Mediante un decreto, la Alcaldía de Bogotá pretende reglamentar la estrategia “Bogotá a cielo abierto 2.0”, una estrategia que consiste en la revitalización del espacio público en la capital y las actividades que en este se realicen para aprovecharlas económicamente, la cual se ha implementado como una alternativa para que restaurantes, cafés, bares y otros comercios puedan operar con medidas de bioseguridad que mitiguen el contagio por Covid-19.
En el documento se señalan las actividades que pueden realizarse bajo esta estrategia y el pago que deben realizar al Distrito como retribución por el beneficio obtenido por el uso del espacio púbico.
El artículo 3 establece como actividades principales la gastronomía y los “Food Trucks” (vehículos adaptados para vender comidas) y como actividades complementarias los artistas en espacio público y la filmación de obras audiovisuales.
Según explicó la directora del Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público, Diana Rodríguez Cortés, el cobro “será progresivo y puede ser pago en especie por parte de los comerciantes y que retornará el mejoramiento del espacio público en la ciudad; el cobro iniciará en el mes de octubre y se tendrán tres meses de transición”.
De hecho, el borrador de decreto indica que, después de esos tres el pago se hará de manera porcentual y progresiva, así: vigencia 2021, pago del 20 % del valor de retribución; vigencia 2022, pago del 50 % del valor de retribución; y vigencia 2023, pago del 100 % del valor de retribución.
Los dineros recaudados por este pago serán invertidos en iluminación, seguridad y urbanismo. Así mismo, se busca que los sectores que hagan parte de la estrategia “Bogotá a cielo abierto 2.0” sean los que intervengan e inviertan en el espacio público que usan e incluyan en estos a artistas callejeros y vendedores ambulantes.
Sin embargo, este anuncio del Distrito -que se venía cocinando desde octubre de 2020- no cayó bien en políticos de la ciudad, quienes consideran que con este cobro se desincentivaría la reactivación económica. Como el caso de los concejales Lucía Bastidas (Alianza Verde) y Rolando González (Cambio Radical).
Igualmente, desde la Federación Nacional de Comerciantes (Bogotá) rechazaron este decreto por considerarlo inconveniente para los comerciantes en la ciudad. Su director, Juan Esteban Orrego, aseguró que “todavía tenemos nuestros establecimientos con aforos limitados. Hacer esto va a generar un efecto totalmente contrario a lo que ellos están buscando, pues la tributación se caería y cada vez seríamos menos competitivos con la informalidad”.
El decreto deberá pasar a sanción por parte de la alcaldesa Claudia López y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
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