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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, informó el inicio del proceso para declinar de su participación accionaria en la empresa de aseo Urbaser, poniendo en venta dichas acciones. En sus argumentos, informó que esta decisión se basó en “las diferentes manifestaciones de la comunidad frente a la calidad en la prestación del servicio (frecuencias, instalación de contenedores, entre otros) y las altas tarifas aplicadas”.
Sobre esto último, la administración detalló que la empresa prestadora del servicio incrementó la tarifa del componente de aprovechamiento correspondiente al mes de enero de 2025 en $2.567 pesos, situando el valor total de dicho componente en $8.220 pesos, que se reflejó en la factura entregada a los usuarios durante los primeros días de febrero. Un alza que, explicaron, “obedece a la reactivación de toneladas de aprovechamiento previamente reportadas por las asociaciones, las cuales se encontraban suspendidas por la Superintendencia de Servicios Públicos”, mientras se esperaba una decisión.
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Adicionalmente, señalaron que la factura entregada en el mes de enero, “ya se había registrado un incremento de $3.028 pesos por la misma causa. En esa oportunidad, el mismo Alcalde solicitó al prestador diferir dicho incremento en 12 meses, medida que en el presente periodo de facturación fue solicitada nuevamente y no fue aplicada”.
Por todo lo anterior, con la venta de las acciones del municipio de Soacha, buscan “guardar total imparcialidad frente a la libre competencia que rige el mercado, teniendo en cuenta además la intención del ingreso de un nuevo operador a prestar estos mismos servicios en el territorio”.
Urbaser fue denunciada penalmente
El pasado 22 de enero, la Red de Veedurías de Colombia, radicó una denuncia penal por delitos ambientales, contaminación ambiental y daño al medio ambiente, así como fraude procesal y fraude a resoluciones judiciales, entre otros, contra Pablo Felipe Arango, gerente general de Urbaser S.A. E.S.P., y Humberto Rodríguez Cobo, su predecesor, señalados de ser civilmente responsables por las operaciones de la empresa en al menos seis ciudades: Montería, Caucasia, Tunja, Popayán, Armenia y Soacha.
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La denuncia, asegura que autoridades judiciales, incluyendo tribunales administrativos y Consejo de Estado entre otros; ambientales, CAR; y administrativas, Superservicios, han demostrado el irregular manejo de los lixiviados derivando no solo en la contaminación y daño de cuencas hídricas como quebradas, ríos y afluentes que desembocan en los principales ríos de las regiones, “sino poniendo en riesgo la salud y vida de poblaciones altamente vulnerables, que en el caso de Córdoba golpea resguardos indígenas y una de las principales regiones ganaderas del país”.
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Por Redacción Bogotá
