Arranca puja para alcaldes locales en Bogotá

Faltan menos de dos meses para que los alcaldes de las 20 localidades de Bogotá terminen sus períodos. Sin embargo, ya está sobre la mesa la propuesta de que la Alcaldía Mayor los retire anticipadamente de sus cargos. La iniciativa es del concejal Yefer Vega, de Cambio Radical, que le pidió al secretario de Gobierno, Miguel Uribe, que tome la decisión debido a “irregularidades en contratación”. Aunque se trata de una generalización que Vega sólo precisa con un ejemplo de posibles irregularidades en la Alcaldía de San Cristóbal, y además la administración no se ha pronunciado, lo cierto es que estos son días en los que, con presupuestos recién aprobados, las alertas deben estar prendidas en esas instancias.

Cristian González, edil de Rafael Uribe Uribe por el Partido de la U, explica que, aunque las juntas administradoras locales (JAL) ya se posesionaron, sólo pueden sesionar cuando las convoquen, y eso no ha ocurrido, por lo cual no pueden hacer control político a las alcaldías locales para dejar constancias sobre posibles inquietudes: “Desde que comenzó este año los alcaldes siguen con sus funciones normales, y perfectamente pueden contratar, adicionar contratos o inventarse cosas. Es algo que ha ocurrido”.

Valencia recuerda que anteriores administraciones optaron por terminar anticipadamente el período de algunos mandatarios locales mientras se surtía el proceso para escoger a su reemplazos. Dado que se trata de funcionarios de libre nombramiento y remoción, la Alcaldía Mayor tiene la potestad de retirarlos del cargo y nombrar funcionarios de su confianza.

La administración de Enrique Peñalosa no se ha pronunciado sobre este punto. Buscará firmar un convenio con una universidad, como suele hacerse, para que se vincule con la elaboración de las pruebas de quienes aspiren a reemplazar a los actuales mandatarios locales. Se ha conocido que, además, quiere contar con el apoyo de Probogotá y que el alcalde mismo entrevistaría a las ternas de candidatos, que salen de una elección que hace cada JAL.

Son procesos que, a pesar de contar con filtros técnicos, no están exentos de vaivenes políticos, comenzando por que a los concejales les interesa tener a los alcaldes locales como enlaces en sus localidades de influencia. Y no sólo en estas instancias. Una fuente que conoce el devenir de las administraciones en las localidades dice que, dado que las secretarías y cargos claves de esta administración quedaron en su mayoría en manos de personas alejadas del juego político, el interés por mantener cuotas dentro de la administración se concentrará en instituciones del orden local, como las gerencias de los hospitales (que cambian este año) y las subdirecciones locales de integración social.

En lo que a las alcaldías se refiere, el reto de los nuevos mandatarios de las localidades es, además de las obras, recuperar la imagen a través de una gestión transparente. Al menos seis alcaldes elegidos en el cuatrienio anterior están enredados con la justicia, sobre todo por irregularidades en contratación. En conjunto, esas “pequeñas” administraciones manejan un presupuesto de unos $704.000 millones.

Faltan menos de dos meses para que los alcaldes de las 20 localidades de Bogotá terminen sus períodos. Sin embargo, ya está sobre la mesa la propuesta de que la Alcaldía Mayor los retire anticipadamente de sus cargos. La iniciativa es del concejal Yefer Vega, de Cambio Radical, que le pidió al secretario de Gobierno, Miguel Uribe, que tome la decisión debido a “irregularidades en contratación”. Aunque se trata de una generalización que Vega sólo precisa con un ejemplo de posibles irregularidades en la Alcaldía de San Cristóbal, y además la administración no se ha pronunciado, lo cierto es que estos son días en los que, con presupuestos recién aprobados, las alertas deben estar prendidas en esas instancias.

Cristian González, edil de Rafael Uribe Uribe por el Partido de la U, explica que, aunque las juntas administradoras locales (JAL) ya se posesionaron, sólo pueden sesionar cuando las convoquen, y eso no ha ocurrido, por lo cual no pueden hacer control político a las alcaldías locales para dejar constancias sobre posibles inquietudes: “Desde que comenzó este año los alcaldes siguen con sus funciones normales, y perfectamente pueden contratar, adicionar contratos o inventarse cosas. Es algo que ha ocurrido”.

Valencia recuerda que anteriores administraciones optaron por terminar anticipadamente el período de algunos mandatarios locales mientras se surtía el proceso para escoger a su reemplazos. Dado que se trata de funcionarios de libre nombramiento y remoción, la Alcaldía Mayor tiene la potestad de retirarlos del cargo y nombrar funcionarios de su confianza.

La administración de Enrique Peñalosa no se ha pronunciado sobre este punto. Buscará firmar un convenio con una universidad, como suele hacerse, para que se vincule con la elaboración de las pruebas de quienes aspiren a reemplazar a los actuales mandatarios locales. Se ha conocido que, además, quiere contar con el apoyo de Probogotá y que el alcalde mismo entrevistaría a las ternas de candidatos, que salen de una elección que hace cada JAL.

Son procesos que, a pesar de contar con filtros técnicos, no están exentos de vaivenes políticos, comenzando por que a los concejales les interesa tener a los alcaldes locales como enlaces en sus localidades de influencia. Y no sólo en estas instancias. Una fuente que conoce el devenir de las administraciones en las localidades dice que, dado que las secretarías y cargos claves de esta administración quedaron en su mayoría en manos de personas alejadas del juego político, el interés por mantener cuotas dentro de la administración se concentrará en instituciones del orden local, como las gerencias de los hospitales (que cambian este año) y las subdirecciones locales de integración social.

En lo que a las alcaldías se refiere, el reto de los nuevos mandatarios de las localidades es, además de las obras, recuperar la imagen a través de una gestión transparente. Al menos seis alcaldes elegidos en el cuatrienio anterior están enredados con la justicia, sobre todo por irregularidades en contratación. En conjunto, esas “pequeñas” administraciones manejan un presupuesto de unos $704.000 millones.