Alcaldía de Bogotá trasladará a Usme a indígenas que viven en situaciones insalubres

El primer grito de la comunidad indígena wounnan fue en 2003, desde el barrio Lucero Bajo, Ciudad Bolívar. Seis familias desplazadas por el conflicto se internaron en las entrañas de una localidad que no les ofrecía garantías y, al no hallar una salida, se fueron asentando con otros compañeros que habían sufrido el mismo destino. Los bloques Calima y Pacífico de las Auc se habían tomado sus resguardos, ubicados entre Chocó y Valle del Cauca. Hoy, en Bogotá, son 71 familias wounnan que viven en ocho casas arrendadas. En cuatro habitaciones duermen 32 personas.

En marzo pasado, El Espectador contó la historia de Sercelino Piraza, gobernador de la comunidad wounnan en Bogotá. Su historia de los últimos años no se remite al pasado indígena en las sendas del Chocó. En ese lapso ha buscado que la situación de insalubridad y hacinamiento sea visible ante las autoridades nacionales. Preservar la cultura indígena en un ambiente hostil es la situación que sufren 14 cabildos que no han sido reconocidos por el Gobierno Nacional .

Las voces se unieron y el caso wounnan fue el primero a intervenir. La Secretaría de Salud de Bogotá realizó en febrero una investigación epidemiológica en el área indígena de Lucero Bajo. Concluyó que la comunidad “está en graves condiciones de habitabilidad, existen altos niveles de hacinamiento y precarias condiciones higiénicas que conllevan a la presencia de plagas. El terreno donde están las viviendas es zona de alto riesgo, no hay prácticas adecuadas de limpieza, no tienen un tanque de almacenamiento de agua potable y no se usa ningún tratamiento de desinfección para beber el agua”.

Tampoco hay un sistema de almacenamiento para los residuos sólidos; las bolsas de basura están regadas en la calle y los 49 niños wounnan deben compartir habitaciones en donde se transmiten las enfermedades. Según el informe, “desde enero se presenta un brote de enfermedad respiratoria aguda. Hubo dos casos de mortalidad infantil asociados a la precariedad de salud de la población”. Y agrega que en la comunidad hay seis casos de tuberculosis y dos de infección respiratoria por adenovirus, “lo cual se considera un riesgo si se tiene en cuenta que el 31% de la comunidad son menores de 13 años”.

Ante la emergencia de salud pública que fue dada a conocer por la Secretaría de Salud, el Distrito emitió un decreto para relocalizar 171 familias indígenas que viven en condiciones insalubres. La Secretaría de Hábitat, como entidad encargada de entregar los subsidios de vivienda para las familias, incluyó un punto dentro del decreto que podría cambiar la realidad de los grupos indígenas que no han sido reconocidos: “El suelo previsto en el Plan Parcial Tres Quebradas, para el desarrollo de lotes con urbanismo y unidad básica, deberá ser destinado para la reubicación de comunidades indígenas”.

Esto quiere decir que las 26 mil viviendas de interés social que la administración de Samuel Moreno iba a construir en Usme bajo el Plan Parcial Tres Quebradas serán reemplazadas por malocas para las comunidades indígenas. “La propuesta la estamos trabajando con Metrovivienda y la Alta Consejería para las Víctimas, con el fin de que las viviendas que se otorguen a las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado cumplan con las condiciones y estén acordes con las costumbres de dichas comunidades. Serán viviendas acordes al modo de vida colectivo”, explica Yency Contreras, secretaria (e) de Hábitat. Si la entidad cumple con la promesa, Bogotá sería la primera ciudad del país en crear una aldea para la población indígena desplazada.

El decreto 166 de 2014 señala que los subsidios de vivienda para indígenas son acumulables, de tal forma que varios núcleos familiares puedan comprar una casa más amplia de lo convencional. Actualmente el subsidio de la Secretaría alcanza los 26 salarios mínimos (aproximadamente $15 millones). Sin embargo, para las familias indígenas víctimas del conflicto el subsidio llega hasta los 70 salarios mínimos (cerca de $42 millones para comprar una vivienda nueva).

