Bogotá: Personería alertó sobre “posibles gobernanzas criminales” en estaciones de Policía
El ente de control indicó que en estaciones de Policía y URI se estarían presentando casos de extorsión y amenazas contra aquellos colaboran con la justicia. En sentido, destacó el caso de un detenido amenazado por contribuir con la justicia frente al esclarecimiento de la muerte de Juan Sebastián Arismendi, 26 años, en la estación de policía de Suba.
Amenazas a detenidos que colaboran con la justicia, extorsiones, agresiones, obstaculización de las labores de servidores públicos, ente otros, son algunos de los elementos denunciados por la Personería de Bogotá en estaciones de Policía y Unidades de Reacción inmediata (URI) de la ciudad, en donde se estarían consolidando “posibles gobernanzas criminales”.
De acuerdo con el ente de control, en el último año se han recibido 66 casos de amenazas contra la vida e integridad física, agresiones físicas y extorsiones contra población privada de la libertad, personal custodio o las familias de los internos.
En contexto: En cifras, el hacinamiento en las estaciones de Policía de Bogotá no cede
Además de esto, la Personería indicó algunos privados de la libertad impidieron una visita reciente del ente de control, con amenazas en contra de funcionarios del Distrito.
“Estas posibles gobernanzas criminales, se vienen posicionando en las estaciones de policía como Bosa donde se han recibido cuatro denuncias, Kennedy con tres, Ciudad Bolívar con dos; y Santa Fe, Rafael Uribe, al igual que Fontibón con una denuncia cada una”, indicó Michael Guerrero, personero delegado para la protección y Derechos Humanos.
En ese sentido, el ente de control denunció amenazas en contra de un detenido por contribuir con la justicia frente al esclarecimiento de la muerte de Juan Sebastián Arismendi, 26 años, en la estación de policía de Suba. Además, también destacó el caso de un privado de libertad que resultó herido con un arma blanca en un glúteo por no pagar una extorsión en una estación de Policía.
En contexto: Caso Juan Sebastián Arismendi: familiares señalan que Policía encubre a culpables
Esta situación se suma al alto nivel de hacinamiento en las estaciones de Policía y URI, que, según cifras de la Personería, cuya ocupación que supera el 256 % en la capital del país.
En sentido, recientemente la Procuraduría, como parte del informe de la visita, indicó que la mayoría de los detenidos en estos puntos duermen en lugares improvisados con colchonetas, hamacas u otros artículos, y reiteró que se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares.
“El acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en que usan a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”, indicó la Procuraduría.
Finalmente, el organismo de control indicó una importante falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, que están, asegura, en exposición constante a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además, la Procuraduría asegura que estos últimos están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Amenazas a detenidos que colaboran con la justicia, extorsiones, agresiones, obstaculización de las labores de servidores públicos, ente otros, son algunos de los elementos denunciados por la Personería de Bogotá en estaciones de Policía y Unidades de Reacción inmediata (URI) de la ciudad, en donde se estarían consolidando “posibles gobernanzas criminales”.
De acuerdo con el ente de control, en el último año se han recibido 66 casos de amenazas contra la vida e integridad física, agresiones físicas y extorsiones contra población privada de la libertad, personal custodio o las familias de los internos.
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Además de esto, la Personería indicó algunos privados de la libertad impidieron una visita reciente del ente de control, con amenazas en contra de funcionarios del Distrito.
“Estas posibles gobernanzas criminales, se vienen posicionando en las estaciones de policía como Bosa donde se han recibido cuatro denuncias, Kennedy con tres, Ciudad Bolívar con dos; y Santa Fe, Rafael Uribe, al igual que Fontibón con una denuncia cada una”, indicó Michael Guerrero, personero delegado para la protección y Derechos Humanos.
En ese sentido, el ente de control denunció amenazas en contra de un detenido por contribuir con la justicia frente al esclarecimiento de la muerte de Juan Sebastián Arismendi, 26 años, en la estación de policía de Suba. Además, también destacó el caso de un privado de libertad que resultó herido con un arma blanca en un glúteo por no pagar una extorsión en una estación de Policía.
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Esta situación se suma al alto nivel de hacinamiento en las estaciones de Policía y URI, que, según cifras de la Personería, cuya ocupación que supera el 256 % en la capital del país.
En sentido, recientemente la Procuraduría, como parte del informe de la visita, indicó que la mayoría de los detenidos en estos puntos duermen en lugares improvisados con colchonetas, hamacas u otros artículos, y reiteró que se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares.
“El acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en que usan a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”, indicó la Procuraduría.
Finalmente, el organismo de control indicó una importante falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, que están, asegura, en exposición constante a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además, la Procuraduría asegura que estos últimos están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias.
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