¿Abuso de autoridad de la Policía?
Gas pimienta arrojado por policías en el interior de un bar habría asfixiado a las víctimas. Dos uniformados involucrados en el operativo fueron separados del servicio. Controversia.
Redacción Bogotá
¿Es desproporcional, excesivo y abusivo que agentes de la Policía hayan arrojado gas pimienta en el interior de un recinto cerrado para presionar la salida de quienes allí se encontraban? ¿Los uniformados deben ser condenados por el delito de homicidio, ante el deceso de seis personas que aparentemente murieron asfixiadas (ver nota arriba) por el gas pimienta, en principio considerado un arma no letal?
Son apenas dos de los interrogantes que surgen tras el operativo policial desarrollado en la madrugada de ayer en el Club Social y Deportivo Night Club, ubicado en el segundo piso de un local de la avenida Primero de Mayo con Caracas, en el sur de Bogotá.
Inquietudes que deberán ser resueltas por la Fiscalía, en un proceso penal que determinará la eventual responsabilidad de los uniformados en la muerte de cinco mujeres y un hombre que a la hora de los hechos departían en el interior del bar junto con otras personas que fueron sometidas a un riesgo que no debían soportar, así el lugar tuviera permiso para funcionar hasta la 1:00 a.m. Es posible, además, que los familiares de las víctimas fatales demanden a la Policía ante el Consejo de Estado para lograr una indemnización por la pérdida de sus seres queridos.
Por ahora, el relato de los testigos indica que hacia las cinco de la mañana del domingo la Policía irrumpió para acabar con el frenesí de la fiesta.
Testigos afirman que la Policía, ante la negativa de los administradores del sitio a abrir la puerta para su evacuación arrojaron gases pimienta. “La gente se empezó a asfixiar y yo abrí la puerta para que salieran, pero la Policía no dejó y empezaron a agredirlos con choques eléctricos y a echar gases porque la idea era llevar a todo el mundo para la Unidad Permanente de Justicia”, aseguró Luz Marina de la Peña, dueña del negocio, quien agregó que la Policía “rompió lámparas y ventanas, e impidieron que las personas grabaran con su celular”.
El alcalde Gustavo Petro afirmó a través de su cuenta de Twitter que “no puede ser que una intervención policial mate más gente que si no hubiera intervenido. La falla está en los métodos de intervención”. Por parte del Distrito también se pronunció el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Lo más importante es saber qué fue lo que sucedió, porque aquí hubo supuestamente un llamado que se hizo a raíz de que había una supuesta riña, y una riña no puede terminar en un club con seis muertes por asfixia o lo que haya sido. La Corte ha sido clara en que la Fuerza Pública debe evitar el uso desproporcionado de la fuerza”.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Eduardo Martínez, coincide con Jaramillo al afirmar que la acción se produjo por una riña en el interior del amanecedero y que no hay certezas sobre las circunstancias en las que fueron disparados los gases. Además, recalcó que el establecimiento había sido cerrado varias ocasiones. De acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional, “se ha tomado la decisión de apartar del servicio a dos uniformados, quienes atendieron el procedimiento, con el fin de garantizar el desarrollo de las investigaciones”.
Funcionarios del Distrito que han acompañado a la Fiscalía en las primeras horas de la investigación, dicen que el CTI se está preguntando dos cosas en particular: si ya se había sellado el sitio en diversas ocasiones, si se sabía que sólo tenía una puerta pequeña para su evacuación y que eran los administradores quienes cometían el ilícito, ¿por qué arrojar los gases en el interior del establecimiento? Segundo, ¿por qué una vez echados los gases se impidió la salida de las personas, ocasionando así el pánico en el local? Además, según la misma fuente, en la entidad hay indignación, pues el general Martínez no debió salir a pedir la acción judicial toda vez que, si los hechos involucran a uniformados, el CTI está obligado a asumir, de oficio, las investigaciones del caso.
El debate trascendió hacia la regulación de este tipo de locales comerciales. Jaramillo explicó que “el establecimiento había sido cerrado varias veces y continuó funcionando. Tenemos una situación muy laxa y por eso hemos discutido con la doctora Mónica de Greiff, en la Cámara de Comercio, sobre la aparición de clubes, corporaciones y sindicatos provenientes de otros lugares como Villavicencio y Valledupar para evadir la ley. Están camuflando dentro de un club o un sindicato una actividad en muchas ocasiones ilícita”.
Felipe Cuervo, quien coordina un programa de Zonas de Rumba Segura con el apoyo del Distrito, dice en la Primero de Mayo con Caracas no es común hallar ‘rumbeaderos’ y que, los que hay, aprovechan el aislamiento para trabajar hasta la mañana. “Creería que, por protocolo, la Policía no puede implementar el uso de gases pimienta si no está generando al tiempo una ruta para la evacuación. En estos casos no se recomienda el uso de la fuerza, puesto que, quien está cometiendo el ilícito es el propietario, no el usuario”, afirmó.
