Algo huele mal

El plan del alcalde Petro de convertir el servicio de aseo de Bogotá en un esquema operado y vigilado por el Distrito no sólo perturba a los dueños del negocio de la basura en la ciudad, sino que incomoda a quienes dicen no tener nada que ver con los multimillonarios contratos de aseo. Incluso, reconocidos opositores políticos del alcalde entraron a pelear supuestamente con el único interés de que la ciudad sepa lo que va a pasar con este negocio. Además en la administración están seguros de que al alcalde lo quieren tumbar desde que llegó al cargo o, por lo menos, llevarlo a un “‘carcelazo”.

Es por eso que faltando sólo ocho días para que el Distrito se encargue de las basuras de esta ciudad, contra Gustavo Petro ya hay una denuncia ante la Fiscalía, dos quejas disciplinarias ante la Procuraduría y una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Dos de estos líos jurídicos también cobijan a Diego Bravo, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), y a Henry Romero, quien el pasado jueves 6 de diciembre dejó el cargo de director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía (UAESP).

Dos de los impulsores de la andanada judicial contra el mandatario son Orlando Parada, concejal bogotano, e Isnardo Gómez Urquijo, abogado de Alberto Ríos, dueño de una de las compañías que operan el servicio de aseo en la ciudad (Aseo Capital). Gómez Urquijo aparecía en el renglón sexto de suplencia en la junta directiva de Enertolima, empresa en la que Ríos es miembro de la junta directiva y en la que participó accionariamente el grupo Nule, cuyas principales cabezas están en la cárcel por irregularidades en procesos de contratación con el Distrito. Gómez Urquijo aseguró que con las demandas no le está “haciendo el mandado a nadie. Sí he sido apoderado de Ríos en varios procesos, pero esto lo estoy haciendo por intereses profesionales y personales direccionados al éxito de mi firma de abogados (Global consultorías y proyectos S.A.S.)”.

Mientras tanto, las cuatro compañías que prestan el servicio de aseo en la ciudad preparan “acciones legales en contra de la administración distrital por las actuaciones que ésta ha venido desarrollando y las que faltan por concretarse”, refiriéndose al famoso decreto que prohíbe la operación de los privados y les niega la entrada al relleno Doña Juana. El plan de expedir tal decreto fue revelado por El Espectador y horas después la noticia fue confirmada por el mismo alcalde.

Petro ha calculado fríamente cada uno de sus movimientos: primero, como presidente de la junta directiva del Acueducto, amplió el objeto social de la empresa distrital incluyendo la prestación del servicio domiciliario de aseo como una de sus líneas de negocio. Después de abonado el terreno, como segunda maniobra, se produjo la firma de un convenio interadministrativo (017 del 11 de octubre de 2012) entre la UAESP y la EAAB, para que esta última asumiera las riendas del servicio, mientras que la primera estructurara una licitación para adjudicar las zonas exclusivas de aseo en la ciudad e incluyera la vinculación de los recicladores en el esquema.

La tercera estrategia, revelada por este diario, es un decreto que les cierra, literalmente, las puertas del relleno Doña Juana a los operadores privados y que les prohíbe además salir a recolectar la basura. En caso de que esta orden sea desacatada, la Policía tiene la orden de intervenir. Y la cuarta táctica se trata de la firma de un convenio entre el Acueducto y su filial Aguas de Bogotá por $116.000 millones, contrato anticipado por este diario, en el que se define que la filial del Acueducto será el operador público de aseo desde el 18 diciembre de este año y durante cuatros meses y 14 días.

Gómez Urquijo denunció ante la Fiscalía y Procuraduría este andamiaje jurídico. El abogado considera que el alcalde Gustavo Petro, el gerente del Acueducto Diego Bravo y el exdirector encargado de la UAESP Henry Romero incurrieropn en los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato, concierto para delinquir, tentativa de peculado, entre otros.

