Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 15 % de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Solo en Bogotá, según la Secretaría de Planeación, hay 458.088 personas con discapacidades física, visual, cognitiva, auditiva o múltiple. Una de las luchas históricas de este grupo apunta a lograr su independencia y autonomía.
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Esto haciendo frente al capacitismo, término que explica la investigadora australiana Fiona Kumari Campbell como un discurso social que devalúa a las personas con discapacidad. Realidad que siguen enfrentando en el día a día los integrantes de esta población, que se encuentran con barreras no solo culturales, sino de inclusión.
Diana Bolívar es una profesional en trabajo social que tiene discapacidad visual adquirida. De acuerdo con esta bogotana, que vive en el barrio José Antonio Galán, en la localidad de Bosa, uno de sus principales problemas es el estado de las aceras:
“En la zona donde vivo hay una falla grandísima con los andenes. Están en estado crítico. No son nada accesibles para que una se pueda desplazar. A esto hay que sumarle que no hay cultura ciudadana: parquean carros, motos, bicicletas en los andenes y, adicionalmente, están los vendedores informales que también están ocupando nuestra vía. Esto afecta nuestra libre movilidad”, comenta Bolívar.
Punto en el que concuerda Alcibíades Serrato, presidente de la Asociación Colombiana de Personas con Discapacidad Física (Acopidefi). Él señala que la capital tiene un reto enorme para garantizar la accesibilidad y más porque es una ciudad modelo en el país: “Todo lo que se haga en Bogotá va a terminar replicándose en otras latitudes. Es importante que se trabaje arduamente para lograr una inclusión real”.
Y agrega: “Si bien en la capital se ha avanzado, hay estructuras que no cumplen con las condiciones necesarias para facilitar el acceso de quienes se desplazan en sillas de ruedas. En algunos casos los ajustes se hacen por cumplir exigencias y las rampas no tienen la inclinación necesaria para que una persona pueda subir de manera independiente”, asevera.
Cabe señalar que el progreso, del cual hace alusión, es la instalación de baldosas podotáctiles en algunas vías de la ciudad, señalización que se siente al caminar y sirve de guía para personas ciegas o con baja visión. Adicionalmente, según cifras de la Secretaría de Movilidad, se cuenta con 2.640 semáforos sonoros, que funcionan en 369 intersecciones de las más de 1.340 que hay en la ciudad, y con paraderos que tienen los números de las rutas en braille.
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Aspecto que favorece su movilidad individual, según explica el experto en temas de inclusión en Latinoamérica Eduardo Frontado Sánchez: “Es necesario que se facilite el acceso con tanta frecuencia que deje de ser un problema. Las personas con habilidades distintas no necesitamos tratos diferenciales, ni ser infantilizados. El enfoque asistencial que perduró por años debe evolucionar y permitir que seamos nosotros mismos quienes nos enfrentemos a los retos diarios como todos lo hacen”.
Sin embargo, la apuesta por realizar los ajustes necesarios también se ha adelantado en el Congreso de la República. En el pasado mes de julio se aprobó la creación de la Ley 2265 y la 2266, con el objetivo de priorizar la autonomía e independencia de quienes tienen problemas visuales.
En la primera se ordena que “se debe adoptar el sistema de lectoescritura braille en los empaques de los productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público”. Logro que celebran y catalogan como histórico desde el Instituto Nacional para Ciegos (INCI).
“Es un momento fundamental para la población ciega y con baja visión del país. Estas leyes facilitan el acceso a la información y la no dependencia de terceros. Estamos orgullosos de haber participado del proceso de formulación de estas leyes, que beneficiarán a dos millones de personas con discapacidad visual que hay en el país”, expone Carlos Parra Dussan, director general del INCI.
Sumado a ello, en la Ley 2266 se dispone que las EPS deben “garantizar el acceso al bastón blanco, como un elemento esencial para la salud y bienestar integral de la comunidad ciega”. Esto de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.
Avances que mejorarán las condiciones de vida de los más de 200.000 bogotanos que, según el INCI, tienen problemas visuales y utilizan el braille como sistema de lectoescritura táctil. Una de las autoridades encargadas de dar seguimiento a la implementación de estas leyes será la Superintendencia de Industria y Comercio, que contó cómo se hará.
Afirmaron que “la supervisión del cumplimiento estará a cargo de las instituciones con competencias de inspección, vigilancia y control en cada caso, según sea la naturaleza de los bienes y servicios, cuya información se hará accesible para la población con discapacidad visual”.
Cabe mencionar, además, que en la transitoriedad de la ley, de acuerdo con el artículo 16 de la misma, se dejó por escrito que las disposiciones establecidas regirán a partir del 1 de julio de 2027. Eso quiere decir que las empresas tendrán cerca de cinco años para realizar los ajustes necesarios y cumplir con las exigencias.
Mientras esto sucede, tanto Diana Bolívar como los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos seguirán insistiendo en la necesidad de pensar en enfoques que garanticen el respeto y el acceso de la población con discapacidad.
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