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Son pocos los que hoy dirigen su mirada al barrio que alberga el mayor número de desplazados en el país: Altos de Cazucá. Entre los habitantes de este sector del municipio de Soacha viven casi 17.000 víctimas del conflicto armado que llegaron huyendo de la violencia. El panorama es desolador: allí no hay calles pavimentadas sino trochas y caminos hechos con retazos de madera; tampoco acueducto ni alcantarillado, sino tubos y mangueras improvisadas; ni viviendas dignas, sino ranchos a medias, construidos con cartones, tejas de aluminio y lonas.
Al recorrer sus trochas se ve basura regada en cada esquina, que impregna el aire con olores nauseabundos, y perros callejeros que defecan en las puertas de las casas. Detrás de este panorama de miseria se esconde algo más: los problemas de microtráfico y bandas delincuenciales que azotan este sector que limita con la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
Esta es la tierra de nadie. Allí no hay Gobierno ni Alcaldía que respondan. Pero sí miles de personas que piden ayuda desde hace 10 años, porque el hambre se quedó a vivir en sus casas y no parece haber quien la saque. Ni siquiera el crimen. “Hay días muy difíciles. A veces bajo hasta Bogotá por un trabajo de $40.000 el día y sólo en transporte me gasto $10.000 con los dos buses y el jeep que me toca coger para salir de aquí. En mi casa no tenemos el lujo de decir que se come tres veces al día. Nosotros celebramos con tener dos platos”, dice Cresencia Espinoza, una desplazada del Chocó y madre de cinco hijos.
Hasta el momento, los únicos que han intentado mejorar la calidad de vida de estas personas han sido las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones que llegan hasta este cordón de miseria olvidado por los dirigentes políticos y, por qué no, por los colombianos.
Apenas esta semana se volvió a mencionar el sector, gracias a una protesta que el pasado martes realizaron sus habitantes, quienes le pidieron al Gobierno Nacional que por primera vez cumpla, como dicen ellos, con sus falsas e inverosímiles promesas, por ejemplo, la del metrocable, mejor conocido por la comunidad como “Cazucable”. El 15 de diciembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos firmó ante ellos el compromiso de que a finales de 2014 la zona tendría su propio medio de transporte para mejorar en algo su calidad de vida. A la fecha no se ha movido una piedra.
Gustavo Barrero, edil de Altos de Cazucá, afirma que el Gobierno se había comprometido con $140.000 millones para la construcción de la obra y la Alcaldía, con $19.000 millones. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos quiere responder y, como es usual en este sector, las entidades “se tiran la pelota de la responsabilidad”. Lo mismo piensa Angie Ballesteros, habitante del barrio El Oasis: “Aquí viven mucho niños y adultos mayores. A veces, como no tenemos para pagar transporte, toca caminar dos kilómetros. Aquí las calles ni siquiera están pavimentadas, son sólo barro. Y cuando hay para pagar, gasto casi tres buses”, cuenta.
La casa de Angie huele a humedad. Está hecha con tejas de aluminio que se sostienen con piedras y pedazos de madera. Los cuartos se dividen con sábanas de caricaturas y el baño tiene un inodoro que sólo funciona cuando le echan agua de forma manual. Vale aclarar que el agua sólo llega dos horas al día, por lo que esta familia tiene un tanque donde almacena lo que puede recoger. La puerta se asegura con dos palos y el piso es apenas una alfombra sucia que cubre la tierra.
A Angie le gustaría cambiar su vida. Sueña con estudiar e irse a otro lugar, uno más digno donde vivir, donde las paredes sean de ladrillo. Pero por ahora la situación es complicada y cada día se agrava por la increíble discusión de si es habitante de Soacha o de Bogotá. Altos de Cazucá colinda con la localidad de Ciudad Bolívar y lo único que los divide es una frontera que, aunque invisible, es evidente en algunos detalles. Mientras en la parte de Bogotá ya empezaron obras para la pavimentación de las calles, en la de Soacha no hay intención de hacerlo. Mientras a la parte que corresponde a la capital llegan buses azules del SITP, a la que corresponde a Soacha sólo llegan unos jeeps viejos en los que caben seis personas pero se suben 13.
