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La emergencia minera en la vereda Las Peñas, en el municipio de Sutatausa, dio un giro definitivo tras confirmarse que las actividades en el lugar se desarrollaban de manera ilegal. La Secretaría de Energía y Minería Sostenible de Cundinamarca reveló este viernes que las dos bocaminas involucradas en el siniestro, identificadas como San Antonio 1 y San Antonio 2, tenían una prohibición explícita de funcionamiento.
En contexto: Accidente minero en Sutatausa deja una víctima fatal y cuatro operarios atrapados
El accidente, ocurrido la mañana del jueves 4 de junio, dejó a seis mineros atrapados. Tras las primeras atenciones de la emergencia, la delegación departamental de bomberos confirmó el rescate de dos trabajadores, uno de los cuales lamentablemente falleció miutos después de la evacuación.
Por otro lado, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, los trabajos de rescate para dar con los cuatro mineros que continúan en el socavón se han visto rezagados por una alta acumulación de gases que pone en riesgo tanto a los trabajadores atrapados como a las quienes que lideran los operativos de rescate.
La mina operaba sin autorización
De acuerdo con el reporte del despacho departamental, el título minero cuenta con un contrato de asociación vigente desde 1996, lo que establece un responsable directo ante la Agencia Nacional de Minería (ANM). Sin embargo, en el último informe de fiscalización técnica realizado por la autoridad competente, se había ordenado la imposición de una medida administrativa restrictiva. “Tenían prohibida la actividad en las bocaminas; es decir, hay un incumplimiento directo de la directriz de la Agencia Nacional de Minería”, confirmó la entidad gubernamental.
A este panorama administrativo se suman las dificultades para el acceso de los organismos de socorro. El personal técnico que acompaña el Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por el alcalde local, Jhonatan Ricardo Ojeda, informó que se ha intentado ingresar de forma repetida al socavón a través de varios pozos inclinados, pero las condiciones de la estructura lo ha impedido. “Las condiciones de la bocamina no son las mejores, pero protegiendo la integridad de los socorredores, estamos en busca de nuevas alternativas”, detallaron las autoridades del PMU en el terreno.
Fiscalización y apoyo a las familias
La revelación de la operación clandestina reabrió el debate sobre el alcance de las inspecciones locales. Desde la Gobernación de Cundinamarca se explicó que, bajo la normativa vigente, la fiscalización de los títulos o contratos recae exclusivamente en la autoridad minera y ambiental. El departamento dispone de un grupo de asistencia técnica enfocado en el acompañamiento a los trabajadores y la protección de recursos, pero carece de facultades legales de intervención si el titular se opone. “Si el titular no está de acuerdo, no tenemos potestad para ingresar”, admitió la Secretaría.
Mientras se definen las nuevas rutas e ingeniería para sortear los bloqueos físicos dentro de la mina, brigadas de la Cruz Roja, personal médico y funcionarios de la administración de Sutatausa continúan brindando apoyo y acompañamiento psicosocial a los familiares de los cuatro mineros que permanecen atrapados, así como a los allegados del operario fallecido.
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Por Redacción Bogotá
