A un año del atentado en la General Santander, la reconstrucción continúa

La Escuela de Cadetes de la Policía General Santander no volvió a ser la misma. La entrada principal, que por años estuvo abierta de par en par, hoy está mucho más custodiada y permanece cerrada por dos grandes puertas blancas. La entrada aledaña por la que hace exactamente un año entró el carro-bomba, que acabó con la vida de 22 cadetes, está sellada, mientras adentro continúa la reconstrucción de los dormitorios y se ultiman los detalles de la ceremonia en la que hoy les rendirán tributo a las víctimas.

Algo similar ha pasado con las familias de los 22 jóvenes que murieron a consecuencia de la explosión. Sus vidas, evidentemente, han sido marcadas por el dolor y la pérdida, pero la unión que lograron forjar ha permitido que entre ellos se estén ayudando a sanar y juntos sigan luchando.

“Tenemos un grupo en WhatsApp, por el que siempre estamos en contacto. Por ahí nos pasamos las noticias y nos damos moral, porque nadie más que nosotros puede entender el dolor que sentimos. Esto nos ha unido mucho y nos ha dado las fuerzas para salir a tocar puertas, así como plantarnos en la Plaza de Bolívar para pedir por los derechos de nuestros muchachos”, aseguró César Ojeda, padre de César Alberto Ojeda, quien tenía 22 años cuando murió en el atentado.

La lucha de las familias comenzó el 5 de marzo, luego de que en una reunión con el entonces director general de la Policía, Óscar Atehortúa, las autoridades les aseguraron que no tenían derecho a nada, pues los jóvenes que fueron víctimas en el atentado eran estudiantes y, por consiguiente, aún no pertenecían a la institución.

“Muchos de ellos decidieron entrar a la Policía por ayudar a sus familias. Once de los jóvenes que fallecieron tenían becas completas, porque sus familias eran muy humildes, como la de Cristian Camilo Maquilón, quien fue llamado porque era un deportista de alto rendimiento. Ellos eran de los que más necesitaban el apoyo del Gobierno”, manifestó Francisco Marulanda, padre del joven de 19 años Juan Esteban Marulanda, una de las 22 víctimas.

Al obtener esta respuesta, les tocó salir a pedir ayuda. Comenzaron a protestar en la Plaza de Bolívar y tocar puertas en el Gobierno central y el Congreso. Los escucharon, “fue duro, pero luego el presidente Duque se dio cuenta de que necesitábamos respaldo y él mismo solicitó que se aprobara la Ley de honores”, afirmó Marulanda.

La ley no solo permitió darle la nacionalidad por adopción a la ecuatoriana Érika Sofía Chico Vallejo y el grado, de forma póstuma, de subtenientes a los 22 cadetes víctimas, sino que además les permite a las familias recibir el reconocimiento prestacional y pensional correspondiente.

Las familias saben que este es solo el primer paso, pues, en el caso de la familia de la ecuatoriana Érika Sofía Chico, aunque recibieron los honores de la joven en Colombia, aún están a la espera de que le den el ascenso en Ecuador. “Al principio, el país lo ofreció, pero luego me lo negaron. No ha habido apoyo psicológico, más bien me han descargado mucho por la negativa de los altos mandos”, aseguró Roberto Chico, padre de la joven.

Asimismo, las familias consideran que a pesar de que en el aspecto psicosocial han tenido el apoyo, no ha ocurrido lo mismo en materia judicial, pues se consideran alejados del caso y, más allá de eso, les preocupa la forma en que avanza la investigación. Para Marulanda, “no es justo que después de un año apenas la Procuraduría esté pidiendo un informe disciplinario a la institución”.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento han sido capturadas y procesadas tres personas que habrían participado en diferentes momentos del atentado. Entre ellas está Andrés Carvajal, el primer capturado, a quien involucraron en los hechos porque en interceptaciones telefónicas habría reconocido su participación en los hechos. Es acusado de haber pagado el arriendo del lugar donde fue escondido el carro-bomba.