En cuanto a servicios públicos, mientras en el lado bogotano hay agua y luz, los soachunos tienen que rogarle al Acueducto de Bogotá para que les permita usar seis válvulas que abastecen de agua a toda la comunidad, a través de un acueducto improvisado. “De nuestro bolsillo y con nuestras manos lo construimos. Abrimos la tierra y le metimos los tubos. Ahora tenemos a un personaje famoso: el fontanero. Él se encarga de racionalizar el agua. De 7:00 a 9:00 a.m. se abastecen los de arriba. De 9:00 a 11:00 a.m., los de abajo. Eso sí, ninguno tiene agua todo el día”, explica Deisy Ávila, integrante de la Junta de Acción Comunal.
Lo paradójico es que en 2009, ante los medios de comunicación, el entonces alcalde de Soacha, José Ernesto Martínez, aseguró que en diciembre de ese año empezarían las obras del acueducto. Han pasado seis años y la promesa sigue siendo eso, una frase al aire. Esa línea imaginaria es la excusa para que nadie atienda sus necesidades. Por ejemplo, a quienes viven en la parte de Soacha les queda más fácil ir a un hospital o a un colegio de Bogotá, pero allí no los van a atender. Por eso deben optar por el camino más largo o simplemente no ir. Angie Ballesteros cree que el futuro no es nada prometedor, porque los jóvenes no quieren estudiar por ir detrás de la plata fácil que ofrece la delincuencia o porque son padres o madres a muy temprana edad y deben trabajar.
Hoy los habitantes les piden desesperadamente a las autoridades que los miren, que suban a la montaña del olvido y trabajen de la mano. Ellos, incluso, sólo piden por lo menos un nuevo censo, pues el último data de 2002 y desde entonces el aumento de la población ha sido considerable, sobre todo la de víctimas de desplazamiento. “Es que ni siquiera sabemos cuántas personas viven acá. Hace 12 años vivíamos 263.000 personas, pero nosotros hemos intentado hacer un conteo propio y ya alcanzamos el millón. Entonces, los recursos son mínimos para nuestras necesidades. Estamos cansados. Ya es hora de que se acuerden de nosotros”, dice Barrera. Y no se equivoca. Las únicas cifras que hay de esta población son de la Personería de Soacha, que afirma que en la última década alrededor de 40.000 personas han llegado a este municipio y 17.000 de ellas se ubican en Altos de Cazucá.
Lo peor no es la situación sino la respuesta de las autoridades. El alcalde del municipio, Juan Carlos Nemocón, aseguró que mientras no se solucione la cuestión de la legalidad no se puede hacer nada respecto a estos problemas. “Hasta ahora tenemos 7.500 casas que ya están censadas. Ellos, con los acuerdos que tenemos con el acueducto, ya pueden acceder por lo menos al agua. Para los demás nos toca buscar otras alternativas”, agrega Nemocón.
En cuanto al problema de la malla vial, la solución parece estar aún más lejos. Todos los recursos están presupuestados para la ampliación de Transmilenio. Además hay que sumar que, como Altos de Cazucá no tiene acueducto ni alcantarillado, no se pueden hacer este tipo de obras, según el alcalde. Por ahora están a la espera de un traslado presupuestal de $1.300 millones que el Concejo municipal debe aprobar para empezar a diseñar el trayecto de Tres Esquinas a Bogotá.
En cuanto al metrocable, Nemocón se escuda en que su parte ya está hecha. Falta que el Gobierno apruebe el documento Conpes con el que se asegura el 70% del dinero, es decir, $140.000 millones. El resto lo ponen la Gobernación y la Alcaldía. “Ese proyecto ya está aprobado y es viable. Sabemos que debía estar para finales de este año, pero de nuestra parte se ha hecho lo necesario”, añade Nemocón.
Todo esto ocurrirá a largo plazo, aun cuando son conscientes de que las necesidades son urgentes. Ahora, tanto la Alcaldía de Soacha como el Distrito le apuestan a la conformación de un área metropolitana, impulsada por el Gobierno, con la que buscan soluciones conjuntas a problemas comunes, con el fin de mejorar la calidad de vida de estos habitantes.
Mientras el panorama de miseria y delincuencia, al igual que las quejas de la comunidad, no han cambiado en los últimos años, lo único que piden es que al menos les cumplan promesas como la del “Cazucable”, que fue la razón de la última protesta de esta población y la puso de nuevo en el lente de los medios, para recordarle al país que muy cerca de Bogotá hay una comunidad que necesita ayuda para salir del abandono.
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@lauradulcero