Apelan fallo que determinó ilegal el paro de Aguas de Bogotá

Esta semana el Tribunal Superior de Cundinamarca declaró ilegal el paro adelantado desde el pasado 31 de enero por los trabajadores de Aguas de Bogotá ante lo que llamaron una "masacre laboral", ya que la empresa distrital de aseo quedó por fuera del nuevo esquema de recolección. 

Ante estas circunstancias, los sindicatos involucrados en el cese de actividades apelaron el fallo y ahora la Corte Suprema de Justicia deberá dar su veredicto frente al caso, en el que en primera instancia se determinó como responsables por la no recolección de las basuras en Bogotá, a los sindicatos Asodetrapul, Sintraguas, Sintraemsdes y Sintraasdecol.

La principal preocupación de sus integrantes es que al declararse ilegal el paro, los directivos de estos gremios pierden el fuero sindical por el que no pueden "ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo", según lo señala el Ministerio de Trabajo. 

La discusión entre el Distrito y los sindicatos comenzó desde que Aguas de Bogotá quedó por fuera de la licitación de aseo en la ciudad. A pesar de que el alcalde señaló que les garantizarían trabajo, los empleados buscaban que se formalizara la promesa y que fueran trasladados con similares condiciones.

Pero no se llegó a un acuerdo. A pesar de que los nuevos operadores ofrecieron puestos para los empleados de Aguas de Bogotá, los sindicatos no quisieron liberar las hojas de vida de los trabajadores alegando que la mayoría de ellos hace parte de poblaciones vulnerables por las que podrían ser discriminados de esos otros empleos. La discusión continuó con la intermediación de la Personería y la Defensoría del Pueblo sin muchos avances.

El cese de actividades se dio el 31 de enero, ante el inconformismo de los sindicatos y al no llegar a un acuerdo con el Distrito sobre cómo se garantizaría el derecho al trabajo de los empleados de Aguas de Bogotá. Tras impedir, durante el primer día, que los vehículos de recolección salieran del patio en el que permanecían, se dejaron de recoger 2.000 toneladas de basura, por lo que esa misma noche el alcalde Enrique Peñalosa declaró la emergencia sanitaria y ambiental en la ciudad. 

Esto le permitió al alcalde, a pesar de que ya había entrado en vigencia la ley de garantías, contratar a otros operadores para cumplir las labores que dejaron de realizar los trabajadores de Aguas de Bogotá, pero la masiva acumulación de basuras se siguió presentando durante los siguientes días, aun después de entrar en firme el nuevo esquema de aseo. 

Esta semana el Tribunal Superior de Cundinamarca declaró ilegal el paro adelantado desde el pasado 31 de enero por los trabajadores de Aguas de Bogotá ante lo que llamaron una "masacre laboral", ya que la empresa distrital de aseo quedó por fuera del nuevo esquema de recolección. 

Ante estas circunstancias, los sindicatos involucrados en el cese de actividades apelaron el fallo y ahora la Corte Suprema de Justicia deberá dar su veredicto frente al caso, en el que en primera instancia se determinó como responsables por la no recolección de las basuras en Bogotá, a los sindicatos Asodetrapul, Sintraguas, Sintraemsdes y Sintraasdecol.

La principal preocupación de sus integrantes es que al declararse ilegal el paro, los directivos de estos gremios pierden el fuero sindical por el que no pueden "ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo", según lo señala el Ministerio de Trabajo. 

La discusión entre el Distrito y los sindicatos comenzó desde que Aguas de Bogotá quedó por fuera de la licitación de aseo en la ciudad. A pesar de que el alcalde señaló que les garantizarían trabajo, los empleados buscaban que se formalizara la promesa y que fueran trasladados con similares condiciones.

Pero no se llegó a un acuerdo. A pesar de que los nuevos operadores ofrecieron puestos para los empleados de Aguas de Bogotá, los sindicatos no quisieron liberar las hojas de vida de los trabajadores alegando que la mayoría de ellos hace parte de poblaciones vulnerables por las que podrían ser discriminados de esos otros empleos. La discusión continuó con la intermediación de la Personería y la Defensoría del Pueblo sin muchos avances.

El cese de actividades se dio el 31 de enero, ante el inconformismo de los sindicatos y al no llegar a un acuerdo con el Distrito sobre cómo se garantizaría el derecho al trabajo de los empleados de Aguas de Bogotá. Tras impedir, durante el primer día, que los vehículos de recolección salieran del patio en el que permanecían, se dejaron de recoger 2.000 toneladas de basura, por lo que esa misma noche el alcalde Enrique Peñalosa declaró la emergencia sanitaria y ambiental en la ciudad. 

Esto le permitió al alcalde, a pesar de que ya había entrado en vigencia la ley de garantías, contratar a otros operadores para cumplir las labores que dejaron de realizar los trabajadores de Aguas de Bogotá, pero la masiva acumulación de basuras se siguió presentando durante los siguientes días, aun después de entrar en firme el nuevo esquema de aseo.