Según el demandante, la UAESP debió concesionar el servicio de aseo por medio de una licitación y no de un convenio interadministrativo como lo hizo con el Acueducto el pasado mes de octubre. Gómez asegura que se hizo dicho convenio, porque el Acueducto no tiene la experiencia necesaria para ganar una licitación en servicio de aseo. La supuesta ilegalidad del convenio se sustentaría, de acuerdo con el abogado, en la ley 1150 y el decreto-ley 1421 de 1993. El abogado afirma que la UAESP debió adelantar una licitación “para garantizar la publicidad del proceso y la participación de empresas públicas o privadas interesadas en el proceso”.

El abogado asegura que el convenio “es una carta blanca para que la EAAB subcontrate la operación del servicio, una fachada distractora… La advertencia de Bravo (Diego Bravo, gerente del Acueducto) de que va a contratar a privados será entonces la fórmula con la que colocarán a los que quieran y, de paso, engañan a las autoridades, pues les están haciendo creer que pueden celebrar convenios, sin estudios previos y sin licitación”.

Para el demandante, la transformación del objeto social de la EAAB también es ilegal, ya que el cambio no fue discutido en el Concejo. Además, según Gómez, el convenio interadministrativo podría generar un detrimento patrimonial “en razón a que las finanzas de la EAAB podrían afectarse por las grandes inversiones necesarias para operar y que puedan terminar en fracaso o enriqueciendo a terceros”. Este convenio tiene un valor que supera los $80 mil millones.

El abogado explica que “a la terminación del contrato la UAESP se obliga a la adquisición a título de venta, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual, de la flota nueva equipos e instalaciones que realice el contratista (EAAB), pues no está justificada la necesidad de adquirir estos bienes por parte de la entidad descentralizada que no es prestadora del servicio (…) pues puede representar un favorecimiento al contratista (EAAB)”.

El Espectador consultó a la Alcaldía y al gerente del Acueducto, Diego Bravo, sobre lo señalado por Isnardo Gómez Urquijo sin obtener respuesta. Por ahora hay que esperar a que un juez resuelva la denuncia presentada por Gómez. Lo único claro es que la administración de Gustavo Petro está lista para salir a recoger la basura el 18 de diciembre y defender su operación de los privados hasta con policía.

El plan del alcalde Petro de convertir el servicio de aseo de Bogotá en un esquema operado y vigilado por el Distrito no sólo perturba a los dueños del negocio de la basura en la ciudad, sino que incomoda a quienes dicen no tener nada que ver con los multimillonarios contratos de aseo. Incluso, reconocidos opositores políticos del alcalde entraron a pelear supuestamente con el único interés de que la ciudad sepa lo que va a pasar con este negocio. Además en la administración están seguros de que al alcalde lo quieren tumbar desde que llegó al cargo o, por lo menos, llevarlo a un “‘carcelazo”.

Es por eso que faltando sólo ocho días para que el Distrito se encargue de las basuras de esta ciudad, contra Gustavo Petro ya hay una denuncia ante la Fiscalía, dos quejas disciplinarias ante la Procuraduría y una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Dos de estos líos jurídicos también cobijan a Diego Bravo, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), y a Henry Romero, quien el pasado jueves 6 de diciembre dejó el cargo de director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía (UAESP).

Dos de los impulsores de la andanada judicial contra el mandatario son Orlando Parada, concejal bogotano, e Isnardo Gómez Urquijo, abogado de Alberto Ríos, dueño de una de las compañías que operan el servicio de aseo en la ciudad (Aseo Capital). Gómez Urquijo aparecía en el renglón sexto de suplencia en la junta directiva de Enertolima, empresa en la que Ríos es miembro de la junta directiva y en la que participó accionariamente el grupo Nule, cuyas principales cabezas están en la cárcel por irregularidades en procesos de contratación con el Distrito. Gómez Urquijo aseguró que con las demandas no le está “haciendo el mandado a nadie. Sí he sido apoderado de Ríos en varios procesos, pero esto lo estoy haciendo por intereses profesionales y personales direccionados al éxito de mi firma de abogados (Global consultorías y proyectos S.A.S.)”.

