Alias 'Mosco': asesino sí, pero no le probaron que fuera jefe del Bronx

“La caída de los grandes capos del Bronx, la olla más grande del país”. Así fue como la Policía y la Fiscalía presentaron las capturas de César González Díaz, Homero, y su medio hermano Óscar Alcántara González, Mosco, ocurridas tras un operativo transnacional en Bogotá y Quito (Ecuador), respectivamente, el 8 de marzo de 2013.

Dos años y medio después de ese “gran golpe”, no queda nada. Los dos fueron absueltos y Mosco salió de la cárcel La Picota para su casa, a pagar una vieja condena que ni siquiera corresponde a los delitos por los que fue acusado por la Fiscalía y que lo catalogaban como un poderoso criminal.

En los últimos días, fuentes de inteligencia y otras dentro de la olla aseguraron a este diario que lo han visto ocasionalmente en el Bronx, acompañado por varios sujetos . La Policía de Bogotá, por su parte, dice no tener información al respecto, pero que investigará. Finalmente, su abogada sostiene que su defendido fue un “falso positivo judicial” y que él es inocente de lo que se le acusó tras su captura en Ecuador.

Homicidio, tráfico de drogas y armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos fueron los crímenes que la Fiscalía le endilgó a Mosco. Además, las autoridades señalaron entonces que su supuesto imperio criminal se estaba expandiendo a Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Costa Rica.

En una presentación de la Policía ecuatoriana sobre la operación Real Audiencia, como se denominó en ese momento la redada que dio con la captura de Alcántara, se señalaban cuatro sectores de Quito en los que supuestamente ya ejercía control. En esa oportunidad se hicieron cinco allanamientos y fueron capturados cuatro hombres y una mujer, a quienes se les incautaron US$200.000, 25 kilos de estupefacientes, cinco armas de fuego y cuatro vehículos. Según las cuentas plasmadas en el documento, en ese país tenía ganancias ilícitas de US$600.000 mensuales, mientras que en Bogotá recaudaba US$40.000 diarios.

También se decía que en el Bronx, zona donde lideraba el “gancho Mosco”, y en el barrio San Bernardo, donde tenía influencia, había 50 personas bajo su mando, armadas con fusiles, subametralladoras, pistolas y revólveres. Entre otras acusaciones, la Fiscalía 30 contra Bandas Criminales sostuvo que la organización de Mosco pagaba, así como lo hacía Pablo Escobar, $20 millones por el asesinato de cada policía, y que estaba aliada con estructuras delincuenciales como los Rastrojos.

Para su arresto en Quito, las autoridades aprovecharon que en contra de Alcántara existía una circular roja de la Interpol. Lo buscaban, luego de que se hubiera fugado de la cárcel de Valledupar, para que pagara una condena por el asesinato de Luis Alberto Obregón, alias Caleño, ocurrido el 21 de abril de 1997, quien, según información de la Agencia de Noticias de la Policía, fue el cabecilla del narcotráfico en la calle del Cartucho. Por ese crimen, cometido el 18 de octubre del 2000, Mosco fue condenado a 40 años, pena que luego le rebajaron a 25.

El proceso

Cuando Mosco fue detenido en Quito y extraditado a Colombia, la Fiscalía comenzó el proceso para demostrar que se trataba de un capo del Bronx. En el desarrollo del proceso, algunos funcionarios judiciales denunciaron amenazas e incluso terminaron con esquema de protección. El juicio avanzó y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá terminó absolviéndolo el 9 de abril de 2015.

La Fiscalía no pudo convencer al juez de que Mosco era quien decían. A pesar de que había un voluminoso expediente, en el juicio no se presentaron todas las pruebas, algo que algunos funcionarios calificaron como “un error de la Fiscalía”. Por esta situación, el ente investigador no pudo siquiera apelar la decisión y hoy está en firme. La absolución, contrario a la captura, no trascendió ante la opinión pública. Así las cosas, el juez ordenó su libertad.

