Alcaldía de Chapinero confirmó que el predio El Bambú será demolido en agosto de este año

En la mañana de este viernes se convocó a una movilización ciudadana en contra de la construcción de edificaciones en Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. El alcalde local de Chapinero, Hernando Quintero, aclaró que actualmente hay cinco predios involucrados en procesos administrativos, uno de ellos (El Bambú), será demolido en agosto próximo.

“Desde diciembre de 2016 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) expidió la resolución de demolición de El Bambú. Se le ordenó al propietario del predio que, en un tiempo aproximado de seis meses, iniciara su demolición, pero no lo hizo, entonces la CAR consiguió alrededor de $800 millones para la demolición de este predio y, tras un proceso licitatorio, este trabajo se realizará en agosto de 2019”, afirmó el mandatario local.

Y es que, tal como aseguró, cuando se emite un auto o una decisión, los afectados tienen el derecho de presentar recursos. Por ejemplo, en el caso de El Bambú, el Distrito recibió alrededor de siete tutelas y 20 memoriales por parte de los propietarios y hubo que esperar a que, poco a poco, cada una de las instancias confirmaron la decisión de demoler la construcción.

Según la comunidad, pese a los procesos administrativos que involucran a las mansiones construidas en los cerros, “todos los días suben camiones con material de construcción” que sería utilizado para realizar obras en dichas edificaciones. Sobre esto, Quintero asegura que no se ha construido nada nuevo y que “si los ciudadanos se inquietan por movimiento de maquinaria o material, es porque la Corporación autorizó la intervención de una quebrada y el mejoramiento de un pequeño puente vehicular”.

Concluyó que los propietarios de estas edificaciones además de hacerle caso omiso a la autoridad Distrital y ambiental, tampoco acataron los sellamientos de obra, por lo que deberían enfrentar procesos penales por fraude en resolución y afectación ambiental.

La CAR indicó que las mansiones levantadas en los predios El Bambú y Monterodro son construcciones ilegales ubicadas en Bagazal (Cundinamarca), que tienen orden de demolición por estar ubicadas en zona de reserva Forestal Protectora bosque Oriental de Bogotá. El caso del predio Monterodro tiene orden de demolición y una multa que supera los $470 millones, impuestas el pasado diciembre de 2018 por la autoridad ambiental. Sin embargo, se encuentra en estudio el recurso de reposición interpuesto por los propietarios del predio.

Adicionalmente, la Corporación adelanta 25 procesos sancionatorios por infracciones ambientales como captación ilegal de agua, disposición de escombros, tala y construcciones, los cuales se encuentran en etapas procesales diferentes respetando siempre el debido proceso a los investigados.

Frente a las obras evidenciadas en los últimos días en el predio El Arrayán (sector Bagazal), se encontró que los propietarios realizaban movimiento de tierras con maquinaria sin permiso de la Alcaldía Local, por lo que se emitieron las alarmas por parte de los miembros de la Policía del CAI Rosales quienes junto a funcionarios de la Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera adelantaron las visitas técnicas para determinar las infracciones ambientales en esta zona de conservación.

Por su parte, los propietarios de El Arrayán han utilizado un concepto técnico emitido por la Corporación -en el que se establece el estado de riesgo de un talud- como permiso para realizar obras, sin atender que el mismo informe técnico señala como requisito fundamental el permiso de la Alcaldía Local de Chapinero.

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“Desde diciembre de 2016 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) expidió la resolución de demolición de El Bambú. Se le ordenó al propietario del predio que, en un tiempo aproximado de seis meses, iniciara su demolición, pero no lo hizo, entonces la CAR consiguió alrededor de $800 millones para la demolición de este predio y, tras un proceso licitatorio, este trabajo se realizará en agosto de 2019”, afirmó el mandatario local.

Y es que, tal como aseguró, cuando se emite un auto o una decisión, los afectados tienen el derecho de presentar recursos. Por ejemplo, en el caso de El Bambú, el Distrito recibió alrededor de siete tutelas y 20 memoriales por parte de los propietarios y hubo que esperar a que, poco a poco, cada una de las instancias confirmaron la decisión de demoler la construcción.

Según la comunidad, pese a los procesos administrativos que involucran a las mansiones construidas en los cerros, “todos los días suben camiones con material de construcción” que sería utilizado para realizar obras en dichas edificaciones. Sobre esto, Quintero asegura que no se ha construido nada nuevo y que “si los ciudadanos se inquietan por movimiento de maquinaria o material, es porque la Corporación autorizó la intervención de una quebrada y el mejoramiento de un pequeño puente vehicular”.

Concluyó que los propietarios de estas edificaciones además de hacerle caso omiso a la autoridad Distrital y ambiental, tampoco acataron los sellamientos de obra, por lo que deberían enfrentar procesos penales por fraude en resolución y afectación ambiental.

La CAR indicó que las mansiones levantadas en los predios El Bambú y Monterodro son construcciones ilegales ubicadas en Bagazal (Cundinamarca), que tienen orden de demolición por estar ubicadas en zona de reserva Forestal Protectora bosque Oriental de Bogotá. El caso del predio Monterodro tiene orden de demolición y una multa que supera los $470 millones, impuestas el pasado diciembre de 2018 por la autoridad ambiental. Sin embargo, se encuentra en estudio el recurso de reposición interpuesto por los propietarios del predio.

Adicionalmente, la Corporación adelanta 25 procesos sancionatorios por infracciones ambientales como captación ilegal de agua, disposición de escombros, tala y construcciones, los cuales se encuentran en etapas procesales diferentes respetando siempre el debido proceso a los investigados.

Frente a las obras evidenciadas en los últimos días en el predio El Arrayán (sector Bagazal), se encontró que los propietarios realizaban movimiento de tierras con maquinaria sin permiso de la Alcaldía Local, por lo que se emitieron las alarmas por parte de los miembros de la Policía del CAI Rosales quienes junto a funcionarios de la Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera adelantaron las visitas técnicas para determinar las infracciones ambientales en esta zona de conservación.

Por su parte, los propietarios de El Arrayán han utilizado un concepto técnico emitido por la Corporación -en el que se establece el estado de riesgo de un talud- como permiso para realizar obras, sin atender que el mismo informe técnico señala como requisito fundamental el permiso de la Alcaldía Local de Chapinero.

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