A policía que declarará en proceso del grafitero lo quieren matar

A la lentitud con la que avanza el proceso penal por el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra, ahora parece que quieren frenarlo del todo a punta de amenazas. Al menos, es lo que se infiere tras conocer que al abogado de uno de los patrulleros procesados (que está dispuesto a negociar con la justicia), le llegó un correo electrónico en el que le advierten que están siendo víctimas de seguimientos y que los quieren asesinar.

En el mensaje, revelado por Noticias Uno, le llegó al abogado Jairo Acuña, quien representa al patrullero Nelson Tovar. Este patrullero fue supuestamente a quien algunos oficiales le ordenaron conseguir el arma, que plantaron en la escena del crimen de Becerra y con la que pretendían hacer pasar a la víctima como delincuente. Según el correo, hay personas interesadas en que no siga el caso.

Tovar está próximo a declarar en el proceso penal y, hasta donde se conoce, él intenta negociar con la justicia a cambio de contar en juicio cuáles fueron los oficiales que les dieron la orden de conseguir el arma y relatar los pormenores de lo que ocurrió la noche en la que asesinaron al grafitero.

“Doctor Jairo, le informo que estoy más cerca del caso de Diego Felipe de lo que cree. Usted está siendo víctima de seguimientos por investigadores inescrupulosos, que quieren ensuciarlo y que abandone el caso. Usted se salvó de que no lo hubieran matado el día que se le metieron a la casa, porque iban era por usted, ya que no quiso recibir los $50 millones que le ofrecieron”, así comienza el correo.

El remitente, quien realmente parece conocer a profundidad las intenciones de los delincuentes e incluso de haber trabajado con ellos, le anuncia al abogado que en estos días lo van contactar para que desista de la defensa de Tovar y que están buscando como ensuciar a Tovar y meterlo a la cárcel, pero que no le han encontrado nada. “Incluso, pensaban hasta llevársele a la hija y eso fue lo que no me aguanté”, recalca el remitente.

Y aunque no menciona quiénes estarían detrás del plan para asesinarlo, sugiere que se trata de alguien con mucho dinero, que busca frenar el proceso. “Supe que lo denunciaron, pero eso es para cuadrar la cuartada y que no culpen a ese señor de la muerte de Tovar. Dicen que los escritos no han servido, que lo único que toca es legalizarlos (asesinarlos) por sapos. Le tienen seguimiento las 24 horas y están invirtiendo mucha plata para sacarlos en limpio”.

El remitente le escribe que lo que les rebosó la copa a los criminales fue su salida por los medios. En mayo pasado, el abogado Acuña denunció públicamente que era víctima de seguimientos y amenazas por querer llegar a la verdad. “Ellos tienen reuniones para mirar que van a hacer con usted, ya que con los otros que se acogieron no les importa. Usted y su cliente son el problema. Cuando el señor Tovar llegó a la Modelo lo iban a legalizar con una supuesta pelea, pero lo sacaron rápido. Le cuento que están muy de buenas”.

“Usted dirá que yo por qué le digo esto. Solo lo hago para que este muy en la jugada. Ellos están muy acostumbrados a eso, a manejarlo todo, la única solución que plantea un abogado bajito es legalizarlos como sea, si quieren salir. Pilas, esta semana que los quieren matar”, concluye el correo.

La amenaza se conoce juste después de que el Juzgado 38 administrativo de Bogotá condenó a la Policía y al Ministerio de Defensa por la muerte de Diego Felipe Becerra, 16 años, ocurrida el 19 de agosto de 2011, en la localidad de Suba. El fallo, fuera de ordena la indemnización de la madre y al padrastro de la víctima, deja claro que los hechos claramente muestran una actuación irregular de la Policía.

El fallo administrativo se basó en el expediente del proceso penal, en el que los resultados han sido pocos. En la sentencia se lee: “Se encuentra acreditado que fue un miembro de la Policía quien de manera injustificada accionó su arma contra el joven Becerra, causándole la muerte. Y luego, con algunos miembros de la entidad, pretendió encubrir su actuar irregular, alterando la escena de los hechos, plantando un arma y presentando un informe que no correspondía con las verdaderas circunstancias”.

Así, mientras la justicia administrativa ya asumió posiciones claras, en lo penal los procesos poco avanzan, tanto que varios de los presuntos involucrados (13 de ellos estuvieron presos) han recuperado su libertad por vencimiento de términos. Es el caso, por ejemplo, de tres coroneles de la Policía: Nelson de Jesús Arévalo, José Javier Vivas y Jhon Harvey Peña, que salieron de prisión en los dos últimos meses.

Aunque se presume que fueron 27 las personas que estuvieron en la escena del crimen y pudieron haber participado en su alteración, los únicos condenados por ahora son los patrulleros Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez, y eso porque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en el que, a cambio de beneficios, admitieron su participación en la manipulación de la escena.

La justicia penal sigue en esa tarea de determinar los otros responsables detrás del plan para encubrir el crimen. Falta ver si lo logra, en medio de las dilaciones y las amenazas, que han rodeado el proceso.

