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La transformación y la garantía del servicio de recolección de basuras en Bogotá entra en una etapa decisiva. Tras la negativa de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de aprobar el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), la ciudad deberá migrar hacia un esquema de libre competencia a partir de febrero de 2026.
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Ante ese panorama, la Procuraduría General de la Nación exhortó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a “diseñar, con carácter urgente, una hoja de ruta conjunta que oriente la transición hacia un modelo de libre competencia en la prestación del servicio de aseo en Bogotá”.
El órgano de control pidió además garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio durante el proceso, y promover la articulación institucional entre el Distrito y la Superservicios. También solicitó la participación activa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para “prevenir posibles prácticas de competencia desleal o abuso de posición dominante”, un riesgo latente en un mercado donde pocos operadores concentran buena parte del negocio del aseo.
La advertencia de la Procuraduría no es nueva. El ente recordó las alertas que ha emitido sobre los “riesgos de exclusión de usuarios vulnerables, fallas operativas y sostenibilidad financiera” que podrían derivarse de una transición improvisada. La entidad instó a las autoridades a adoptar medidas que garanticen la eficiencia y calidad del servicio público de aseo en la capital, especialmente en los sectores periféricos donde históricamente se presentan mayores deficiencias en cobertura y recolección.
El cambio de modelo surge luego de que la CRA encontrara inconsistencias en el plan financiero presentado por el Distrito para las ASE, lo que llevó a no autorizar su implementación. Ante esa decisión, la UAESP anunció que avanzará temporalmente con un esquema de libre competencia mientras ajusta su propuesta para cumplir los requisitos del regulador. Según la entidad, durante la transición no se suspenderá la prestación del servicio en la ciudad.
Pese a esas garantías, la incertidumbre persiste. El paso a un modelo competitivo implica revisar de fondo la manera en que se adjudican las rutas de recolección, se controlan los operadores y se garantiza la sostenibilidad económica del sistema. Los antecedentes no son alentadores: en procesos anteriores, los cambios en el modelo de aseo han estado acompañados de disputas empresariales, descoordinación institucional y afectaciones en la prestación del servicio.
Más allá del nuevo esquema, el debate de fondo es si Bogotá logrará construir un modelo de aseo eficiente, transparente y con enfoque social, o si la libre competencia se convertirá en otro experimento regulatorio que termine reproduciendo viejos errores. La advertencia de la Procuraduría es clara: el tiempo corre, y la improvisación en un servicio esencial podría costarle caro a la ciudad.
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Por Redacción Bogotá
