Organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos que defienden la Sabana de Bogotá cuestionaron la falta de avances en la adopción de las Directrices para el Ordenamiento Ambiental del territorio, pese a la orden judicial emitida hace casi ocho meses.
Aunque, tras la decisión en los tribunales sobre los lineamientos, El Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH) quedó como encargado de coordinar el plan de concertación entre las autoridades nacionales, municipales y gremiales para la construcción de los lineamientos, los defensores de la sabana denunciaron el estancamiento en la discusión.
Esto, según los activistas, retrasa la adopción de medidas urgentes para detener problemáticas ambiéntales de gran importancia para la ciudad, como la pérdida de humedales, la expansión urbana desordenada y el deterioro de los ecosistemas.
Debate dilatado
La petición ciudadana, respaldada por más de 380 firmas, exige que el CECH cumpla con la orden del Consejo de Estado y aborde el debate de manera prioritaria, garantizando transparencia y participación ciudadana. El alto tribunal determinó que no es necesario reiniciar el trámite del proyecto de resolución, pero sí aseguró que el CECH debe reunirse y debatir las directrices, coordinando a las distintas instituciones involucradas.
“Es urgente que las directrices sean adoptadas oficialmente y puestas en marcha. La región enfrenta una emergencia ambiental que exige decisiones inmediatas, no más aplazamientos”, señaló uno de los voceros del movimiento ciudadano.
Incluso voces del concejo han alertado sobre la urgencia de establecer las directrices. “Una vergüenza la posición de la administración de Carlos Fernando Galán, dentro de la Sesión del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), quieren dilatar el debate bajo el argumento de la transmisión de la sesión y la participación ciudadana. ¿A qué le teme Galán y sus delegados en esta instancia para discutir los lineamientos sobre la Sabana?”, se preguntó, por medio de su cuenta de X, la concejala del Pacto Histórico, Heidy Sánchez.
Entre tanto, el CECH volverá a sesionar este martes 4 de noviembre, fecha en la que los activistas esperan que se cumpla la orden judicial y se inicie el debate sobre las directrices, en cumplimiento del derecho a la información y participación consagrado también en el Acuerdo de Escazú.
El retraso en la adopción de estas medidas ha sido criticado por los defensores del territorio, quienes advierten que la omisión prolongada diluye la voluntad institucional y pone en riesgo la protección de uno de los ecosistemas más valiosos de Colombia.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