A la lentitud con la que avanza el proceso penal por el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra, ahora parece que quieren frenarlo del todo a punta de amenazas. Al menos, es lo que se infiere tras conocer que al abogado de uno de los patrulleros procesados (que está dispuesto a negociar con la justicia), le llegó un correo electrónico en el que le advierten que están siendo víctimas de seguimientos y que los quieren asesinar.

En el mensaje, revelado por Noticias Uno, le llegó al abogado Jairo Acuña, quien representa al patrullero Nelson Tovar. Este patrullero fue supuestamente a quien algunos oficiales le ordenaron conseguir el arma, que plantaron en la escena del crimen de Becerra y con la que pretendían hacer pasar a la víctima como delincuente. Según el correo, hay personas interesadas en que no siga el caso.

Tovar está próximo a declarar en el proceso penal y, hasta donde se conoce, él intenta negociar con la justicia a cambio de contar en juicio cuáles fueron los oficiales que les dieron la orden de conseguir el arma y relatar los pormenores de lo que ocurrió la noche en la que asesinaron al grafitero.

“Doctor Jairo, le informo que estoy más cerca del caso de Diego Felipe de lo que cree. Usted está siendo víctima de seguimientos por investigadores inescrupulosos, que quieren ensuciarlo y que abandone el caso. Usted se salvó de que no lo hubieran matado el día que se le metieron a la casa, porque iban era por usted, ya que no quiso recibir los $50 millones que le ofrecieron”, así comienza el correo.

El remitente, quien realmente parece conocer a profundidad las intenciones de los delincuentes e incluso de haber trabajado con ellos, le anuncia al abogado que en estos días lo van contactar para que desista de la defensa de Tovar y que están buscando como ensuciar a Tovar y meterlo a la cárcel, pero que no le han encontrado nada. “Incluso, pensaban hasta llevársele a la hija y eso fue lo que no me aguanté”, recalca el remitente.

Y aunque no menciona quiénes estarían detrás del plan para asesinarlo, sugiere que se trata de alguien con mucho dinero, que busca frenar el proceso. “Supe que lo denunciaron, pero eso es para cuadrar la cuartada y que no culpen a ese señor de la muerte de Tovar. Dicen que los escritos no han servido, que lo único que toca es legalizarlos (asesinarlos) por sapos. Le tienen seguimiento las 24 horas y están invirtiendo mucha plata para sacarlos en limpio”.

El remitente le escribe que lo que les rebosó la copa a los criminales fue su salida por los medios. En mayo pasado, el abogado Acuña denunció públicamente que era víctima de seguimientos y amenazas por querer llegar a la verdad. “Ellos tienen reuniones para mirar que van a hacer con usted, ya que con los otros que se acogieron no les importa. Usted y su cliente son el problema. Cuando el señor Tovar llegó a la Modelo lo iban a legalizar con una supuesta pelea, pero lo sacaron rápido. Le cuento que están muy de buenas”.

“Usted dirá que yo por qué le digo esto. Solo lo hago para que este muy en la jugada. Ellos están muy acostumbrados a eso, a manejarlo todo, la única solución que plantea un abogado bajito es legalizarlos como sea, si quieren salir. Pilas, esta semana que los quieren matar”, concluye el correo.

La amenaza se conoce juste después de que el Juzgado 38 administrativo de Bogotá condenó a la Policía y al Ministerio de Defensa por la muerte de Diego Felipe Becerra, 16 años, ocurrida el 19 de agosto de 2011, en la localidad de Suba. El fallo, fuera de ordena la indemnización de la madre y al padrastro de la víctima, deja claro que los hechos claramente muestran una actuación irregular de la Policía.

El fallo administrativo se basó en el expediente del proceso penal, en el que los resultados han sido pocos. En la sentencia se lee: “Se encuentra acreditado que fue un miembro de la Policía quien de manera injustificada accionó su arma contra el joven Becerra, causándole la muerte. Y luego, con algunos miembros de la entidad, pretendió encubrir su actuar irregular, alterando la escena de los hechos, plantando un arma y presentando un informe que no correspondía con las verdaderas circunstancias”.

Así, mientras la justicia administrativa ya asumió posiciones claras, en lo penal los procesos poco avanzan, tanto que varios de los presuntos involucrados (13 de ellos estuvieron presos) han recuperado su libertad por vencimiento de términos. Es el caso, por ejemplo, de tres coroneles de la Policía: Nelson de Jesús Arévalo, José Javier Vivas y Jhon Harvey Peña, que salieron de prisión en los dos últimos meses.

Aunque se presume que fueron 27 las personas que estuvieron en la escena del crimen y pudieron haber participado en su alteración, los únicos condenados por ahora son los patrulleros Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez, y eso porque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en el que, a cambio de beneficios, admitieron su participación en la manipulación de la escena.

La justicia penal sigue en esa tarea de determinar los otros responsables detrás del plan para encubrir el crimen. Falta ver si lo logra, en medio de las dilaciones y las amenazas, que han rodeado el proceso.