Sin embargo, Mosco siguió tras las rejas. Aún tenía cuentas pendientes con la justicia por el asesinato del Caleño. Pero solo tres meses después, el 9 de julio de 2015, solicitó prisión domiciliaria. Su argumento fue que ya tenía derecho al beneficio por haber pagado la mitad de la condena por ese homicidio, que es el único hecho que se le ha podido probar ante los estrados.

Apenas 25 días después de la solicitud, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas le permitió seguir pagando la pena en su casa. Según el juez, las cuentas le daban para acceder a ese beneficio. Había estado en prisión entre el 7 de mayo de 2003 y el 15 de julio de 2009, cuando se fugó de la cárcel de Valledupar aprovechando un permiso de 72 horas que le habían concedido. Con el tiempo que pasó en prisión tras su recaptura en Quito, ya completaba ocho años y ocho meses tras las rejas.

Además, durante su primera permanencia en la cárcel había recibido varias rebajas de pena por estudio y trabajo, que sumadas le representaban una redención de tres años de la pena. Es decir, Mosco solo tuvo que estar ocho años y ocho meses en la cárcel por una condena que inicialmente era de 40 años.

Mosco salió de La Picota a pagar el resto de su pena en su casa. Además solicitó un permiso, que también le fue otorgado, para trabajar en un fondo de pensiones, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Una vez en su domicilio, el Inpec empezó las visitas para comprobar que no andara libremente por la calle.

Este diario conoció que el 1º de octubre de 2015, cuando los funcionarios del instituto penitenciario llegaron a su casa, no lo encontraron. Sin embargo, su defensa argumentó ante el juez que no estaba violando la prisión domiciliaria, porque estaba recibiendo un tratamiento médico. Las explicaciones fueron aceptadas por el juez. Luego de ese episodio, el Inpec ha realizado otras dos visitas, en marzo y abril de este año, sobre las que no ha habido reportes de incumplimiento.

Se sabe que cuando le otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria, el condenado salió de La Picota sin brazalete electrónico. Apenas el jueves pasado, el juez a cargo de vigilar el cumplimiento de su pena solicitó a las autoridades penitenciarias que se le pusiera el dispositivo. Al cierre de esta edición, no se sabía si el procedimiento se había cumplido.

Fuentes diversas, de inteligencia y desde el interior del Bronx, le aseguraron a este diario que a Mosco lo han visto al menos tres veces en los últimos meses en la olla, en compañía de otros sujetos. Sin embargo, en la Policía Metropolitana dicen que desde que asumió el nuevo grupo de oficiales, que llegó en enero, junto con el general Hoover Penilla, a dirigir la institución en Bogotá, no han tenido información de la presencia de Mosco en el Bronx. Y aseguraron que están trabajando en articulación con el CTI y la Fiscalía para dar solución a la problemática criminal de ese sector.

Por su parte, la abogada Francia Guerrero Benavides, defensora de Mosco, reiteró que el proceso contra su cliente fue un falso positivo judicial, ya que la Fiscalía no pudo probarle ningún delito. “Es tanto así que ni siquiera se dieron a la tarea de apelar la decisión y el caso de mi cliente está archivado”, sostuvo.

Respecto a las versiones de que lo han visto en el Bronx, la abogada sencillamente indicó que él nada tiene que estar haciendo por allá y que si alguien tiene pruebas, que las lleve a las autoridades: “Mi cliente es un ciudadano que está pagando su deuda con la justicia, pero no es ese delincuente que quisieron mostrar”.

Entretanto, en la Fiscalía dicen que siguen investigando el caso. Lo concreto es que, además de la operación en la que Mosco fue capturado, no ha habido grandes golpes de las autoridades a la criminalidad del Bronx, donde se ejercen toda clase de delitos. Y ahora, al parecer, el gran golpe no fue tal. O, al menos, la Fiscalía no lo pudo demostrar.

