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La seguridad es una de las variables que, no solo incide en la percepción y comportamiento de los ciudadanos, sino también en las decisiones empresariales y de inversión de una ciudad. Por eso, la medición de los indicadores de percepción de seguridad y de victimización, y las conclusiones de lo que de allí se deriven son fundamentales a la hora de tomar decisiones de política pública.
La Cámara de Comercio de Bogotá en un aporte a la ciudad capital realiza desde hace más de 20 años la Encuesta de Percepción y Victimización, con la cual busca brindar información de calidad y complementaria para evaluar la pertinencia, el impacto y efectividad de las políticas de seguridad en la capital, fundamentales para la construcción de un entorno favorable para los negocios. La última fue la aplicada para la medición de 2020.
La percepción de seguridad no puede entenderse como un fenómeno en sí mismo, sino que por el contrario es la conjunción de variables subjetivas de cada individuo y las relaciones colectivas de estos con la ciudad y sus habitantes. De ahí la importancia de esforzarse por comprender las razones por las que, en los últimos 5 años, en promedio el 41% de los ciudadanos en Bogotá han expresado que el barrio en el que habitan es seguro, mientras que el 57% considera que la inseguridad en la ciudad ha aumentado en los últimos cinco años.
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La apreciación de la ciudadanía sobre la seguridad se ha constituido como un referente para las Administraciones locales a nivel mundial. Es por esa razón que desde hace 22 años esta entidad recoge las sensaciones de los ciudadanos en materia de seguridad, basando su estudio en modelos de comportamiento de los ciudadanos, como por ejemplo su interacción con las instituciones, y factores del entorno capitalino entre los que se cuentan el espacio y transporte públicos, entre otros.
Ahora bien, el diseño, la ejecución y evaluación de las estrategias para incidir de manera positiva en la dimensión subjetiva de la seguridad, obliga a las autoridades y a la totalidad de las instituciones públicas a reflejar coordinación y sobre todo mostrar resultados. En este sentido, una agenda de seguridad pensada para los ciudadanos debe considerar el nivel de victimización, el uso de la violencia en los mismos, la visibilidad reflejada en ciudadanos que han sido testigos de estos hechos, las condiciones de prestación de servicios de transporte público masivos como el Transmilenio, los posibles efectos de unas calles oscuras y en ocasiones con problemas de aseo, los problemas de convivencia entre ciudadanos, la buena y cercana prestación de servicios esenciales como el de policía, y por supuesto la manera en que se construyen y publican las historias de seguridad día a día.
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Bogotá debe tener una agenda de seguridad volcada hacia el ciudadano, con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad en los barrios y reducir el porcentaje de personas que consideran que las condiciones de seguridad en la ciudad se deterioran año tras año. Para ello, uno de los caminos es acercar a los habitantes a las instituciones y por supuesto velar por la consolidación de entornos que favorezcan el disfrute de la ciudad, pero que también proteja y fomente el desarrollo económico y el crecimiento de las empresas.
Estamos ante un momento crucial en el que el proceso de reactivación económica y de la vida social exige que los ciudadanos sientan el respaldo de sus instituciones y gobernantes para superar los miedos asociados a la pandemia con un claro y contundente enfoque en las necesidades de seguridad. Asimismo, el conjunto de la ciudad debe continuar con el camino de construcción de infraestructura competitiva, medios de transporte eficientes en su funcionamiento, calles ordenadas y con presencia institucional, y por supuesto participación de los ciudadanos y empresarios en la edificación de acciones concretas y cotidianas, que favorezcan un entorno sano y competitivo.
*Vicepresidente de articulación público-privada de la Cámara de Comercio de Bogotá