Bogotá, epicentro de los primeros proyectos de Justicia Restaurativa del Acuerdo de Paz

Granja y teatro desarrollado por firmantes de paz en Usme

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Una granja en la zona rural de Usme podría ser uno de los primeros escenarios para la redención de penas alternativas, como parte de la implementación de la Justicia Restaurativa, tras el Acuerdo de Paz con las Farc. Este y otros tres proyectos hacen parte de las iniciativas comunitarias para la reparación de las víctimas, con las que los comparecientes a la Justicia Especial para la Paz podrían pagar penas de entre cinco y ocho años con trabajo comunitario y reparador.

Estos proyectos están en la categoría de Trabajos, Obras, Actividades con Contenido Reparador (TOAR), de la Justicia Transicional, contemplados en el punto cinco del Acuerdo. De esta manera, si un juez de la JEP determina que un compareciente contribuyó significativamente con la verdad de lo ocurrido en el conflicto, podría acceder a la imposición de las sanciones propias del proceso de paz.

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Estas consisten en la participación en iniciativas para la recuperación de los lazos sociales rotos durante el conflicto, avaladas por las víctimas y los tribunales de paz. Así las cosas, se espera que en octubre, si se asegura la financiación, alrededor de 75 firmantes del Acuerdo de Paz podrían empezar a purgar sus penas en cuatro proyectos construidos entre comparecientes, víctimas, excombatientes y la comunidad en general en Bogotá.

“Ha sido una experiencia bonita, en particular en los encuentros con las víctimas, que tienen una esperanza enorme de que se construya algo sólido en beneficio de la gente más vulnerable. Es una manera de mostrarle a la gente que estamos comprometidos con el proceso de pacificación”, indica Luis Hernando Tangarife, firmante del Acuerdo de Paz de Usme.

“Este paso es el resultado de un trabajo que empezaron hace dos años la Justicia Especial para la Paz (JEP) la OEI y Vivamos Humanos con la Alcaldía de Bogotá, para desarrollar planes pilotos de TOAR, pioneros en la implementación de Justicia Restaurativa en el país. Hoy hay cuatro iniciativas preseleccionadas, las cuales saldrán al mercado a buscar financiación pública y privada para volverlas una realidad. Pero, ¿en qué consisten?

¿Iniciativas para pagar penas?

Como lo asegura el alto consejero para las Víctimas de Bogotá, Vladímir Rodríguez, uno de los principales retos de la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc es que se acepten y comprendan los procesos de justicia restaurativa, ya que en el país ha imperado históricamente un estilo más punitivo.

“Hay que hacer pedagogía sobre la justicia transicional y sus alcances, como la justicia de cierre del conflicto, en clave de reconciliación.Se trata de organizar a Ex combatientes, militares activos y retirados comparecientes, agentes del estado no combatientes, terceros civiles y víctimas”, agrega el alto consejero.

Como parte del proceso, a principios de 2022 se identificaron 20 iniciativas, que podrían ser escenario de penas alternativas. No obstante, las víctimas rechazaron 16 y solo avalaron cuatro, por cumplir criterios reparadores como el fortalecimiento y reconstrucción del tejido social, de los espacios de diálogo entre víctimas y comparecientes, y de la reinserción social de los comparecientes ante la JEP.

“El primero es una escuela agroecológica, con fortalecimiento en huertas urbanas; otro es un proyecto de salud con enfoque de género y transgeneracional; le sigue una escuela de formación en teatro comunitario, que busca establecer una obra común, que reivindique la memoria de lo ocurrido en el conflicto armado, y finalmente una escuela de formación deportiva y el desarrollo de un campeonato de fútbol”, expone Ángela Pedreros, líder del punto 5, Dirección de Paz y Reconciliación del Distrito.

Estos proyectos fueron seleccionados luego de varias fases de la ruta TOAR en Bogotá, en la que se realizaron talleres para la producción y evaluación de las iniciativas. Así, en los últimos meses se realizaron 14 encuentros, entre asociaciones de víctimas, excombatientes, militares retirados y otros actores del conflicto armado, en los que analizaron cada propuesta. No obstante, la tarea no fue sencilla, en especial, como lo relatan algunos asistentes, pues en el proceso se vivieron momentos fuertes en la construcción de la memoria, así como en el reconocimiento de responsabilidades.

