El aire en el sector de Mochuelo, en la zona rural de Ciudad Bolívar, no solo pesa por la alta presencia de material particulado que proviene de actividades permitidas con poco control; también sufre por cuenta de la ilegalidad. En un operativo de alto impacto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Ejército Nacional desmantelaron dos fundidoras clandestinas que operaban en fosas artesanales, alimentadas con diésel, para transformar chatarra en lingotes de aluminio.
Una “cocina” de metales a cielo abierto
Durante el operativo, los profesionales de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) hallaron un escenario que da cuenta de una alta actividad: montañas de desechos metálicos que incluían contadores de gas, caperuzas de alumbrado público, partes de motores industriales y hasta ollas a presión. Estos elementos eran sometidos a procesos de combustión artesanal sin ningún tipo de ductos, filtros o sistemas de monitoreo.
¿El resultado? La quema de estos materiales en condiciones precarias libera sustancias altamente tóxicas como metano, dióxido de azufre y óxido de aluminio. Según Alfred Ballesteros, director de la CAR, el uso de diésel como combustible para las fosas agrava exponencialmente la afectación, lanzando humos irritantes sobre un ecosistema de condiciones secas que tiene baja capacidad de dispersión de contaminantes.
El fracaso de las alertas de marzo
Este hallazgo pone en perspectiva la crisis que ha vivido la localidad durante el primer trimestre de 2026. Hasta el mes de marzo, la autoridad ambiental ya había declarado dos alertas preventivas en menos de 30 días, debido a que la estación de monitoreo Bogotá Rural – Mochuelo registró niveles de PM 2.5 superiores a los 50 microgramos por metro cúbico.
Aunque en su momento se endurecieron los controles a las asfalteras, cementeras y ladrilleras de la zona, la persistencia de la mala calidad del aire sugería que algo más estaba ocurriendo en la sombra. “No es una decisión administrativa, es una alerta técnica”, había advertido Ballesteros semanas atrás. La clausura de estas fundidoras confirma que la vigilancia no puede limitarse a las chimeneas visibles del parque industrial, sino que debe penetrar en los predios rurales donde la fundición ilegal se ha convertido en un negocio que se paga con la salud respiratoria de los vecinos.
Una amenaza latente
A pesar de que las lluvias de abril han dado un respiro temporal al dispersar la nube tóxica, la CAR advierte que la batalla por el aire de Mochuelo está lejos de terminar. El sector es un punto crítico de conectividad ecológica que sigue bajo asedio por actividades sin permisos ambientales. El operativo de esta semana es solo una pieza de un rompecabezas de control que, según la entidad, incluirá nuevas medidas contundentes contra los responsables del deterioro atmosférico en la ruralidad bogotana.
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Por Redacción Bogotá
