En medio de las primeras acciones judiciales y resultados en el proceso por la muerte de Yulixa Toloza, víctima de un procedimiento estético, en un establecimiento que operaba de manera ilegal, Juan Camilo Caicedo, representante de la familia de la víctima, habló con El Espectador del complejo panorama jurídico en búsqueda de justicia.
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Kelvis Daniel Sequera, un taxista de Guanare (Venezuela), y Jesús Hernández Morales, maestro de construcción y tío de la dueña de Beauty Láser (María Fernanda Delgado Hernández), son los primeros imputados y afectados con medida de aseguramiento. Pero aún quedan dudas sobre el proceso con los tres capturados en Venezuela, sobre quienes pesa, no solo la muerte de la mujer de 52 años, sino también su desaparición y operación de la estética ilegal que por más de dos años operó en Bogotá.
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¿Cómo reciben ustedes la decisión de enviar a la cárcel a los dos primeros implicados en este caso?
Hubo una imputación por dos delitos contra las dos personas que estaban destinadas a ocultar el vehículo en el que la señora Yulixa fue transportada, para despojarse del cuerpo. Se les imputaron los delitos de favorecimiento y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio. Posteriormente se hizo una audiencia de medida de aseguramiento en la que la Fiscalía mostró la evidencia que da cuenta del trabajo policial. Una evidencia muy sólida que mostró, a modo de inferencia, la responsabilidad de estos ciudadanos. En ese sentido, el Juez Quinto de Cúcuta procedió a imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión contra ambos.
¿Qué elementos de prueba considera los más sólidos, si en la audiencia dijeron desconocer los planes?
Aquí hay que dividir los elementos materiales probatorios en dos. Primero, lo que apunta a la desaparición forzada y el homicidio doloso eventual de la señora Yulixa. Y segundo, lo que apunta a tratar de desaparecer ese vehículo. ¿Por qué lo primero es importante? Porque el delito de favorecimiento se agrava cuando el favorecimiento está dado para tratar de esconder conductas de homicidio o desaparición forzada. Entonces aquí la Fiscalía ya hizo un muy buen trabajo probando esa desaparición forzada y dando los primeros insumos para inferir que existe un homicidio doloso eventual.
¿Qué evidencias resalta?
Hay una evidencia muy sólida: los chats entre la señora María Fernanda Delgado (dueña de Beauty Láser) y los imputados (Sequera y Hernández), específicamente con su tío. Ahí se puede observar que ella le menciona que cuando vayan a despojarse del vehículo usen tapabocas, que miren para todos lados, que no miren cámaras. Además, en un punto de la conversación el imputado le pregunta si ya encontraron “eso”, a lo que ella responde que no, que eso no era.
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Eso coincide justamente con una noticia del 16 de mayo en la que presuntamente habían encontrado un cuerpo que coincidía con el de la señora Yulixa, pero que en realidad correspondía a otra persona hallada en Garzón, Huila. Cuando ella se da cuenta de eso, rápidamente entiende que no se trataba del cuerpo de Yulixa. Es un indicio muy importante, además de las entrevistas dadas por los imputados, en las cuales se evidencia que desde un principio sabían para qué estaban moviendo ese vehículo y que su tarea iba encaminada a tratar de ocultar un crimen anterior.
¿Por estos delitos qué penas podrían enfrentar?
El favorecimiento tiene penas cercanas a cuatro años, pero aquí hay un concurso de conductas punibles. Esto sin mencionar que eventualmente la Fiscalía puede adicionar la imputación para imponer circunstancias de mayor punibilidad. Entonces es difícil hablar desde ya de un monto específico, pero podría oscilar entre seis, siete u ocho años.
¿Qué tan complejo ve el proceso con los tres capturados en Venezuela? ¿Cómo ven el panorama de extradición?
