Un proyecto de energía eólica atrasado en La Guajira podría traer millonarias repercusiones al patrimonio del Distrito Capital. Así lo advirtió la Contraloría de Bogotá al confirmar la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de COP 313.276 millones relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, desarrollado por Enel Colombia.
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La investigación es anunciada tras una indagación preliminar que evidenció fallas en el avance y planeación del proyecto energético, en la que Bogotá entra a jugar un rol al ser accionista de ENEL, empresa inversionista en dicha iniciativa. Ya que la capital llega a juntar el 42 % de acciones la empresa a través del Grupo de Energía de Bogotá, los recursos del Distrito estarían comprometidos.
Retrasos en el proyecto
Según el organismo de control, el proyecto no avanzó conforme a lo previsto pese a la ejecución de recursos. Para marzo de 2022, el avance reportado era del 29,6 %, por debajo del 33,7 % esperado, además de registrar retrasos en licenciamientos y sobrecostos que impactaron el cronograma.
La Contraloría señaló que el proyecto fue suspendido indefinidamente en mayo de 2023 sin entrar en operación. De las 41 cimentaciones proyectadas, únicamente se construyeron siete, mientras que los aerogeneradores necesarios para el funcionamiento del parque nunca fueron instalados. Los equipos adquiridos permanecen almacenados y sin uso, por lo que “no se había materializado la finalidad prevista con la inversión efectuada”.
La investigación anunciada por el ente de control busca establecer posibles responsabilidades derivadas de la afectación a recursos públicos distritales. El proceso pretende identificar a quienes intervinieron en la planeación, ejecución y toma de decisiones del proyecto.
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