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Las últimas semanas, los principales entes de control de Bogotá, Personería y Contraloría, realizaron recorridos por el sistema de recolección de agua, Chingaza, compuesto por dos embalses y clave del suministro de agua de cerca del 70 % de la población capitalina. Como resultado de las visitas e investigaciones de la Contraloría, se halló un presunto detrimento de $32.000 millones a causa del abandono de las obras de ampliación de la Planta Wiesner.
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Y es que esta planta potabiliza el 80 % del agua que se consume en Bogotá y La Calera. El agua que llega a Wiesner proviene del páramo de Chingaza y que son embalsados en Chuza y San Rafael, zonas en donde las últimas semanas la sequía ha tenido a la ciudad al borde de endurecer aún más el racionamiento de agua. En medio de este contexto es que la Contraloría informó del hallazgo fiscal:
“Por la optimización de la Planta Wiesner tenemos un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) por más de $37 mil millones, ya que el contratista dejó abandonada la obra en 2017, obra que es indispensable para garantizar la calidad y la cobertura del agua potable de los bogotanos”, indicó el Contralor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
El Contralor enfatizó que vigilará cada peso que se invierta en operación y mantenimiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua de la capital del país, e informó que por el contrato adjudicado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para la optimización de la Planta Wiesner hay un Proceso de Responsabilidad Fiscal, ya que el contratista dejó la obra con un avance físico del 40.73 %.
La Personería de Bogotá, constató que, a la fecha, las obras de optimización tienen un avance total del 57 %, por lo cual no podrán ser entregadas el próximo febrero, como estaba establecido a inicio del año. No obstante, el personal de la planta reportó a la entidad que se trabaja en una última prórroga hasta mediados de 2025, lapso de tiempo en el cual se espera terminar la totalidad del proyecto.
Adicional al proceso de la Contraloría, la Personería alertó en un informe que las demoras en la ejecución de este proceso han costado a la ciudad cerca de $200.000 millones, pese a que, cuando fue firmado el contrato la primera vez, el valor estimado de las ampliaciones era de $96.000 millones. De esa cantidad, el Distrito alcanzó a desembolsar al menos $50.000 millones al primer contratista, que ante la caducidad inevitable del lapso del contrato, decidió abandonar la obra y, desde entonces, se encuentra librando un litigio con el Distrito en tribunales.
En marzo de 2022, el Acueducto inició otro proceso de contratación en el cual adjudicó nuevamente el proceso de ampliación pero, esta vez, a un consorcio de empresas chinas. Este nuevo contrato se firmó por la suma de $141 mil millones y ha tenido unas fases complejas de adaptación, por parte de los nuevos encargados, ante el caos y poco avance que dejó el anterior contratista.
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Por Redacción Bogotá
