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Yeny Paola Alarcón, Leidy Viviana Medina Orjuela y José Alexander Alarcón Hernández, quien sería el cabecilla de una red involucrada en el tráfico de armas y de estupefacientes, fueron señalados como integrantes de la organización criminal, Tren de Aragua, capturados en una acción articulada con la DIJIN de la Policía Nacional, en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar.
Estas personas fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Cargos que no fueron aceptados.
Durante la operación de allanamiento y registro en la vivienda al sur de Bogotá, las autoridades incautaron dos fusiles, una escopeta, un revolver, 328 cartuchos de diferentes calibres, 21 proveedores, un cañón para pistola, una mecha de seguridad para explosivos, 40 gramos de explosivo C4, un gramo de pólvora, bazuco, una gramera y prendas de uso privativo de la fuerza pública.
Los elementos de prueba recopilados por el ente acusador indicaron que estas personas, al parecer, recibían bultos de alimentos que ocultaban armamento y munición. “El material ilegal llegaba procedente de Meta y Arauca, y era almacenado durante varios días en un inmueble del sur de Bogotá. Posteriormente, coordinaban la distribución a diferentes puntos de la ciudad”, detalló la fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, a cargo del caso.
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Durante la audiencia, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los tres presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’.
La alerta temprana 004 de la Defensoría del Pueblo, advirtió las disputas territoriales que protagonizan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y el grupo criminal ‘Tren de Aragua’, principalmente en nueve localidades de Bogotá.
Sumado a Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria -tal como lo indicó la entidad en 2019 con su Alerta 046- la Defensoría incluyó a 22 UPZ de las localidades de Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, donde, dicen, la violencia se extendió.
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“Esto no es solo de tener más Ejército y más Policía. Con ese seguro se puede disuadir la amenaza. Aquí lo que pasa, y lo decimos en esta alerta, las organizaciones se están aprovechando de la marginalidad que hay en la ciudad, de ciudadanos que no se benefician de la fuerza institucional. Todo esto se ha vuelto un caldo de cultivo para el grupo de delincuencia organizada, en su afán de crecer económicamente y de ganar territorio en los barrios”, explicó Ricardo Arias, defensor del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en entrevista con El Espectador.
La entidad de derechos humanos hizo énfasis en que hay riesgo para todos los habitantes, sin embargo, dijo, existen condiciones críticas para la población socialmente estigmatizada como recicladores y carreteros, personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución, migrantes venezolanos y consumidores de sustancias psicoactivas, “que la hace más susceptible a ser instrumentalizada por los grupos criminales en las localidades advertidas”.
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