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La exrectora Amanda Castillo, señalada de discriminar, denunciar falsamente y ocultar pruebas a la justicia. / Óscar Pérez
Foto: Oscar Alberto Perez Lopez
En los juzgados de Paloquemao y luego de tres aplazamientos, ayer, se realizó la audiencia de imputación de cargos contra la exrectora Amanda Castillo, la psicóloga Ivón Cheque y la veedora Rosalía Ramírez, del Gimnasio Castillo Campestre, por la presunta discriminación homofóbica, y otras circunstancias, por las que Sergio Urrego habría decidido quitarse la vida, el 4 de agosto de 2014.
“Los prejuicios matan, justicia para Sergio”, corearon algunos estudiantes y activistas de la comunidad LGBTI a las afueras del centro judicial, esperando noticias de la diligencia que se adelantó a puerta cerrada. Tres delitos decidió imputar la Fiscalía: discriminación agravada, por tratarse de dos menores de edad; falsa denuncia; y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.
El Espectador pudo establecer que el delito de discriminación y el de ocultamiento de pruebas se les imputó a las tres procesadas. El de falsa denuncia, contra la psicóloga y la exrectora. La Fiscalía explicó que imputó discriminación porque habrían restringido varios derechos de Sergio Urrego y su compañero sentimental: el derecho a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad.
Esto partiendo de que catalogaron el beso entre Sergio Urrego y su pareja como un acto obsceno. El desencadenante, según la Fiscalía, ya que de ahí en adelante se les obligó a entrar a psicorientación, se les restringió el acceso a clase y se les obligó a contarle a sus padres su orientación sexual. El ente acusador argumentó también que este procedimiento discriminatorio no era el que se había utilizado con otras parejas heterosexuales.
Sobre el segundo delito, la Fiscalía demostró que la exrectora Amanda Castillo, con el conocimiento de la psicóloga Cheque, denunció ante las autoridades hechos falsos. Por ejemplo, pese a conocer que Sergio Urrego y su compañero eran pareja, presentó una denuncia ante la Comisaría de Familia, la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá y Bienestar Familiar en la que señaló que Urrego acosaba sexualmente al otro estudiante y que estaba abandonado por su familia.
Además, teniendo en cuenta las declaraciones que los padres y el propio compañero de Sergio Urrego entregaron, la Fiscalía aseguró que la rectora constriñó a los padres del menor a presentar otra denuncia por acoso sexual contra Sergio Urrego a cambio de que éste pudiera terminar once grado. Incluso, el ente acusador entregó el testimonio de una de las profesoras de Sergio Urrego, quien contó que la rectora le pidió que hiciera anotaciones negativas en la bitacora personal del joven, incluyendo la denuncia de acoso sexual, para manchar su desempeño y honra, después de su muerte.
Por último, frente al delito de ocultamiento de pruebas, la Fiscalía encontró que a una compañera de Sergio, la veedora del colegio Rosalía Ramírez le pidió que volviera a hacer una versión libre sobre los hechos. “Me dijo que escribiera que ellos se habían dado un beso en clase, no un pico en receso como había sucedido. Cuando se la entregué vi que ella rompió la pasada y que le decía a otras directivas que todo era por el bien del colegio”, señaló la testigo.
La Fiscalía mostró el testimonio de otros estudiantes que contaron que después de la muerte de Sergio, los llamaron para que firmaran otras actas de expedientes disciplinarios contra parejas heterosexuales con una fecha anterior al suicidio, para ocultar el trato discriminatorio a la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
Por las pruebas encontradas, y la gravedad de los delitos cuyas penas pueden ir hasta 12 años, la Fiscalía le pidió al juzgado medida de aseguramiento carcelario contra la exrectora, la psicóloga y la veedora. Todo “para evitar la manipulación de testigos y la obstrucción a la justicia” mientras avanza el caso. El camino de justicia que esclarezca la muerte de Sergio Urrego será largo, pero ya empezó a trasegar en lo penal.
Por Natalia Herrera Durán
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