Admiten acción popular contra la tala de árboles en el suroccidente de Bogotá

El juez 55 administrativo de Bogotá aceptó la acción popular interpuesta por la comunidad y el concejal Roberto Hinestrosa (Cambio Radical), con la que se busca evitar la tala e incrementar la siembra de árboles en localidades del suroccidente de Bogotá, para mitigar los altos niveles de emisiones contaminantes, que este año, han dejado como saldo la declaración de tres aletas naranjas ambientales en esta zona.

>>>Lea: Acueducto de Bogotá desiste de talar 462 árboles por cambio de tubería

Mediante la solicitud, se contempla tomar medidas cautelares para suspender las autorizaciones de tala y traslado de árboles en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda, así como incrementar las labores de siembra de árboles, hasta que se cumpla con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican que debe existir como mínimo un árbol por cada tres personas. 

Otras de las acciones que se reclaman son controlar y reducir la movilidad de vehículos y camiones que operen con diésel e iniciar el programa prioritario de pavimentación del 100 % de las vías de estas localidades, para evitar la suspensión de polvo producto del mal estado de los corredores. 

>>>Lea: Residentes de barrios con alerta naranja aún no saben qué está pasando con el aire en Bogotá

Por último, se pidió el incremento del número de estaciones de monitoreo del aire, pasando de las 13 ya existentes, a 20, para dejar como mínimo, una por localidad. 

El cabildante Hinestrosa  señaló que existe un inminente peligro para la colectividad de la ciudad, sobre todo en el suroccidente por la mala calidad del aire. "En estas cinco localidades habitan más de tres millones de personas, que representan el 30% de los habitantes de la capital, sin que se haya diseñado medidas de fondo para prevenir que se siga deteriorando la calidad de aire causando graves complicaciones de salud por enfermedades cardiorespiratorias", explicó.

Además de admitir la acción popular, el juez ordenó al Distrito que en un término de 10 días, conteste la demanda, y convocó a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General  y la Personería de Bogotá para que intervengan en el proceso.

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El juez 55 administrativo de Bogotá aceptó la acción popular interpuesta por la comunidad y el concejal Roberto Hinestrosa (Cambio Radical), con la que se busca evitar la tala e incrementar la siembra de árboles en localidades del suroccidente de Bogotá, para mitigar los altos niveles de emisiones contaminantes, que este año, han dejado como saldo la declaración de tres aletas naranjas ambientales en esta zona.

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Mediante la solicitud, se contempla tomar medidas cautelares para suspender las autorizaciones de tala y traslado de árboles en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda, así como incrementar las labores de siembra de árboles, hasta que se cumpla con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican que debe existir como mínimo un árbol por cada tres personas. 

Otras de las acciones que se reclaman son controlar y reducir la movilidad de vehículos y camiones que operen con diésel e iniciar el programa prioritario de pavimentación del 100 % de las vías de estas localidades, para evitar la suspensión de polvo producto del mal estado de los corredores. 

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Por último, se pidió el incremento del número de estaciones de monitoreo del aire, pasando de las 13 ya existentes, a 20, para dejar como mínimo, una por localidad. 

El cabildante Hinestrosa  señaló que existe un inminente peligro para la colectividad de la ciudad, sobre todo en el suroccidente por la mala calidad del aire. "En estas cinco localidades habitan más de tres millones de personas, que representan el 30% de los habitantes de la capital, sin que se haya diseñado medidas de fondo para prevenir que se siga deteriorando la calidad de aire causando graves complicaciones de salud por enfermedades cardiorespiratorias", explicó.

Además de admitir la acción popular, el juez ordenó al Distrito que en un término de 10 días, conteste la demanda, y convocó a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General  y la Personería de Bogotá para que intervengan en el proceso.

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