Paralelo a la propuesta de la Alcaldía, el Ministerio del Interior trabaja un decreto para reglamentar los “cabildos urbanos” en el país. A la fecha, la entidad ha analizado 83 solicitudes de comunidades que quieren asentarse en la ciudad y preservar sus costumbres. En los talleres del Ministerio han participado comunidades provenientes de Armenia, Cali, Puerto Asís, Florencia, Medellín y Sincelejo. De acuerdo con el último censo del DANE, en las cabeceras municipales habitan 297.485 indígenas, equivalentes al 21,57% de esta población en el país.

Con la nueva delimitación de la Cuenca Alta del Río Bogotá el Distrito tiene vía libre para utilizar las 310 hectáreas de la zona de Tres Quebradas. De hecho, se sabe que 38,4 hectáreas serán para parques y 18,2 para colegios, “hospitales y demás edificaciones de servicios sociales en la zona”. El área está limitada por el río Tunjuelo al norte, la avenida Circunvalar Sur al suroriente y al occidente por los barrios Puerta al Llano y Portal del Divino.

El terreno para crear una gran aldea indígena en Bogotá ya está definido. El problema, sin embargo, es la carrera contra reloj para reubicar a la comunidad wounnan. Por estos días, Sercelino Piraza visita casas de Ciudad Bolívar con funcionarios de la Caja de Vivienda Popular. Espera que esta semana se firmen 50 contratos para trasladar a las primeras familias.

La idea de vivir en un territorio propio no es solo un anhelo de la comunidad wounnan: 13 cabildos indígenas que no han sido reconocidos también esperan ser incluidos en el Plan de Tres Quebradas. En la administración distrital señalan que la situación actual es transitoria, porque en la ciudad existen 469.175 personas que, como Sercelino Piraza, son víctimas del desplazamiento forzado.

svalenzuela@elespectador.com

@santiagov72

El primer grito de la comunidad indígena wounnan fue en 2003, desde el barrio Lucero Bajo, Ciudad Bolívar. Seis familias desplazadas por el conflicto se internaron en las entrañas de una localidad que no les ofrecía garantías y, al no hallar una salida, se fueron asentando con otros compañeros que habían sufrido el mismo destino. Los bloques Calima y Pacífico de las Auc se habían tomado sus resguardos, ubicados entre Chocó y Valle del Cauca. Hoy, en Bogotá, son 71 familias wounnan que viven en ocho casas arrendadas. En cuatro habitaciones duermen 32 personas.

En marzo pasado, El Espectador contó la historia de Sercelino Piraza, gobernador de la comunidad wounnan en Bogotá. Su historia de los últimos años no se remite al pasado indígena en las sendas del Chocó. En ese lapso ha buscado que la situación de insalubridad y hacinamiento sea visible ante las autoridades nacionales. Preservar la cultura indígena en un ambiente hostil es la situación que sufren 14 cabildos que no han sido reconocidos por el Gobierno Nacional .

Las voces se unieron y el caso wounnan fue el primero a intervenir. La Secretaría de Salud de Bogotá realizó en febrero una investigación epidemiológica en el área indígena de Lucero Bajo. Concluyó que la comunidad “está en graves condiciones de habitabilidad, existen altos niveles de hacinamiento y precarias condiciones higiénicas que conllevan a la presencia de plagas. El terreno donde están las viviendas es zona de alto riesgo, no hay prácticas adecuadas de limpieza, no tienen un tanque de almacenamiento de agua potable y no se usa ningún tratamiento de desinfección para beber el agua”.

