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Al cúmulo de hechos denunciados por la Alcaldía en la UPI La Florida, se sumó una nueva agresión contra funcionarios del Distrito. Según la Consejería de Paz, entidad que rechazó los hechos, el 16 de abril en la Unidad de Protección Integral (UPI), miembros de la comunidad Emberá Katío agredieron a funcionarios distritales y causaron daños graves al archivo del Idipron.
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Según el Distrito, en la mañana de ese día se conoció que integrantes de la comunidad habrían retirado documentos del archivo con fines de comercialización, acción que se habría realizado de forma violenta dentro del albergue. Ante la situación, las entidades activaron medidas de control y trasladaron el material restante a otra zona para protegerlo.
Durante estos procedimientos, funcionarios intentaron notificar una acción preventiva contra algunas personas señaladas por los daños. Sin embargo, la diligencia no pudo completarse debido a amenazas con objetos contundentes contra el personal encargado, según señaló la consejería.
En la noche, la situación escaló. De acuerdo con el reporte oficial, miembros de la comunidad intentaron retirar nuevamente el archivo, lo que derivó en nuevas agresiones. Tres funcionarios resultaron heridos: uno de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, otro de la Secretaría de Integración Social y un tercero de la Secretaría de Seguridad.
“Bloqueo institucional”
Los hechos se producen en medio de un “bloqueo” que, según la Administración, la comunidad mantiene desde el 25 de marzo. Esto, argumentan, ha impedido el ingreso de equipos institucionales y la prestación de servicios sociales en la UPI, especialmente para niños, niñas y adolescentes. En este contexto, la Secretaría de Integración Social retiró el equipo del servicio “Atrapasueños” ante la imposibilidad de operar.
Ese mismo día, tras un accidente de tránsito, miembros de la comunidad retuvieron durante cinco horas a un motociclista y aún mantienen en su poder el vehículo, exigiendo el pago de una suma de dinero para su devolución.
La Alcaldía aseguró que ya interpuso las denuncias correspondientes y reiteró que la UPI La Florida es un bien distrital cuya administración corresponde a las autoridades. “Ninguna actuación de hecho puede estar por encima del marco legal”, señaló.
Finalmente, el Distrito hizo un llamado al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para fortalecer los espacios de diálogo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que actualmente actúa como mediadora, con el fin de restablecer la presencia institucional y garantizar los derechos de la población.
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Por Redacción Bogotá
