La Fiscalía General de la Nación procesó a 12 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá por al menos seis delitos relacionados con actos de corrupción mientras desempeñaban sus funciones de vigilancia en la localidad de Puente Aranda.
Luego de varias denuncias ciudadanas y de una investigación en paralelo del personal de la Fiscalía, se logró establecer que el teniente adscrito a la estación de esa localidad y once patrulleros más habrían abusado de su autoridad en múltiples oportunidades para obtener beneficios y hasta perjudicar a personas que no habían cometido ningún delito.
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Entre los casos más relevantes, en los cuales los procesos habrían participado, se conoció que presuntamente exigieron dinero a personas capturadas en flagrancia por hurto y venta de estupefacientes al menudeo para no ponerlas a disposición de la autoridad judicial.
Asimismo, habrían realizado detenciones arbitrarias y sin sustento para aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales; permitieron el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito e, incluso, presuntamente se concertaron con redes delincuenciales para robar cable y comercializar el cobre.
Con el fin de evadir los controles e investigaciones, los procesados habrían alterado informes judiciales y creado cuentas bancarias en negro —no declaradas— en las que se llegaron a mover más de $200 millones, producto, al parecer, de los sobornos recibidos.
Por todo lo anterior, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá presentó a los 12 policías ante una juez de control de garantías y los imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Nueve de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y los tres restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia.
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Por Redacción Bogotá