Tampoco hay un sistema de almacenamiento para los residuos sólidos; las bolsas de basura están regadas en la calle y los 49 niños wounnan deben compartir habitaciones en donde se transmiten las enfermedades. Según el informe, “desde enero se presenta un brote de enfermedad respiratoria aguda. Hubo dos casos de mortalidad infantil asociados a la precariedad de salud de la población”. Y agrega que en la comunidad hay seis casos de tuberculosis y dos de infección respiratoria por adenovirus, “lo cual se considera un riesgo si se tiene en cuenta que el 31% de la comunidad son menores de 13 años”.

Ante la emergencia de salud pública que fue dada a conocer por la Secretaría de Salud, el Distrito emitió un decreto para relocalizar 171 familias indígenas que viven en condiciones insalubres. La Secretaría de Hábitat, como entidad encargada de entregar los subsidios de vivienda para las familias, incluyó un punto dentro del decreto que podría cambiar la realidad de los grupos indígenas que no han sido reconocidos: “El suelo previsto en el Plan Parcial Tres Quebradas, para el desarrollo de lotes con urbanismo y unidad básica, deberá ser destinado para la reubicación de comunidades indígenas”.

Esto quiere decir que las 26 mil viviendas de interés social que la administración de Samuel Moreno iba a construir en Usme bajo el Plan Parcial Tres Quebradas serán reemplazadas por malocas para las comunidades indígenas. “La propuesta la estamos trabajando con Metrovivienda y la Alta Consejería para las Víctimas, con el fin de que las viviendas que se otorguen a las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado cumplan con las condiciones y estén acordes con las costumbres de dichas comunidades. Serán viviendas acordes al modo de vida colectivo”, explica Yency Contreras, secretaria (e) de Hábitat. Si la entidad cumple con la promesa, Bogotá sería la primera ciudad del país en crear una aldea para la población indígena desplazada.

El decreto 166 de 2014 señala que los subsidios de vivienda para indígenas son acumulables, de tal forma que varios núcleos familiares puedan comprar una casa más amplia de lo convencional. Actualmente el subsidio de la Secretaría alcanza los 26 salarios mínimos (aproximadamente $15 millones). Sin embargo, para las familias indígenas víctimas del conflicto el subsidio llega hasta los 70 salarios mínimos (cerca de $42 millones para comprar una vivienda nueva).

Paralelo a la propuesta de la Alcaldía, el Ministerio del Interior trabaja un decreto para reglamentar los “cabildos urbanos” en el país. A la fecha, la entidad ha analizado 83 solicitudes de comunidades que quieren asentarse en la ciudad y preservar sus costumbres. En los talleres del Ministerio han participado comunidades provenientes de Armenia, Cali, Puerto Asís, Florencia, Medellín y Sincelejo. De acuerdo con el último censo del DANE, en las cabeceras municipales habitan 297.485 indígenas, equivalentes al 21,57% de esta población en el país.

Con la nueva delimitación de la Cuenca Alta del Río Bogotá el Distrito tiene vía libre para utilizar las 310 hectáreas de la zona de Tres Quebradas. De hecho, se sabe que 38,4 hectáreas serán para parques y 18,2 para colegios, “hospitales y demás edificaciones de servicios sociales en la zona”. El área está limitada por el río Tunjuelo al norte, la avenida Circunvalar Sur al suroriente y al occidente por los barrios Puerta al Llano y Portal del Divino.

El terreno para crear una gran aldea indígena en Bogotá ya está definido. El problema, sin embargo, es la carrera contra reloj para reubicar a la comunidad wounnan. Por estos días, Sercelino Piraza visita casas de Ciudad Bolívar con funcionarios de la Caja de Vivienda Popular. Espera que esta semana se firmen 50 contratos para trasladar a las primeras familias.

La idea de vivir en un territorio propio no es solo un anhelo de la comunidad wounnan: 13 cabildos indígenas que no han sido reconocidos también esperan ser incluidos en el Plan de Tres Quebradas. En la administración distrital señalan que la situación actual es transitoria, porque en la ciudad existen 469.175 personas que, como Sercelino Piraza, son víctimas del desplazamiento forzado.

svalenzuela@elespectador.com

@santiagov72