Tras el atentado con granada ocurrido la noche del 22 de enero en el barrio Santa Fe, que dejó un muerto y 13 personas heridas, la Policía de Bogotá desplegó un nuevo esquema de control en este sector del centro de la ciudad, históricamente marcado por disputas criminales, economías ilegales y una débil presencia de las autoridades.
En contexto: ¿Cobros extorsivos? La hipótesis que toma fuerza tras el atentado en el barrio Santa Fe
Tras los graves hechos de la noche anterior, la respuesta de las autoridades incluye la instalación de dispositivos biométricos y tecnológicos para identificar a las personas que ingresan y salen de la zona, así como el refuerzo de patrullajes y actividades de registro, solicitud de antecedentes y control preventivo. En el despliegue participan unidades de inteligencia, investigación criminal, policía comunitaria y el Gaula, entre otras especialidades.
Según la Policía, la estrategia busca “prestar un mejor servicio a la ciudadanía y anticiparse a nuevos hechos violentos”, tras el ataque que volvió a poner en evidencia cómo el uso de granadas se ha consolidado como un mensaje de intimidación y control en territorios donde confluyen el microtráfico, la explotación sexual, el alquiler de armas y las extorsiones. Sobre la incidencia de este último delito, hay que decir que, aunque los casos disminuyeron notablemente el año pasado (en la localidad de Los Mártires, donde queda el barrio Santa Fe, los casos cayeron un 75%, pasando de 353 en 2024 a 87 en 2025), siguen siendo un lío mayúsculo en el centro y otras partes de la ciudad.
Uno de los puntos más sensibles de la intervención fue el anuncio del cierre preventivo de la llamada zona de tolerancia, una decisión que, si bien apunta a reducir riesgos inmediatos, también revive tensiones entre el control policial y la subsistencia de quienes trabajan en el sector ante la falta de soluciones estructurales.
El caso de Santa Fe no es aislado. Como lo muestran los antecedentes recientes, las granadas han sido utilizadas en distintos puntos de Bogotá como instrumento de castigo, advertencia o retaliación entre bandas criminales. En ese contexto, los controles biométricos aparecen como un intento por recuperar gobernabilidad en un territorio donde, durante años, han operado “fronteras invisibles” y reglas impuestas por estructuras ilegales.
Así, el despliegue policial en Santa Fe se convierte en una prueba clave para medir si la respuesta estatal logra ir más allá del control inmediato y puede afectar de fondo las dinámicas criminales que, como quedó demostrado con el atentado del 22 de enero, siguen utilizando el terror como herramienta para reconfigurar el poder en la ciudad.
Así las cosas, la pregunta de fondo es si los controles biométricos y los cierres preventivos lograrán romper esa lógica o si, una vez se diluya la presión mediática, las circunstancias del barrio Santa Fe seguirán iguales.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
