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Como resultado de la cruenta guerra en el Catatumbo, Bogotá se ha convertido en un receptor de familias desplazadas por el conflicto armado. Desde que comenzó el año, la ciudad ha recibido un 30 % más de víctimas del conflicto, por lo cual, el último grupo de personas llegó durante la noche del 14 de abril.
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Se trata de un conjunto de 93 familias que, según la información suministrada por la Consejería de Víctimas, habían sido trasladadas inicialmente a un predio en la vereda Las Pavitas, municipio de Puerto Boyacá. Sin embargo, ese lugar no reunía las condiciones de protección necesaria, por lo cual estas familias estaban presentando un alto nivel de riesgos asociados a su permanencia en dicho predio.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Distrito materializó un acuerdo con la Unidad para las Víctimas, mediante el cual la ciudad asumirá conjuntamente las medidas en el marco de la inmediatez a la población que arriba a la ciudad, mientras se da el proceso de reubicación definitivo por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Adicionalmente, el Distrito anunció que, en el marco de este acuerdo, trabajará coordinadamente con entidades del orden nacional para garantizar el traslado y medidas inmediatas de alimentación a estas familias.
Bajo esta misma línea, la fuerza institucional del Distrito asumirá la provisión de alojamiento temporal, así como el acceso a servicios de salud, educación, integración social, acompañamiento psicosocial, orientación jurídica a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local, y caracterización socioeconómica para las familias que decidan permanecer en la ciudad.
No obstante, a pesar de la firma del acuerdo, las autoridades de la ciudad advirtieron que la capacidad para albergar y proteger a estas familias se encuentra al borde del colapso debido al aumento de arribos a la ciudad. Solo en enero de 2025, y como consecuencia directa del contexto en el Catatumbo, Bogotá recibió un 30 % más de personas en situación de desplazamiento forzado en comparación con años anteriores, lo que ha exigido un fortalecimiento de la respuesta institucional del Distrito.
En respuesta, a través de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, se ha entregado apoyos de arriendo y bonos de alimentación a 1.699 personas y se ha proporcionado alojamiento temporal a 317, multiplicando por cuatro su capacidad ordinaria en materia de albergue.
Por esta razón, el Distrito recalcó la petición a la Unidad para las Víctimas para que asuma el alojamiento de la población Emberá que está a la espera de un proceso de reubicación desde septiembre de 2023 y actualmente lleva más de seis meses en albergues del Distrito.
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Por Redacción Bogotá
