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A la problemática social derivada de los campamentos indígenas en la capital del país, y las difíciles condiciones en las que pernoctan cerca de 300 indígenas en el Parque Nacional, se le suma el impacto ambiental inherente de los campamentos.
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Tras una denuncia hecha por la Secretaría de Ambiente, sobre la presunta “instrumentalización” de menores para talar árboles del parque, el Jardín Botánico realizó un informe preliminar sobre las afectaciones al ecosistema del parque más próximo a los asentamientos indígenas.
Luego de las verificaciones en campo, la entidad alertó que los campamentos están generando un daño considerable a la flora del Parque Nacional, especialmente al arbolado.
“Se ha evidenciado el uso de árboles jóvenes como puntos de amarre para plásticos, para colgar ropa y como fuente de leña, la quema de fogatas en la base de pinos colombianos con más de 60 años, así como la remoción total de la capa superficial del suelo, poniendo en riesgo este ecosistema.”, señaló el informe del Jardín Botánico.
En el Parque Nacional se encuentran especies con especial protección por tener algún grado de amenaza de extinción, como pinos colombianos, robles y cedros.
Por consiguiente, la autoridad ambiental del Distrito está preocupada por los árboles que están siendo destruidos y descortezados con machete.
En medo de este tipo de situaciones, todavía se desconoce la existencia, o por lo menos la formulación de un nuevo acuerdo para el retorno de estas comunidades a sus territorios. Actualmente, en Bogotá, hay dos campamentos indígenas: el de las inmediaciones del Parque Nacional, y el que se encuentra en frente del Ministerio del Interior.
En ambos lugares, las comunidades ancestrales reclaman garantías al Gobierno Nacional para el retorno a sus territorios, de donde han sido desplazados por la existencia de grupos armados y otras problemáticas asociadas al conflicto.
Asimismo, en el campamento del Parque Nacional, que se reinstaló el 12 de mayo, permanecen cerca de 300 indígenas que salieron del albergue, UPI La Rioja, quienes alegan el hacinamiento en este tipo de lugares y exigen mejores condiciones de estadía, así como un retorno inmediato a sus resguardos.
De momento solo se tiene un cruce de responsabilidades y acusaciones entre el Distrito y el Gobierno Nacional. Mientras los primeros, le reclaman a la Nación el incumplimiento con el plan de retornos seguros de la comunidad a sus territorios, los segundos dicen que es deber del Distrito responsabilizarse de los indígenas mientras se logra concretar el plan de retornos.
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Por Redacción Bogotá
