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Bogotá enfrenta una transformación silenciosa pero profunda en su mercado inmobiliario que podría estar poniendo en jaque el derecho a la vivienda de sus habitantes. Durante un reciente debate de control político, la concejala Quena Ribadeneira (Pacto Histórico)reveló una cifra inquietante: cerca de 4 de cada 10 viviendas que se construyen actualmente en la capital no están pensadas para familias, sino para el modelo de rentas cortas a través de plataformas digitales.
Este fenómeno se produce en un contexto de crisis habitacional aguda. Mientras la oferta se vuelca hacia el turismo y la inversión, más de 223 mil hogares bogotanos enfrentan un déficit de vivienda y el 50% de la población vive en arriendo, destinando casi la mitad de sus salarios a pagar un techo.
Un modelo de negocio frente a un derecho
La concejala fue enfática en aclarar que la discusión no es un ataque al sector turístico, sino un llamado a la regulación necesaria. “Los proyectos de vivienda en Bogotá no pueden limitarse exclusivamente a un modelo de negocio e inversión, mientras miles de familias no tienen dónde vivir. La vivienda es un derecho, no un negocio”, señaló Ribadeneira.
La falta de control ha permitido un crecimiento exponencial. Según las cifras expuestas, la ciudad pasó de registrar 500 alojamientos turísticos en 2015 a más de 8.600 en 2025. Este “boom” sin reglas claras está desplazando a los residentes tradicionales de zonas estratégicas.
Gentrificación y desplazamiento
El impacto en los bolsillos de los ciudadanos ya es tangible. Citando estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, la concejala advirtió que en localidades como Chapinero y Usaquén, donde la oferta de renta corta ya supera el 50% de las viviendas existentes, los precios de los arriendos han escalado hasta un 26%.
Este fenómeno, conocido globalmente como gentrificación, está provocando la sustitución de comunidades enteras y el rompimiento del tejido social en los barrios centrales. Ribadeneira cuestionó la inacción de la administración distrital: “La administración no ha implementado medidas concretas para enfrentar esta problemática, dejando a la ciudad sin herramientas para equilibrar el mercado y proteger a sus habitantes”.
Llamado a la regulación
Finalmente, la cabildante hizo un llamado de urgencia para establecer reglas que protejan el uso residencial y garanticen que Bogotá siga siendo una ciudad para vivir y no solo un tablero de inversión. “Es necesario establecer reglas claras que permitan regular las rentas cortas, proteger la vivienda residencial y garantizar que la ciudad siga siendo un lugar para quienes viven en ella”, concluyó.
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Por Redacción Bogotá
