Bogotá

23 Jan 2019 - 11:00 a. m.

¿A qué se enfrenta Hollman Morris con la denuncia de su ex?

Lo acusa por violencia intrafamiliar, por ser víctima de violencia emocional, sicológica y económica. Señala que no cumple con su cuota alimentaria. El abogado del concejal la desmiente.

-Redacción Bogotá -bogota@elespectador.com

El concejal Hollman Morris, precandidato a la Alcaldía de Bogotá, quedó expuesto este martes cuando su exesposa Patricia Casas reveló a través de la emisora La W que en diciembre pasado lo denunció por maltrato intrafamiliar, delito que el Código Penal define como "la acción de maltratar física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar" y que conlleva una pena de cuatro a ocho años de prisión.

Si bien, en el imaginario se encuentra que esta conducta se limita a una agresión física, lo cierto es que este caso, según ella, es más por la violencia emocional, sicológica y económica de la que se considera víctima, reflejadas en una seguidilla de supuestas agresiones verbales y el reciente incumplimiento en su obligación de brindar una cuota para su manutención y la de sus hijos. 

Para respaldar la denuncia, Casas dio detalles de cómo una relación que comenzó siendo un trabajo en equipo, en el que ella incluso dejó su empleo por dedicarse a la crianza de sus hijos (lo que la hizo dependiente económicamente de él) y lo apoyó en su proyectos académicos y profesionales, se deterioró tras descubrir presuntas adicciones, excesos e infidelidades de su marido. Esto se habría transformado en episodios de violencia y agresiones verbales que, según ella, deterioraron no solo su salud mental, sino física, lo cual le impiden trabajar.

El asunto lo redondea el abogado Carlos Sánchez (de la firma De La Espriella Lawyers), quien representa a Casas, diciendo: "Recordando que mi poderdante dejó de trabajar desde que quedó en embarazo; que ha pasado por etapas depresivas; que ha llegado a perder la movilidad de su cuerpo, y además tiene 48 años, situación que le han impedido conseguir trabajo y poder sostener a sus hijos por ella misma, el señor Morris se niega a realizar el pago de la cuota alimentaria a sus hijos y cónyuge, señalando que la ella debe trabajar. Aunado lo anterior es evidente que existe una violencia no solo física, sino sicológica y económica, toda vez que se cumplen las características del delito de violencia intrafamiliar".

Aunque los episodios que se relatan para algunos podrían parecer propios de una relación y un divorcio conflictivo, para el abogado el asunto va más allá, lo cual se podría entender al entretejer conceptos que parten de la definición de conceptos como maltrato intrafamiliar, pasando por los de violencia contra la mujer y maltrato económico, para llegar a la violencia patrimonial, que es, a criterio de la parte demandante, lo que estaría ejerciendo Morris con su exesposa y sus hijos.

Para la Corte Constitucional en sentencia de 2005, la violencia intrafamiliar "puede entenderse como todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, aunque no convivan bajo el mismo techo".

Por su parte, la ley 1257 de 2008 apunta que la violencia contra la mujer es cualquier acción y omisión que le cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, y profundiza que la violencia económica es "cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres".

Finalmente está el concepto de violencia patrimonial que, según una sentencia de la Corte Constitucional de 2016, no es más que cuando el hombre usa su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja, donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio, sin importar quien lo haya ganado; manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes".

(Consulte aquí la sentencia de la Corte) 

Según un concepto de la profesional Johana Novoa, publicado en la página Asuntoslegales.com, establecer la violencia económica no es un asunto fácil. "En estos casos, algunos hombres utilizan su poder económico para controlar a su pareja, al punto de supervisar y limitar las decisiones que ella pueda tomar tanto en temas personales como en asuntos propios del hogar. El victimario suele administrar y disponer de todos los bienes de la familia, sin importar su naturaleza. En ejercicio de ese poder, suspende o aplaza pagos de servicios públicos, de las matrículas y pensiones escolares, los suministros alimentarios, en fin. Acude a realizar un verdadero bloqueo económico de su cónyuge e hijos".

Y agrega: "Siempre manipula el dinero y los recursos del hogar. Aparenta ser una persona colaboradora, pero siempre y cuando los demás hagan lo que él quiere. También son muchos los eventos en que el marido, dentro de un espíritu machista, le prohíbe a su esposa estudiar, o trabajar, bajo el argumento de que él la quiere para que críe responsablemente a los hijos y que ella no necesita hacerlo, en razón a que él tiene capacidad económica suficiente para atender todas las cargas domésticas. Pero, en el fondo, lo que esta clase de maridos busca es obtener una dependencia total y absoluta de la mujer".

Algo que se podría ilustrar con un aparte del relato en que se indica que "frente al deber de alimentos de Hollman Morris con la denunciante y sus hijos, él mismo se ha limitado a señalar que si los menores no salen con él a comer a restaurantes, no se obliga a pagarles y ayudarlos, pese al deber que tiene para con todos. Para obtener dinero para comer ella ha tenido que acudir a la penosa tarea de pedir ayuda a sus familiares y amigos más cercanos, para que le presten dinero, situación misma que la fecha la ha llevado a obtener deudas que no puede pagar", dice el documento.

A partir de estas definiciones, explica el abogado, es que se cumplen todas las condiciones para configurar el delito de violencia intrafamiliar, al verificar que "evidentemente el señor Morris desplegó una serie de conductas en aras de destruir la armonía y la unión de su núcleo familiar, causando en la señora, como una de las víctimas, un daño importante en su salud mental y física, aparte de una violencia patrimonial. Por esto es evidente que existió y sigue existiendo una violencia patrimonial por parte de Morris hacia la señora Casas, quien se ha visto afectada al no poder ni siquiera brindarle una calidad de vida a sus hijos, toda vez que por su enfermedad y su edad le cuesta conseguir trabajo y acude al señor Morris con el fin de poder subsistir y este le responde con ofensas verbales".

Aunque tras la denuncia el abogado Luis Eduardo Devia, quien representa a Hollman Morris, señaló en La W que la pareja no se ha podido divorciar por falta de conciliación; que la veracidad de los hechos relatados por la exesposa está por demostrarse, y que el concejal ha cumplido con su cuota alimentaria a pesar de ser exagerada, lo cierto es que de lograr el abogado de la denunciante convencer a la Fiscalía y a un juez de que en efecto el concejal cometió un delito contra su familia, podría verse enfrentado a una sentencia que oscila entre los cuatro y los ocho años de prisión, "la cual podría aumentar si se involucra un menor o una mujer, que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y sicológica o en estado de indefensión", según el Código Penal.

Por ahora, Morris es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, la denuncia sigue en manos de un fiscal, quien analizará si el testimonio y las evidencias tienen suficiente peso para iniciar un proceso penal o no.

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