el departamento. “No vamos a permitir que estructuras criminales intimiden a nuestras comunidades”, afirmó Rey al confirmar que los capturados ya están bajo las órdenes de una fiscalía especializada por delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.
“Eliberto González, alias Plin Plin; Johan Herreño, alias Pulga; Carlos López, alias Calos; Raúl Valbuena, alias Flaco; William Sarmiento, alias Tamales; Carlos Salazar, alias Rómulo; y alias Barbas, serán procesados por secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Podrán enfrentar procesos que deriven en condenas de hasta 40 años de prisión”, precisó Rey.
Así las cosas, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que cuenta con un amplio material probatorio para aplicar condenas ejemplares.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.