“La caída de los grandes capos del Bronx, la olla más grande del país”. Así fue como la Policía y la Fiscalía presentaron las capturas de César González Díaz, Homero, y su medio hermano Óscar Alcántara González, Mosco, ocurridas tras un operativo transnacional en Bogotá y Quito (Ecuador), respectivamente, el 8 de marzo de 2013.

Dos años y medio después de ese “gran golpe”, no queda nada. Los dos fueron absueltos y Mosco salió de la cárcel La Picota para su casa, a pagar una vieja condena que ni siquiera corresponde a los delitos por los que fue acusado por la Fiscalía y que lo catalogaban como un poderoso criminal.

En los últimos días, fuentes de inteligencia y otras dentro de la olla aseguraron a este diario que lo han visto ocasionalmente en el Bronx, acompañado por varios sujetos . La Policía de Bogotá, por su parte, dice no tener información al respecto, pero que investigará. Finalmente, su abogada sostiene que su defendido fue un “falso positivo judicial” y que él es inocente de lo que se le acusó tras su captura en Ecuador.

Homicidio, tráfico de drogas y armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos fueron los crímenes que la Fiscalía le endilgó a Mosco. Además, las autoridades señalaron entonces que su supuesto imperio criminal se estaba expandiendo a Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Costa Rica.

En una presentación de la Policía ecuatoriana sobre la operación Real Audiencia, como se denominó en ese momento la redada que dio con la captura de Alcántara, se señalaban cuatro sectores de Quito en los que supuestamente ya ejercía control. En esa oportunidad se hicieron cinco allanamientos y fueron capturados cuatro hombres y una mujer, a quienes se les incautaron US$200.000, 25 kilos de estupefacientes, cinco armas de fuego y cuatro vehículos. Según las cuentas plasmadas en el documento, en ese país tenía ganancias ilícitas de US$600.000 mensuales, mientras que en Bogotá recaudaba US$40.000 diarios.

También se decía que en el Bronx, zona donde lideraba el “gancho Mosco”, y en el barrio San Bernardo, donde tenía influencia, había 50 personas bajo su mando, armadas con fusiles, subametralladoras, pistolas y revólveres. Entre otras acusaciones, la Fiscalía 30 contra Bandas Criminales sostuvo que la organización de Mosco pagaba, así como lo hacía Pablo Escobar, $20 millones por el asesinato de cada policía, y que estaba aliada con estructuras delincuenciales como los Rastrojos.

Para su arresto en Quito, las autoridades aprovecharon que en contra de Alcántara existía una circular roja de la Interpol. Lo buscaban, luego de que se hubiera fugado de la cárcel de Valledupar, para que pagara una condena por el asesinato de Luis Alberto Obregón, alias Caleño, ocurrido el 21 de abril de 1997, quien, según información de la Agencia de Noticias de la Policía, fue el cabecilla del narcotráfico en la calle del Cartucho. Por ese crimen, cometido el 18 de octubre del 2000, Mosco fue condenado a 40 años, pena que luego le rebajaron a 25.

El proceso

Cuando Mosco fue detenido en Quito y extraditado a Colombia, la Fiscalía comenzó el proceso para demostrar que se trataba de un capo del Bronx. En el desarrollo del proceso, algunos funcionarios judiciales denunciaron amenazas e incluso terminaron con esquema de protección. El juicio avanzó y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá terminó absolviéndolo el 9 de abril de 2015.

La Fiscalía no pudo convencer al juez de que Mosco era quien decían. A pesar de que había un voluminoso expediente, en el juicio no se presentaron todas las pruebas, algo que algunos funcionarios calificaron como “un error de la Fiscalía”. Por esta situación, el ente investigador no pudo siquiera apelar la decisión y hoy está en firme. La absolución, contrario a la captura, no trascendió ante la opinión pública. Así las cosas, el juez ordenó su libertad.