En Arauquita, Arauca, fue capturado Wilson Arévalo, comerciante de productos lácteos, a quien las autoridades acusan de haber movilizado el material y las armas del frente Domingo Laín Sáenz del Eln, del que sería colaborador. Su captura ocurrió luego de que se evidenciaran movimientos financieros en sus cuentas por encima de los $1.000 millones.

El último capturado fue Álvaro José Mateus, quien sería el propietario de la empresa de lácteos que el frente de guerra oriental del Eln utilizaba para lavar dinero. Su captura se dio luego de que las autoridades determinaran que, al parecer, el hombre sería uno de los principales financiadores del ataque.

Por su parte, la Procuraduría recientemente abrió una investigación disciplinaria contra los generales Carlos Enrique Rodríguez González (exdirector de la Escuela de la Policía Nacional) y Juliette Giomar Kure Parra (directora de la Dirección de Sanidad de la Institución) por no cumplir los protocolos de seguridad establecidos. De esta forma se busca determinar en qué falló la seguridad el día del atentado.

Por ahora, se espera que, el próximo 28 de febrero, la Fiscalía vincule formalmente al comando central del Eln en la investigación por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa, mientras que hoy en la Escuela de Cadetes General Santander se tendrá una ceremonia en homenaje a las víctimas, en la que se entregará el monumento conmemorativo y se celebrará el día 17 de enero como fecha oficial del estudiante de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional de Colombia.

No todos los padres de los ahora subtenientes estarán en Bogotá. La mayoría han asistido, a lo largo de esta semana a ceremonias y eucaristías particulares en sus ciudades de origen, como es el caso de César Ojeda, quien estará en el evento conmemorativo en Floridablanca, o Roberto Chico, quien anoche presenció el homenaje en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Quito. 

Lo que se espera es que hoy se vuelvan a abrir las puertas de la Escuela General Santander, mientras los familiares ruegan para que se garantice que esto no vuelva a ocurrir. “Lo que queremos es que se proteja a las guarniciones para que nadie más tenga que recibir a su hijo en una caja sellada. Nuestros jóvenes quedaron en la Escuela y esperamos que eso no sea en vano”, concluyó Marulanda. 

La Escuela de Cadetes de la Policía General Santander no volvió a ser la misma. La entrada principal, que por años estuvo abierta de par en par, hoy está mucho más custodiada y permanece cerrada por dos grandes puertas blancas. La entrada aledaña por la que hace exactamente un año entró el carro-bomba, que acabó con la vida de 22 cadetes, está sellada, mientras adentro continúa la reconstrucción de los dormitorios y se ultiman los detalles de la ceremonia en la que hoy les rendirán tributo a las víctimas.

Algo similar ha pasado con las familias de los 22 jóvenes que murieron a consecuencia de la explosión. Sus vidas, evidentemente, han sido marcadas por el dolor y la pérdida, pero la unión que lograron forjar ha permitido que entre ellos se estén ayudando a sanar y juntos sigan luchando.

“Tenemos un grupo en WhatsApp, por el que siempre estamos en contacto. Por ahí nos pasamos las noticias y nos damos moral, porque nadie más que nosotros puede entender el dolor que sentimos. Esto nos ha unido mucho y nos ha dado las fuerzas para salir a tocar puertas, así como plantarnos en la Plaza de Bolívar para pedir por los derechos de nuestros muchachos”, aseguró César Ojeda, padre de César Alberto Ojeda, quien tenía 22 años cuando murió en el atentado.

La lucha de las familias comenzó el 5 de marzo, luego de que en una reunión con el entonces director general de la Policía, Óscar Atehortúa, las autoridades les aseguraron que no tenían derecho a nada, pues los jóvenes que fueron víctimas en el atentado eran estudiantes y, por consiguiente, aún no pertenecían a la institución.

“Muchos de ellos decidieron entrar a la Policía por ayudar a sus familias. Once de los jóvenes que fallecieron tenían becas completas, porque sus familias eran muy humildes, como la de Cristian Camilo Maquilón, quien fue llamado porque era un deportista de alto rendimiento. Ellos eran de los que más necesitaban el apoyo del Gobierno”, manifestó Francisco Marulanda, padre del joven de 19 años Juan Esteban Marulanda, una de las 22 víctimas.

