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Los cables eléctricos son parte del paisaje en Bogotá. Se entretejen como una telaraña. En algunas zonas, incluso, están muy cerca de fachadas o techos. Sin embargo, más allá de lo estético, hay un asunto que suscita preocupación: las consecuencias del incumplimiento de lo que ha establecido el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el desconocimiento de las reglas para construir a una distancia autorizada, lo cual ya ha cobrado vidas.
Según Codensa, hay casi 90.000 predios cerca de transformadores de alto voltaje o cables de alta tensión, condiciones que incrementan el riesgo de accidentalidad. A esto se pueden agregar las construcciones ilegales, que no cumplen el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie). De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, en la ciudad hay 146 barrios informales, los cuales carecen de permisos de construcción y desconocen las distancias permitidas para edificar cerca de instalaciones eléctricas.
Como consecuencia de la suma de estos factores se obtiene parte de las estadísticas de lesiones y muertes en accidentes eléctricos. Según cifras de Medicina Legal, el año pasado se registraron en el país 223 muertes, cuatro casos menos que en 2016, cuando se reportaron 227. Por su parte, según el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, este año se han registran 11 incidentes, la mayoría sin consecuencias fatales.
Ante el panorama, vale la pena preguntarse cuál es el estado del cableado eléctrico en la ciudad y qué condiciones de seguridad tienen aquellos que desarrollan actividades cerca del sistema.
Casos mortales
Los cables colgando, que no cumplen la distancia reglamentaria o que no son atendidos a tiempo por la empresa encargada de suministrar energía han sido causa de varios casos mortales. Uno de ellos fue el de una menor de 16 años que, en diciembre de 2016, se electrocutó con unos cables que colgaban encima de la terraza de su casa, ubicada en Suba. Aunque la vivienda no cumplía con la distancia reglamentaria, familiares advirtieron que llevaban más de 30 años conviviendo con esta situación y que Codensa no actuó con diligencia.
En febrero de este año, en la calle 80 con avenida Rojas, un cable de energía tendido en el suelo causó la muerte de un trabajador de la empresa de aseo Bogotá Limpia. Vecinos dijeron que habían denunciado la situación con anterioridad.
El caso más reciente sucedió hace dos meses, cuando dos obreros que se disponían a pintar la fachada de un establecimiento en el sector de Morato fueron víctimas de la electricidad. En este caso, el andamio hizo contacto con los cables de media tensión y la descarga acabó con la vida de uno de los empleados. El otro resultó herido.
En este y otros casos hay un factor común: la distancia a la que estaban ubicadas las viviendas y el estado de los cables. Al revisar datos de Medicina legal, en promedio se registran en el país entre 200 y 240 muertes de este tipo, cifra que se ha mantenido a pesar de que desde 2004 el Ministerio de Minas y Energía publicó el Retie, para minimizar o eliminar los riesgos de origen eléctrico.
Según la norma, las construcciones deben estar ubicadas a una distancia horizontal de muros, balcones, ventanas y voladizos de 2,5 metros (cables de alta tensión) y 2,3 metros (media y alta tensión). Asimismo, la distancia vertical sobre o debajo de balcones o techos debe ser de 4,1 metros (media y baja tensión) y de un metro (muy baja tensión).
Sin embargo, en un recorrido por la ciudad se puede evidenciar que en más de un barrio popular esta distancia no se respeta. Hay construcciones ubicadas a un metro de distancia de los postes de luz, otras a menos de 50 centímetros y en ocasiones los cables están tan cerca que no permiten que las personas abran las ventanas.
Tampoco cumplen el POT
Lo que llama la atención es que, a pesar de que el problema no es nuevo, las medidas no han sido efectivas. Desde el 2000, cuando entró en vigor el POT que hoy sigue vigente, se fijó como una posible solución la de subterranizar los cables de la ciudad, para garantizar “la seguridad de la prestación del servicio y, de acuerdo con las normas técnicas, evitar riesgos para la vida, la salud y tranquilidad de la comunidad”.
Dicha norma establece que para este año las empresas de servicios públicos debían contar con el 35 % de las redes bajo el suelo, a excepción de las de alta tensión. No obstante, la meta parece estar muy lejos de alcanzarse.
Aunque Condensa manifiesta que de los 22.645 kilómetros de redes eléctricas que cubren Bogotá, 8.355 kilómetros son subterráneas (36,90 %), para la Secretaría de Planeación eso no es suficiente. Según el POT, la soterrización se establece en términos de kilómetros de vía, y en el caso de Bogotá, sólo 800 kilómetros de los 6.000 que tiene la ciudad cuentan con cables subterranizados, es decir, apenas el 13 %.
Todo esto, sumado a la informalidad en el sector de la construcción y al desconocimiento de la norma, hace que cada año se presenten incidentes. Laura Camelo, especialista en seguridad industrial y salud ocupacional, aseguró que “muchas empresas buscan el modo de evadir ese tipo de normas y, como consecuencia, aparecen las tragedias”.
Para Pedro Roldán, experto en construcción, en Bogotá es frecuente encontrarse con cables y postes mal ubicados. “Cuando hay construcciones nuevas se arregla el cableado, pero el problema está en los barrios subnormales, en donde el Distrito es cómplice, porque no hace que se cumpla la reglamentación”, señaló.
El tema ya se mencionó en el Concejo, donde el cabildante Jorge Torres, del Partido Verde, advirtió que “ninguna de las empresas de servicios públicos se compromete con soterrar los cables. Hasta el momento, no hay un avance real”. Más allá de este reproche, a la fecha no se conoce una iniciativa que ponga en cintura a los encargados de esta tarea.
Hoy, que la ciudad está ad portas de debatir un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, en el que se definirá su rumbo urbanístico, hay una nueva oportunidad para encontrar una verdadera solución que acabe con el riesgo que implican los cables eléctricos.