Sin embargo, Mosco siguió tras las rejas. Aún tenía cuentas pendientes con la justicia por el asesinato del Caleño. Pero solo tres meses después, el 9 de julio de 2015, solicitó prisión domiciliaria. Su argumento fue que ya tenía derecho al beneficio por haber pagado la mitad de la condena por ese homicidio, que es el único hecho que se le ha podido probar ante los estrados.

Apenas 25 días después de la solicitud, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas le permitió seguir pagando la pena en su casa. Según el juez, las cuentas le daban para acceder a ese beneficio. Había estado en prisión entre el 7 de mayo de 2003 y el 15 de julio de 2009, cuando se fugó de la cárcel de Valledupar aprovechando un permiso de 72 horas que le habían concedido. Con el tiempo que pasó en prisión tras su recaptura en Quito, ya completaba ocho años y ocho meses tras las rejas.

Además, durante su primera permanencia en la cárcel había recibido varias rebajas de pena por estudio y trabajo, que sumadas le representaban una redención de tres años de la pena. Es decir, Mosco solo tuvo que estar ocho años y ocho meses en la cárcel por una condena que inicialmente era de 40 años.

Mosco salió de La Picota a pagar el resto de su pena en su casa. Además solicitó un permiso, que también le fue otorgado, para trabajar en un fondo de pensiones, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Una vez en su domicilio, el Inpec empezó las visitas para comprobar que no andara libremente por la calle.

Este diario conoció que el 1º de octubre de 2015, cuando los funcionarios del instituto penitenciario llegaron a su casa, no lo encontraron. Sin embargo, su defensa argumentó ante el juez que no estaba violando la prisión domiciliaria, porque estaba recibiendo un tratamiento médico. Las explicaciones fueron aceptadas por el juez. Luego de ese episodio, el Inpec ha realizado otras dos visitas, en marzo y abril de este año, sobre las que no ha habido reportes de incumplimiento.

Se sabe que cuando le otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria, el condenado salió de La Picota sin brazalete electrónico. Apenas el jueves pasado, el juez a cargo de vigilar el cumplimiento de su pena solicitó a las autoridades penitenciarias que se le pusiera el dispositivo. Al cierre de esta edición, no se sabía si el procedimiento se había cumplido.

Fuentes diversas, de inteligencia y desde el interior del Bronx, le aseguraron a este diario que a Mosco lo han visto al menos tres veces en los últimos meses en la olla, en compañía de otros sujetos. Sin embargo, en la Policía Metropolitana dicen que desde que asumió el nuevo grupo de oficiales, que llegó en enero, junto con el general Hoover Penilla, a dirigir la institución en Bogotá, no han tenido información de la presencia de Mosco en el Bronx. Y aseguraron que están trabajando en articulación con el CTI y la Fiscalía para dar solución a la problemática criminal de ese sector.

Por su parte, la abogada Francia Guerrero Benavides, defensora de Mosco, reiteró que el proceso contra su cliente fue un falso positivo judicial, ya que la Fiscalía no pudo probarle ningún delito. “Es tanto así que ni siquiera se dieron a la tarea de apelar la decisión y el caso de mi cliente está archivado”, sostuvo.

Respecto a las versiones de que lo han visto en el Bronx, la abogada sencillamente indicó que él nada tiene que estar haciendo por allá y que si alguien tiene pruebas, que las lleve a las autoridades: “Mi cliente es un ciudadano que está pagando su deuda con la justicia, pero no es ese delincuente que quisieron mostrar”.

Entretanto, en la Fiscalía dicen que siguen investigando el caso. Lo concreto es que, además de la operación en la que Mosco fue capturado, no ha habido grandes golpes de las autoridades a la criminalidad del Bronx, donde se ejercen toda clase de delitos. Y ahora, al parecer, el gran golpe no fue tal. O, al menos, la Fiscalía no lo pudo demostrar.