Superada esa etapa, los retos son otros. Por ejemplo, para asegurar que los comparecientes paguen en realidad sus penas con trabajo comunitario. Se estableció que estos deberán presentar horarios semanales, que dedicaran a la iniciativa de paz. En el caso de la granja, se ofrecerán sesiones gratis de agricultura a la comunidad y a las víctimas.

“Con el teatro se busca crear retratos con elementos territoriales, y construir memoria, teniendo en cuenta que Usme fue un importante corredor de guerrillas, donde se presentaron varias masacres. Eso fue lo que nos pidieron las víctimas”, manifiesta Albeiro Acevedo, presidente de la Asociación que organiza la TOAR. Cabe señalar que todas estas iniciativas se realizarán en Usme, al albergar el 5 % de las víctimas en la capital y casi el 10 % de los firmantes del Acuerdo de Paz.

El reto de la financiación

Construir paz es caro. En los últimos cuatro años el Gobierno invirtió cerca de $48 billones y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más de 180 millones de dólares en proyectos. No obstante, las organizaciones de víctimas y comparecientes aseguran que deben competir para asegurar algunos recursos para sus iniciativas.

De acuerdo con el Instituto Kroc, que hace seguimiento a procesos de paz en el mundo, la financiación de lo pactado en el proceso de paz sigue siendo el principal reto de la implementación del Acuerdo. De esta manera, este 13 de septiembre la Alcaldía de Bogotá presentará los proyectos a diferentes grupos de cooperación internacional, para gestionar recursos que permitan su continuidad, ya que por ahora solo tienen dinero para los primeros seis meses.

“Los recursos iniciales de los planes pilotos están disponibles en el presupuesto general de la Nación y los dineros existentes del sistema general de regalías de los diferentes departamentos. Sin embargo, la dimensión del proceso de restauración va a requerir ajustes fiscales, que corresponden al Gobierno Nacional”, indica el alto consejero de Víctimas, Vladimir Rodríguez.

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Por ahora, las organizaciones que participan en el proceso aseguran que están a la espera de la financiación para iniciar labores. En esta situación se encuentra, por ejemplo, una asociación en Usme que impulsa un teatro rural, en el cual podrán participar la comunidad y las víctimas.

El proceso que se vivió en Usme generó tanta satisfacción, que la idea es replicarlo en otras localidades de Bogotá. Por esta razón, la Alcaldía de Bogotá buscará también financiación para replicarlo en Kennedy y Ciudad Bolívar, donde ya se asignaron unas partidas iniciales para darles el primer impulso.

La necesidad está respaldada en cifras: En Bogotá hay identificados al menos 600 firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, por lo que asegurar una financiación de las iniciativas de paz será clave en el desarrollo de proyectos con objetivos de reparar el tejido social.

Justicia Restaurativa y Seguridad en Bogotá

Durante el último consejo de seguridad, el presidente Gustavo Petro mencionó el lanzamiento de las TOAR en Bogotá, en relación con las nuevas propuestas de seguridad tanto del Gobierno Nacional como del Distrito. “Hay que cambiar la concepción hacia la Justicia Restaurativa. La JEP es ejemplo grande de esto. No se está pensando en la mayor pena, sino que se restaure a la víctima con la verdad. Esa concepción se puede aplicar en varios delitos de la justicia ordinaria”, aseguró el presidente Petro, tras un consejo de seguridad.

En ese sentido, expertos y funcionarios apuntan a que el éxito de las TOAR podría tener un efecto en el modelo de seguridad de la ciudad y, al menos, dejar una metodología de justicia para aplicar a gran escala en el resto del país. Frente a esto, el Distrito lleva un camino andado, con su modelo de justicia restaurativa para menores infractores, con una reducción importante en la reincidencia de los delitos.

“Esta es la búsqueda de una nueva forma de justicia que, definitivamente, replantea los modelos tradicionales punitivos. Y lo que hemos podido detectar es que cualquier persona puede estar envuelta en una situación de conflicto y solamente a través del diálogo podemos solucionar y dirimir sus diferencias”, dice Ángela Pedreros, coordinadora de proceso de las TOAR en Bogotá.

Por el momento, serán una escuela de fútbol, una granja, un teatro y un proyecto de salud los primeros escenarios de la ambiciosa apuesta de construir paz en el país, y reparar y mejorar las comunidades afectadas por el conflicto. Al menos ese el reto que asume ahora el Distrito, que, sin duda, necesitará de una mano para avanzar.

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