Además, sostuvo que el procedimiento en este tipo de casos usualmente es simple. “La Policía tiene que llegar y prender luces. Si no la dejan entrar, esperar a establecer un diálogo con el propietario. Deben dejar salir a la gente del local. Aquí lo importante era que la gente saliera a las buenas. Si ellos no tienen certezas sobre lo que está ocurriendo, no pueden abrir las puertas de una confrontación porque no pueden medir proporcionalidad de fuerzas si es que hay conatos de violencia”.
No es la primera vez, durante el último año, que la Policía tiene confrontaciones en establecimientos públicos de la ciudad. Desde el 18 de mayo de 2013, algunos uniformados son investigados por el supuesto uso de tasers (armas electrochoque) en La Peluquería, un centro cultural ubicado en el barrio La Candelaria.
¿Brutalidad o medida justa?
Los seis fallecimientos podrían haberse generado por el uso del gas pimienta, empleado por la Policía. Este gas es “un arma no letal” que causa el cierre inmediato de los ojos, tos, dificultad en la respiración, irritación en la piel y ceguera temporal. A largo plazo puede provocar cambios en la sensibilidad de la córnea y en ocasiones excepcionales puede causar la muerte. Según la Policía Nacional, el uso de este gas “mal empleado, sin sujeción a la norma o los reglamentos, se convierte en brutalidad y, que bien empleada, se presenta como justa y necesaria y nos hace aparecer como seres civilizados”. Además, el uso de las armas no letales “se justifica cuando el Policía actúa en ejercicio de sus funciones y se enfrenta ante la imposibilidad de hacer cumplir la ley por otras formas como el diálogo, la persuasión o la advertencia”.
La identidad de las víctimas
En la noche de este domingo la Secretaría de Gobierno reveló la identidad de las personas que murieron en confusos hechos en el bar Night Club: Ana Teostita Rada Puche, Leidy Johana Muñoz, Andrés Camilo Rincón, Andrea Pinzón Salgado y Nelly Catherine Rincón. Aún falta establecer la identidad de otra mujer que falleció en las mismas circunstancias.
Adicionalmente, se sabe que Tania Magdey Quirama Rodríguez, de 23 años, y Claudia Lozano Martínez , de 26, se encuentran en observación por : intoxicación alcohólica y politraumatismo.
¿Es desproporcional, excesivo y abusivo que agentes de la Policía hayan arrojado gas pimienta en el interior de un recinto cerrado para presionar la salida de quienes allí se encontraban? ¿Los uniformados deben ser condenados por el delito de homicidio, ante el deceso de seis personas que aparentemente murieron asfixiadas (ver nota arriba) por el gas pimienta, en principio considerado un arma no letal?
Son apenas dos de los interrogantes que surgen tras el operativo policial desarrollado en la madrugada de ayer en el Club Social y Deportivo Night Club, ubicado en el segundo piso de un local de la avenida Primero de Mayo con Caracas, en el sur de Bogotá.
Inquietudes que deberán ser resueltas por la Fiscalía, en un proceso penal que determinará la eventual responsabilidad de los uniformados en la muerte de cinco mujeres y un hombre que a la hora de los hechos departían en el interior del bar junto con otras personas que fueron sometidas a un riesgo que no debían soportar, así el lugar tuviera permiso para funcionar hasta la 1:00 a.m. Es posible, además, que los familiares de las víctimas fatales demanden a la Policía ante el Consejo de Estado para lograr una indemnización por la pérdida de sus seres queridos.
Por ahora, el relato de los testigos indica que hacia las cinco de la mañana del domingo la Policía irrumpió para acabar con el frenesí de la fiesta.
Testigos afirman que la Policía, ante la negativa de los administradores del sitio a abrir la puerta para su evacuación arrojaron gases pimienta. “La gente se empezó a asfixiar y yo abrí la puerta para que salieran, pero la Policía no dejó y empezaron a agredirlos con choques eléctricos y a echar gases porque la idea era llevar a todo el mundo para la Unidad Permanente de Justicia”, aseguró Luz Marina de la Peña, dueña del negocio, quien agregó que la Policía “rompió lámparas y ventanas, e impidieron que las personas grabaran con su celular”.
