4 Apr 2020 - 3:00 a. m.

Atención a los migrantes venezolanos, otro reto de la cuarentena en Bogotá

Los desalojos de migrantes de los pagadiarios desnudan el desafío de varios municipios frente a su atención. Los gobernantes deben trabajar en esto y en combatir la discriminación.

Mónica Rivera Rueda @Yomonriver

Las imágenes de venezolanos protestando en la Plaza de Bolívar de Bogotá y los desalojos de los pagadiarios, en la localidad de Los Mártires, son apenas la punta del iceberg de una situación que se venía cocinando desde hace años en varios municipios. La cuarentena, decretada por el Gobierno Nacional, evidenció las verdaderas condiciones en las que viven los migrantes en el país y el reto que representa su atención.

Desde que comenzó el simulacro de aislamiento, que empató con la cuarentena nacional, el principal desafío fue cómo atender a los que no tenían techo, que fuera de los habitantes de calle, involucraba a desplazados, indígenas, familias vulnerables y a los migrantes, quienes, según el censo laboral de población venezolana hecho por el DANE, en un 90 % tienen trabajos informales, es decir, viven de lo que producen día a día.

La preocupación se hizo más evidente la semana pasada, cuando grupos de venezolanos se dirigieron hasta el Palacio Liévano, las alcaldías locales y hasta la Alcaldía de Soacha (en parte motivados por falsos anuncios en redes sociales), para reclamar ayudas para pasar el aislamiento. Las concentraciones se transformaron en protestas y algunas terminaron en saqueos.

Una escena similar se repitió dos días después, cuando cientos de migrantes y colombianos fueron desalojados de los llamados pagadiarios en el centro de la ciudad, pues al no poder trabajar muchos llevaban más de una semana sin pagar. La respuesta inmediata del Distrito fue que ayudaría a solventar algunos arriendos, pero por cuestiones jurídicas, relacionadas en gran parte con que estos establecimientos ni siquiera son legales, no se pudo cumplir la promesa.

La situación, que se venía saliendo de control, llevó a la alcaldesa Claudia López a asegurar que, si bien lo venían haciendo, la atención de los venezolanos no debía ser una tarea exclusiva de la ciudad y que Migración Colombia debía liderar la asistencia a esta población. En respuesta, Francisco Espinosa, director del organismo, indicó que esa era tarea de cada alcaldía y gobernación, pero teniendo en cuenta las circunstancias debían trabajar unidos.

El rifirrafe continuó cuando la mandataria, en la intervención del jueves, resaltó cómo la ciudad ha hecho lo posible por garantizar la atención. “Con generosidad, sin un peso de la nación, por tres años y con impuestos de los bogotanos hemos cubierto salud, escuela y alimentación a los niños, y brindado empleo a familias venezolanas. Pedimos ayuda del Gobierno por la cuarentena y salimos a deber”.

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La declaración, que insistía en un mayor protagonismo de la nación, fue aprovechada por algunos para calificarla de xenófoba. No obstante, este enfrentamiento alrededor de la responsabilidad de la atención de los migrantes no es más que el reflejo de lo que viene sucediendo en todo el país, donde los recursos para apoyar a las poblaciones vulnerables (incluyendo a los venezolanos) en la cuarentena cada día son más escasos.

Independiente del debate, que vale aclarar gira alrededor de garantizar la atención y no en dejarlos desprotegidos, la lección es buscar soluciones. Para Felipe Muñoz, asesor de Presidencia para la crisis migratoria, en estos momentos lo que sí sería discriminatorio sería pensar en brindar una atención diferencial para los venezolanos y los colombianos, dado que todos están en las mismas condiciones y en muchos casos (como se ha evidenciado en los desalojos en Bogotá) esas familias las conforman colombianos o tienen parientes en el país.

Y es que para Muñoz el tema va más a fondo, pues lo que está pasando muestra una situación que desde hace años aflige a varias regiones del país, como Villa del Rosario, donde se ha presentado una emergencia sanitaria por cuenta del aumento de casos de sífilis, o municipios como Pamplona o Maicao, donde los migrantes llegan a ser el 30 % de sus habitantes y, como la mayoría, están en condiciones de vulnerabilidad.

Si bien se podría decir que el tono del pronunciamiento de López no fue acertado, hay otros más polémicos como el de Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, quien aseguró que no dará ningún recurso para ayudar a los migrantes, pues, asegura, generan un problema social. “Sigo parado en mi posición: no voy a direccionar ningún recurso, deme el agua donde me dé, para el tema venezolano, porque mi meta es cumplirles a mis conciudadanos”, dijo a medios locales.

Lo cuestionable, para Martha Márquez, directora del Instituto Pensar de la U. Javeriana, es que la tensión sobre la atención a los migrantes viene desde hace rato. “La única diferencia es que ahora está referida al Gobierno Nacional. La pandemia ha desnudado un problema de pobreza y precariedad de los colombianos y evidentemente de los venezolanos que han llegado a asentarse del rebusque”.

Muñoz asegura que con ayuda internacional se ha logrado conseguir ayudas para los migrantes. De hecho, este fin de semana Acnur y Cooperación Internacional entregarán 25.000 mercados en Bogotá, mientras que la Nación espera dar 200.000 más en 40 municipios priorizados en el país. Asimismo, afirmó que se han focalizado acciones en puntos de alto impacto como Villa del Rosario, Maicao y Soacha, porque a menos de 20 km de Bogotá la situación de los migrantes es mucho más preocupante que en la propia capital, dado que se ven más en la calle.

Si bien, no hay que dejar la atención de los venezolanos, ya que hay más de 1,8 millones en el país, los próximos días serán fundamentales no solo para identificar el subregistro, sino para resolver la forma en que se les dará atención, en medio de la emergencia sanitaria. Para Márquez, todo esto requerirá un fuerte trabajo, en el que debe imperar un propósito: evitar un brote de xenofobia.

“Lo que me temo es que la competencia por recursos se dé. El miedo a la infección los hará reforzar la idea de que el migrante es peligroso y que se vea como una amenaza de seguridad de los municipios o estados, por lo que va a ser necesario un trabajo fuerte para evitar que en un escenario de crisis, así como sale lo bueno salga lo malo”.

 

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