El 2025 quedará en la memoria de Bogotá como un año de señales claras, en el que el debate giró ampliamente en torno a sus fragilidades ambientales y a los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático. Tal vez uno de los desafíos más importantes de la historia de la ciudad en sus 487 años no solo por su dimensión técnica, sino porque pone en juego algo más elemental: la garantía de los servicios y derechos básicos de sus habitantes, al tiempo que se preserva la riqueza ambiental que durante décadas fue un asunto secundario.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
En contexto: ¿Hasta cuándo? Autoridades refuerzan controles contra tráfico ilegal de especies en Bogotá
El racionamiento de agua, los persistentes problemas de calidad del aire y ruido recordaron que la relación entre la ciudad y su entorno natural es frágil. En medio de estas contingencias, la Secretaría de Ambiente cerró el año con una gestión atravesada por la atención de urgencias y por apuestas de más largo aliento orientadas a proteger los ecosistemas que sostienen la vida urbana y los entornos rurales que se enfrentan con la necesidad de expansión hacia la sabana.
Los grandes temas
Uno de los asuntos que más ocupó la agenda pública fue el ruido, una problemática cotidiana que rara vez forma parte de los grandes debates ambientales, pese a su impacto directo en la calidad de vida. Si bien las mediciones indican que cerca del 89 % del ruido ambiental proviene del tráfico vehicular, la percepción ciudadana se concentra en bares y discotecas, responsables de más del 60 % de las denuncias, especialmente en horarios nocturnos, lo que evidencia una brecha persistente entre los datos técnicos y la experiencia diaria de los habitantes. “Hemos enfocado nuestros operativos en las zonas de rumba. El primer factor de incidencia del ruido tiene que ver con el incumplimiento de la normativa por parte de los establecimientos nocturnos, y de allí se desprenden otros problemas, como las riñas y el deterioro de la calidad de vida”, señaló Adriana Soto, secretaria de Ambiente. Durante 2025, la entidad intensificó los operativos en localidades como Chapinero y Usaquén. El balance fue de nueve cierres preventivos a establecimientos que no cumplían con las normas de insonorización. Cinco de ellos levantaron posteriormente el sellamiento tras realizar las adecuaciones exigidas, un resultado que, aunque significativo, deja interrogantes sobre la capacidad de control de esta cartera.
La sombra del racionamiento
El racionamiento, consecuencia de una planeación histórica deficiente que se extendió hasta abril de 2024, dejó una lección clara: la seguridad hídrica no depende únicamente de la gestión del consumo. La protección de los ecosistemas que abastecen los embalses se consolidó como un eje central para enfrentar escenarios de escasez, incluso en territorios fuera del límite urbano. “Durante 2025 avanzamos en la conservación de más de 37 millones de m2 en áreas estratégicas para el abastecimiento de agua de Bogotá, principalmente en Chingaza, Sumapaz y el Sistema Norte”, explicó Soto. Este trabajo se ha desarrollado mediante esquemas de pago por servicios ambientales con más de un centenar de familias campesinas, así como a través de la compra de 52 predios destinados a la restauración. La meta al cierre del cuatrienio es alcanzar los 65 millones de m2 protegidos, con énfasis en la cuenca alta y media del río Bogotá. Sin embargo, este esfuerzo convive con una realidad preocupante: la Contraloría advirtió recientemente que los 29 municipios de la cuenca continúan sin acoger la sentencia del Consejo de Estado de 2014, lo que sigue debilitando la recuperación integral del afluente. Más allá del número de acuerdos firmados, la entidad busca potenciar un aspecto crucial: la veeduría de los acuerdos. Asegurarse que estas acciones inciden en la cantidad y calidad del agua, la reducción de sedimentos y la conservación de la biodiversidad, resulta fundamental.
Cerros, pulmones en restauración
La restauración ecológica dentro de la ciudad también ocupó un lugar central en el balance. Entre 2024 y 2025 se adelantaron procesos en cerca de 11 millones de m2, una cifra que la Secretaría califica como histórica. Más de la mitad de estas intervenciones se concentraron en los cerros orientales, afectados tanto por incendios forestales como por la expansión de especies invasoras. La remoción de especies foráneas permite la reaparición de vegetación nativa y el retorno gradual de fauna asociada. La meta es alcanzar 13 millones de m2 en restauración al finalizar el cuatrienio, en un contexto marcado por presiones persistentes como la urbanización ilegal. De otro lado, teniendo en cuenta que el 70 % del territorio de Bogotá es rural, otra meta para 2026 es contener el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera en ecosistemas sensibles, como el páramo de Sumapaz.
2026: el año bisagra para los lineamientos de la sabana
En marzo, Minambiente publicó los lineamientos para el ordenamiento ambiental que aplicará en Bogotá y 39 municipios de la sabana: se busca garantizar la integridad ecológica, la adaptación al cambio climático y procurar el ordenamiento alrededor del agua. Desde entonces, las tensiones entre autoridades y ambientalistas, e incluso entre Distrito y nación, han marcado el debate. El Distrito señala que la manera en que se concibieron los lineamientos haría más compleja la puesta en marcha de proyectos, como la segunda línea del metro y la PTAR Canoas.
Por su parte, defensores del medio ambiente aseguran que la resolución simplemente impondría requisitos más altos en futuros desarrollos, con lo cual se reducirían impactos en la sabana. Entre esas tensiones se espera que el otro año los lineamientos queden claros y se logre frenar la incontrolada expansión urbana, la protección de humedales y la conexión ecosistémica en puntos claves con la reserva Van der Hammen.
El reto de garantizar el aire limpio en zonas vulnerables
Según el inventario de emisiones más reciente, la concentración de cargas de material particulado fino (PM2.5) está asociada a vías sin pavimentar, transporte de carga y actividad industrial. Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Tunjuelito son puntos críticos. De la mano, la infracción de tránsito que más se aplicó fue la C-35, que sanciona la no revisión técnico-mecánica, con más de 31.000 comparendos. El dato sugiere que, además de fallas en la malla vial, el aumento de carros y los controles laxos perpetúan el problema. La siembra de árboles, la pavimentación de puntos claves y el fortalecimiento de huertas y bosques urbanos buscan mitigar el PM2.5 y reducir las islas de calor. A esto se suma la apuesta del Fondo de Renovación de Carga (Foncarga), que reemplaza camiones obsoletos por vehículos de cero o bajas emisiones. Los primeros entrarán en operación a comienzos de 2026, con una meta de 195 al cierre del cuatrienio.
Con 2.430 procesos administrativos iniciados durante el año y 304 culminados con sanciones que suman COP 1.569 millones, el balance deja una sensación incómoda: la sanción sigue siendo una herramienta necesaria, pero insuficiente. El desafío de fondo no está en aumentar las multas, sino en lograr que algún día dejen de ser indispensables. No obstante, mientras el cumplimiento de la norma y el respeto por el medio ambiente continúen siendo la excepción y no una práctica generalizada, la capital seguirá reaccionando a la crisis, atrapada en un ciclo donde la corrección llega siempre después del daño. Un círculo que la cartera de Ambiente tiene el reto de romper en 2026.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