El alcalde Gustavo Petro afirmó a través de su cuenta de Twitter que “no puede ser que una intervención policial mate más gente que si no hubiera intervenido. La falla está en los métodos de intervención”. Por parte del Distrito también se pronunció el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Lo más importante es saber qué fue lo que sucedió, porque aquí hubo supuestamente un llamado que se hizo a raíz de que había una supuesta riña, y una riña no puede terminar en un club con seis muertes por asfixia o lo que haya sido. La Corte ha sido clara en que la Fuerza Pública debe evitar el uso desproporcionado de la fuerza”.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Eduardo Martínez, coincide con Jaramillo al afirmar que la acción se produjo por una riña en el interior del amanecedero y que no hay certezas sobre las circunstancias en las que fueron disparados los gases. Además, recalcó que el establecimiento había sido cerrado varias ocasiones. De acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional, “se ha tomado la decisión de apartar del servicio a dos uniformados, quienes atendieron el procedimiento, con el fin de garantizar el desarrollo de las investigaciones”.
Funcionarios del Distrito que han acompañado a la Fiscalía en las primeras horas de la investigación, dicen que el CTI se está preguntando dos cosas en particular: si ya se había sellado el sitio en diversas ocasiones, si se sabía que sólo tenía una puerta pequeña para su evacuación y que eran los administradores quienes cometían el ilícito, ¿por qué arrojar los gases en el interior del establecimiento? Segundo, ¿por qué una vez echados los gases se impidió la salida de las personas, ocasionando así el pánico en el local? Además, según la misma fuente, en la entidad hay indignación, pues el general Martínez no debió salir a pedir la acción judicial toda vez que, si los hechos involucran a uniformados, el CTI está obligado a asumir, de oficio, las investigaciones del caso.
El debate trascendió hacia la regulación de este tipo de locales comerciales. Jaramillo explicó que “el establecimiento había sido cerrado varias veces y continuó funcionando. Tenemos una situación muy laxa y por eso hemos discutido con la doctora Mónica de Greiff, en la Cámara de Comercio, sobre la aparición de clubes, corporaciones y sindicatos provenientes de otros lugares como Villavicencio y Valledupar para evadir la ley. Están camuflando dentro de un club o un sindicato una actividad en muchas ocasiones ilícita”.
Felipe Cuervo, quien coordina un programa de Zonas de Rumba Segura con el apoyo del Distrito, dice en la Primero de Mayo con Caracas no es común hallar ‘rumbeaderos’ y que, los que hay, aprovechan el aislamiento para trabajar hasta la mañana. “Creería que, por protocolo, la Policía no puede implementar el uso de gases pimienta si no está generando al tiempo una ruta para la evacuación. En estos casos no se recomienda el uso de la fuerza, puesto que, quien está cometiendo el ilícito es el propietario, no el usuario”, afirmó.
Además, sostuvo que el procedimiento en este tipo de casos usualmente es simple. “La Policía tiene que llegar y prender luces. Si no la dejan entrar, esperar a establecer un diálogo con el propietario. Deben dejar salir a la gente del local. Aquí lo importante era que la gente saliera a las buenas. Si ellos no tienen certezas sobre lo que está ocurriendo, no pueden abrir las puertas de una confrontación porque no pueden medir proporcionalidad de fuerzas si es que hay conatos de violencia”.
No es la primera vez, durante el último año, que la Policía tiene confrontaciones en establecimientos públicos de la ciudad. Desde el 18 de mayo de 2013, algunos uniformados son investigados por el supuesto uso de tasers (armas electrochoque) en La Peluquería, un centro cultural ubicado en el barrio La Candelaria.
¿Brutalidad o medida justa?
Los seis fallecimientos podrían haberse generado por el uso del gas pimienta, empleado por la Policía. Este gas es “un arma no letal” que causa el cierre inmediato de los ojos, tos, dificultad en la respiración, irritación en la piel y ceguera temporal. A largo plazo puede provocar cambios en la sensibilidad de la córnea y en ocasiones excepcionales puede causar la muerte. Según la Policía Nacional, el uso de este gas “mal empleado, sin sujeción a la norma o los reglamentos, se convierte en brutalidad y, que bien empleada, se presenta como justa y necesaria y nos hace aparecer como seres civilizados”. Además, el uso de las armas no letales “se justifica cuando el Policía actúa en ejercicio de sus funciones y se enfrenta ante la imposibilidad de hacer cumplir la ley por otras formas como el diálogo, la persuasión o la advertencia”.
La identidad de las víctimas
En la noche de este domingo la Secretaría de Gobierno reveló la identidad de las personas que murieron en confusos hechos en el bar Night Club: Ana Teostita Rada Puche, Leidy Johana Muñoz, Andrés Camilo Rincón, Andrea Pinzón Salgado y Nelly Catherine Rincón. Aún falta establecer la identidad de otra mujer que falleció en las mismas circunstancias.
Adicionalmente, se sabe que Tania Magdey Quirama Rodríguez, de 23 años, y Claudia Lozano Martínez , de 26, se encuentran en observación por : intoxicación alcohólica y politraumatismo.