El inconveniente principal es que estas personas huyeron a su país de origen, Venezuela, y la Constitución venezolana tiene una prohibición de extradición. No obstante, existe el Tratado Bolivariano de 1911, que sigue vigente y avala la extradición entre las naciones bolivarianas: Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc. ¿Qué se ha observado en el último tiempo? Que Venezuela aplica su postulado constitucional y no extradita a sus nacionales. Sin embargo, en Venezuela hay un cambio de régimen judicial. La semana pasada hubo noticias de Delcy Rodríguez postulando nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia.
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Aquí la Fiscalía y el Estado colombiano tendrán que hacer su tarea: solicitar la extradición y solicitar que se aplique el artículo 27 de la Convención de Viena, que establece que los tratados internacionales son obligatorios para las partes. Pero, en todo caso, mientras eso ocurre, la Fiscalía tendrá que avanzar con el proceso, ya sea con ellos respondiendo desde la distancia o con una declaratoria de contumacia, para que el proceso siga en Colombia.
¿Cree que este caso sentará un precedente con el tema de la extradición?
Aquí se necesita garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Necesitamos saber qué fue lo que ocurrió con Yulixa. Existe una verdad procesal, pero, además, se tienen que enviar mensajes. El primero es que estos procedimientos estéticos en lugares no apropiados y fraudulentos no pueden seguir ocurriendo ni en Bogotá ni en ninguna ciudad del país. Pero segundo, no podemos permitir que ciudadanos extranjeros vengan a Colombia a delinquir y posteriormente se escuden en la prohibición de extradición de sus países para no responder por sus delitos. El Estado colombiano, desde el punto de vista diplomático y usando los canales del derecho internacional, tiene que hacerse respetar.
Desde el punto de vista penal, ¿qué tan graves son las conductas de los tres que están en Venezuela?
Aquí hay dos delitos muy graves, sin perjuicio de que existan más. En primer lugar, existe un delito de desaparición forzada, pero también un homicidio doloso. Aquí no estamos en un escenario de culpa, sino en un escenario de dolo (con intención). Ellos, al momento de realizar este procedimiento, sabían que era probable que se complicara y que eso terminara con la muerte de Yulixa, y aun así decidieron seguir adelante. Dejaron eso librado al azar, con la consecuencia de la muerte.
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Eso se agrava más porque, según los elementos que se tienen, el procedimiento se practica, ella presenta complicaciones y aquí lo lógico habría sido llevarla a un establecimiento médico. Nadie necesita ser médico para entender que esa era la conducta requerida. Cualquier persona lo habría hecho. Pero en vez de eso, lo que hacen es dejarla a merced de las circunstancias y posteriormente, ya con ella muerta, despojarse de ella en algún lugar para dejar su crimen impune. Entonces aquí tenemos esas dos conductas, sin perjuicio de que eventualmente también pueda existir destrucción u ocultamiento de pruebas.
¿Pueden existir más implicados o nuevas capturas?
Los capturados en Venezuela no están allá por este caso, sino por otro delito, por el cual fueron procesados en ese país, un delito que incluso, por lo que vi, ni siquiera sería delito en Colombia. Ahora, si puede haber más capturas, la Fiscalía deberá seguir haciendo su indagación, recolectando elementos materiales probatorios y, si se observa que otras personas están implicadas en el caso, tendrán que emitirse las correspondientes órdenes de captura, para que sean judicializadas.
¿Cuál es la expectativa de la familia?
Nada más y nada menos que se haga justicia. Este es un caso grave: el homicidio de una mujer que, como muchas personas y con toda normalidad, confió en poder hacerse un procedimiento médico estético sin ningún inconveniente. Miles de personas en Colombia se realizan este tipo de procedimientos y lo que debe garantizarse son todos los estándares de calidad. Aquí no se garantizaron esos estándares. Se actuó de una manera indebida, fraudulenta, atentando contra su vida y causando finalmente su muerte. Lo que se requiere es que haya justicia, que se impongan las penas correspondientes y que este caso sirva como mensaje para que algo así jamás vuelva a ocurrir. También es necesario que los gobiernos territoriales y el Gobierno Nacional tomen cartas en el asunto y no permitan que centros estéticos de dudosa procedencia sigan realizando procedimientos que ponen en peligro a la población.
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Por Juan Camilo Parra
