El 31 de diciembre de 2008, Juan Pablo Arenas, un joven estudiante de Comunicación Social fue asesinado en inmediaciones del supermercado Carulla de la calle 85 con carrera 15, contiguo a la Clínica El Country. El homicidio generó el repudio de la ciudad y las autoridades, que anunciaron una serie de medidas para controlar la creciente situación de inseguridad en el sector.
Una de éstas fue la expedición del decreto 013 de 2009, que establecía, entre otras cosas, un control más estricto al consumo de licor en espacios públicos, así como a los horarios de funcionamiento de los establecimientos nocturnos.
Durante el primer año de la medida, que llegó a contemplar durante el primer trimestre de 2009 la restricción a la venta de licor en 15 cuadrantes de nueve localidades , la administración visitó 3.558 bares y efectuó cierres en 652. Además, fueron inspeccionados 145 clubes, de los cuales fueron sellados 36.
Asimismo, 700 personas, naturales y jurídicas, recibieron comparendos por incumplir lo estipulado en el decreto y 71 locales comerciales fueron sellados por vender bebidas alcohólicas después de los horarios permitidos.
En su momento, luego de la promulgación de la medida (13 de enero de 2009), muchos calificaron la reacción de la administración como tardía, pues tuvo que haber un muerto, más otros problemas anexos, para que la ciudad ejerciera este tipo de controles.
Por El Espectador