Mientras tanto, las cuatro compañías que prestan el servicio de aseo en la ciudad preparan “acciones legales en contra de la administración distrital por las actuaciones que ésta ha venido desarrollando y las que faltan por concretarse”, refiriéndose al famoso decreto que prohíbe la operación de los privados y les niega la entrada al relleno Doña Juana. El plan de expedir tal decreto fue revelado por El Espectador y horas después la noticia fue confirmada por el mismo alcalde.

Petro ha calculado fríamente cada uno de sus movimientos: primero, como presidente de la junta directiva del Acueducto, amplió el objeto social de la empresa distrital incluyendo la prestación del servicio domiciliario de aseo como una de sus líneas de negocio. Después de abonado el terreno, como segunda maniobra, se produjo la firma de un convenio interadministrativo (017 del 11 de octubre de 2012) entre la UAESP y la EAAB, para que esta última asumiera las riendas del servicio, mientras que la primera estructurara una licitación para adjudicar las zonas exclusivas de aseo en la ciudad e incluyera la vinculación de los recicladores en el esquema.

La tercera estrategia, revelada por este diario, es un decreto que les cierra, literalmente, las puertas del relleno Doña Juana a los operadores privados y que les prohíbe además salir a recolectar la basura. En caso de que esta orden sea desacatada, la Policía tiene la orden de intervenir. Y la cuarta táctica se trata de la firma de un convenio entre el Acueducto y su filial Aguas de Bogotá por $116.000 millones, contrato anticipado por este diario, en el que se define que la filial del Acueducto será el operador público de aseo desde el 18 diciembre de este año y durante cuatros meses y 14 días.

Gómez Urquijo denunció ante la Fiscalía y Procuraduría este andamiaje jurídico. El abogado considera que el alcalde Gustavo Petro, el gerente del Acueducto Diego Bravo y el exdirector encargado de la UAESP Henry Romero incurrieropn en los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato, concierto para delinquir, tentativa de peculado, entre otros.

Según el demandante, la UAESP debió concesionar el servicio de aseo por medio de una licitación y no de un convenio interadministrativo como lo hizo con el Acueducto el pasado mes de octubre. Gómez asegura que se hizo dicho convenio, porque el Acueducto no tiene la experiencia necesaria para ganar una licitación en servicio de aseo. La supuesta ilegalidad del convenio se sustentaría, de acuerdo con el abogado, en la ley 1150 y el decreto-ley 1421 de 1993. El abogado afirma que la UAESP debió adelantar una licitación “para garantizar la publicidad del proceso y la participación de empresas públicas o privadas interesadas en el proceso”.

El abogado asegura que el convenio “es una carta blanca para que la EAAB subcontrate la operación del servicio, una fachada distractora… La advertencia de Bravo (Diego Bravo, gerente del Acueducto) de que va a contratar a privados será entonces la fórmula con la que colocarán a los que quieran y, de paso, engañan a las autoridades, pues les están haciendo creer que pueden celebrar convenios, sin estudios previos y sin licitación”.

Para el demandante, la transformación del objeto social de la EAAB también es ilegal, ya que el cambio no fue discutido en el Concejo. Además, según Gómez, el convenio interadministrativo podría generar un detrimento patrimonial “en razón a que las finanzas de la EAAB podrían afectarse por las grandes inversiones necesarias para operar y que puedan terminar en fracaso o enriqueciendo a terceros”. Este convenio tiene un valor que supera los $80 mil millones.

El abogado explica que “a la terminación del contrato la UAESP se obliga a la adquisición a título de venta, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual, de la flota nueva equipos e instalaciones que realice el contratista (EAAB), pues no está justificada la necesidad de adquirir estos bienes por parte de la entidad descentralizada que no es prestadora del servicio (…) pues puede representar un favorecimiento al contratista (EAAB)”.

El Espectador consultó a la Alcaldía y al gerente del Acueducto, Diego Bravo, sobre lo señalado por Isnardo Gómez Urquijo sin obtener respuesta. Por ahora hay que esperar a que un juez resuelva la denuncia presentada por Gómez. Lo único claro es que la administración de Gustavo Petro está lista para salir a recoger la basura el 18 de diciembre y defender su operación de los privados hasta con policía.