Al obtener esta respuesta, les tocó salir a pedir ayuda. Comenzaron a protestar en la Plaza de Bolívar y tocar puertas en el Gobierno central y el Congreso. Los escucharon, “fue duro, pero luego el presidente Duque se dio cuenta de que necesitábamos respaldo y él mismo solicitó que se aprobara la Ley de honores”, afirmó Marulanda.

La ley no solo permitió darle la nacionalidad por adopción a la ecuatoriana Érika Sofía Chico Vallejo y el grado, de forma póstuma, de subtenientes a los 22 cadetes víctimas, sino que además les permite a las familias recibir el reconocimiento prestacional y pensional correspondiente.

Las familias saben que este es solo el primer paso, pues, en el caso de la familia de la ecuatoriana Érika Sofía Chico, aunque recibieron los honores de la joven en Colombia, aún están a la espera de que le den el ascenso en Ecuador. “Al principio, el país lo ofreció, pero luego me lo negaron. No ha habido apoyo psicológico, más bien me han descargado mucho por la negativa de los altos mandos”, aseguró Roberto Chico, padre de la joven.

Asimismo, las familias consideran que a pesar de que en el aspecto psicosocial han tenido el apoyo, no ha ocurrido lo mismo en materia judicial, pues se consideran alejados del caso y, más allá de eso, les preocupa la forma en que avanza la investigación. Para Marulanda, “no es justo que después de un año apenas la Procuraduría esté pidiendo un informe disciplinario a la institución”.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento han sido capturadas y procesadas tres personas que habrían participado en diferentes momentos del atentado. Entre ellas está Andrés Carvajal, el primer capturado, a quien involucraron en los hechos porque en interceptaciones telefónicas habría reconocido su participación en los hechos. Es acusado de haber pagado el arriendo del lugar donde fue escondido el carro-bomba.

En Arauquita, Arauca, fue capturado Wilson Arévalo, comerciante de productos lácteos, a quien las autoridades acusan de haber movilizado el material y las armas del frente Domingo Laín Sáenz del Eln, del que sería colaborador. Su captura ocurrió luego de que se evidenciaran movimientos financieros en sus cuentas por encima de los $1.000 millones.

El último capturado fue Álvaro José Mateus, quien sería el propietario de la empresa de lácteos que el frente de guerra oriental del Eln utilizaba para lavar dinero. Su captura se dio luego de que las autoridades determinaran que, al parecer, el hombre sería uno de los principales financiadores del ataque.

Por su parte, la Procuraduría recientemente abrió una investigación disciplinaria contra los generales Carlos Enrique Rodríguez González (exdirector de la Escuela de la Policía Nacional) y Juliette Giomar Kure Parra (directora de la Dirección de Sanidad de la Institución) por no cumplir los protocolos de seguridad establecidos. De esta forma se busca determinar en qué falló la seguridad el día del atentado.

Por ahora, se espera que, el próximo 28 de febrero, la Fiscalía vincule formalmente al comando central del Eln en la investigación por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa, mientras que hoy en la Escuela de Cadetes General Santander se tendrá una ceremonia en homenaje a las víctimas, en la que se entregará el monumento conmemorativo y se celebrará el día 17 de enero como fecha oficial del estudiante de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional de Colombia.

No todos los padres de los ahora subtenientes estarán en Bogotá. La mayoría han asistido, a lo largo de esta semana a ceremonias y eucaristías particulares en sus ciudades de origen, como es el caso de César Ojeda, quien estará en el evento conmemorativo en Floridablanca, o Roberto Chico, quien anoche presenció el homenaje en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Quito. 

Lo que se espera es que hoy se vuelvan a abrir las puertas de la Escuela General Santander, mientras los familiares ruegan para que se garantice que esto no vuelva a ocurrir. “Lo que queremos es que se proteja a las guarniciones para que nadie más tenga que recibir a su hijo en una caja sellada. Nuestros jóvenes quedaron en la Escuela y esperamos que eso no sea en vano”, concluyó Marulanda.