Uno de los más ambiciosos proyectos de esta administración ha sido el cambio del esquema de salud en la ciudad, en el que se agruparon los 22 hospitales públicos en cuatro subredes, con el fin de ahorrar en costos administrativos y solucionar los problemas de saturación en la atención de tercer nivel y los servicios de urgencias del sector público.
Desde el comienzo, el proyecto recibió múltiples críticas. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tuvo que enfrentar constantes denuncias por la presunta falta de insumos en varios hospital públicos, el inconformismo con el perfil especializado que se le dio a cada centro asistencial y las demoras en la entrada en funcionamiento de la nueva agencia logística, Eagat, a través de la cual se escogerán los proveedores para toda la gran red.
A modo de defensa, el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, señaló que los resultados han sido positivos y se han comenzado a ver en la disminución de los embarazos adolescentes, de los trámites para acceder a la atención y de la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.
Para terciar en la controversia, la Veeduría de Bogotá realizó un balance de los primeros dos años del proceso. En él hay conclusiones como que se han dado grandes pasos en la organización de los servicios y se han reducido los trámites para los pacientes. No obstante, señala que falta trabajar en reducir el tiempo de espera de atención, especialmente en medicina general, interna y odontología, así como hacer ajustes en el aspecto financiero, ya que las cuatro subredes siguen gastando más de lo que reciben.
En el informe, que hace un corte de cuentas al revolcón que vivió la salud en el Distrito, se evaluaron tres pilares: solidez financiera, oferta de servicios y oportunidad de atención, sobre la cual reconoce que el modelo va por buen camino, pero quedan cosas por ajustar.
Solidez financiera
Una de las principales razones del Distrito para cambiar el esquema de salud era hacer un uso eficiente de los recursos. Para ello, se hicieron ajustes en los costos operacionales, unificando los equipos administrativos, lo que daría mayor control de los recursos.
De acuerdo con el informe de la Veeduría, en los últimos dos años cada una de las subredes obtuvo recaudos superiores a $300.000 millones pero, a pesar de ello, todas presentan déficit debido a que adquirieron compromisos que superan su capacidad de pago, aunque no en todas las subredes se presentan las mismas condiciones.
La subred Centro Oriente fue la que obtuvo mejores resultados. Recaudó $353.914 millones y presentó mejoras en la generación de utilidades, con la reducción del 30 % de los gastos operacionales, mientras que la subred Sur fue la que menos recaudó, con un déficit de $74.887 millones. En el caso de la subred Norte, se evidencia eficiencia en la gestión administrativa, rentabilidad y liquidez, mientras que presentó bajos índices en el financiamiento con capital propio, el apalancamiento externo y el grado de endeudamiento.
Por último, en la subred Suroccidente se destaca que tuvo obligaciones a favor, pero disminuyó su grado de financiación externa, “debido a un crecimiento superior del patrimonio respecto a sus pasivos, lo que se atribuye al registro de bienes que antes no se incluían en los estados financieros”.
Además, el ente de control identificó que se han presentado dificultades en la implementación de un modelo de pago con Capital Salud, que en parte se debe a las dificultades de las subredes para generar nuevos ingresos por cuenta de la venta de sus servicios. Por ello, la Veeduría le sugiere a la Secretaría buscar fuentes de financiación mediante convenios con el régimen contributivo, para lo cual necesitan invertir recursos en el fortalecimiento de la prestación de los servicios.
Oferta de servicios
El informe, hecho a partir de la comparación del número de atenciones en diferentes modalidades, entre 2015 y 2017, destaca la disminución en las atenciones de consulta externa, hospitalización, procedimientos quirúrgicos y eventos obstétricos en todas las subredes; esto debido a la caída de la tasa de natalidad en la ciudad y a la reducción del número de afiliados al régimen subsidiado.
Aunque estos factores tienen incidencia, el ente de control destaca que las mejoras en la atención se deben, en gran parte, a que en estos dos años se han mejorado la integración y el traslado de pacientes entre los hospitales de cada subred; la unificación de los sistemas de información, como lo fue la habilitación de la línea única para solicitar citas, y la digitalización de historias clínicas.
Por otro lado, lanzó una alerta a la Secretaría ante el aumento del 4 %, en tres de las cuatro subredes, en la atención de urgencias, ya que esto obedecería a que por medio de este servicio estaría siendo atendida la población que no se encuentra afiliada a un régimen. Así mismo, el informe destaca que en la ciudad el 34 % de los partos son por cesárea, una cifra muy por encima del 10 al 15 % recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Las recomendaciones del ente de control sobre este punto van dirigidas a la persistencia en los casos de inasistencia en todas las modalidades de atención. Para ello, recomiendan a la Secretaría de Salud implementar estrategias para fortalecer el sentido de corresponsabilidad de los usuarios, ya que este fenómeno genera pérdidas de productividad e ingresos asociados. Finalmente, pide analizar la financiación y los programas dirigidos a la atención de venezolanos migrantes, ya que esta sería la población que estaría ingresando al sistema de salud por los servicios de urgencias, por lo que deben tener una atención especial.
Oportunidad de atención
El principal factor para evaluar la atención fue el tiempo de espera, tanto de servicios ambulatorios como de urgencias. Respecto a este punto se identificó un aumento en los tiempos de espera durante 2017, pero, al igual que en el tema financiero, la situación no fue la misma para todas las subredes.
En la que más dificultades de este tipo se presentaron fue la Subred Norte, mientras que en la Sur se alerta de que la prueba de triage que se brinda en el servicio de urgencias supera los 55 minutos.
Por otro lado, el ente de control resalta que con la entrada en operación de los CAPS se ha trasladado a estos la atención de baja complejidad, por lo que pide garantizar la entrega oportuna de los centros restantes.
La alerta apunta a la asignación de citas de medicina general y odontológica, debido a que han aumentado considerablemente los tiempos de espera, por lo que se corre el riesgo de incumplir los estándares establecidos por la normatividad de tres días hábiles para la espera de una cita de este tipo.
Para solucionar este inconveniente, la Veeduría recomienda “implementar un sistema de información integrado o interoperable que facilite la generación de información oportuna y confiable de todo el sistema”.
Asimismo pide garantizar la cantidad de profesionales necesarios en todas las especialidades para mejorar la oportunidad de atención a los pacientes.